El Gobierno Nacional hizo oficial la finalización del vínculo entre la administración pública y las instituciones universitarias. Así fue publicado en el Boletín Oficial bajo el Decreto 336/2016 este jueves 11 de febrero.
«Los convenios celebrados entre los organismos dependientes de la administración pública nacional centralizada y descentralizada y universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública, ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada hasta el 29 de febrero de 2016 por los señores ministros, secretarios de la Presidencia de la Nación o los titulares de los entes descentralizados, quedan sin efecto a partir del 1° de abril», manifiesta la publicación. Además, «el requerimiento de continuidad o, en su caso, la firma de un nuevo convenio deberá ser solicitado… ante el Jefe de Gabinete de Ministros, detallando las características del programa y fundamentando su necesidad y razonabilidad».
A raíz de esta decisión, se dispuso la creación (bajo el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación) del Registro de Convenios del Estado Nacional con las Universidades y otras entidades educativas con el objetivo de que cuando se ponga en marcha la implementación de esta entidad «las jurisdicciones remitirán la información correspondiente con la frecuencia y en la forma que lo determine», que al mismo tiempo agrega que «las jurisdicciones deberán informar, con la frecuencia y en la forma que establezca dicho Ministerio, sobre los programas correspondientes, recursos humanos asignados por las universidades en los convenios respectivos, altas y bajas, y erogaciones a que dichos convenios dieran lugar». Es decir, es un borrón y cuenta nueva de las instituciones educativas acerca de la solicitud de prestaciones y recursos para con el Estado Nacional.
Otro aspecto detallado en la normativa es el concerniente al «requerimiento de servicios personales o servicios de capacitación a prestarse por intermedio de recursos humanos de las universidades» que «con carácter previo a su suscripción deberá darse intervención al Ministerio de Modernización», que se encuentra bajo la responsabilidad de Andrés Ibarra.
Finalmente, este nuevo decreto presidencial (y van…) confirma la auditoría sobre «las liquidaciones de haberes del personal efectuadas en el ámbito de la administración pública nacional centralizada y descentralizada, correspondiente a los conceptos liquidades por cualquier causa que tuviere su origen en la relación de empleo durante los últimos cuatro meses del año 2015», es decir, que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) realice una investigación exhaustiva sobre la indiscriminada cantidad de nombramientos en la administración pública del saliente gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sobre el final de su mandato. Además, el texto concluye que «a partir del 1° de marzo de 2016 los Ministerios, Secretarías de Presidencia y organismos de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada no podrán efectuar nuevas contrataciones de personal por tiempo determinado de conformidad con el artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley N° 25.164, el Decreto 2345/08 o cualquier otra modalidad contractual a plazo determinado prevista en la Ley de Contrato de Trabajo o estatutos especiales, sin la previa intervención del Ministerio de Modernización, en base a solicitud debidamente fundamentada por la autoridad superior de la jurisdicción requirente».
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