Mediante un comunicado de prensa emitido por el mediador en las negociaciones entre el Estado argentino y los holdouts que no entraron en el canje de deuda realizado por el por entonces presidente Néstor Kirchner, se anunciaron nuevos acuerdos para el pago a tenedores de deuda por un monto de 190 millones de dólares.

Este acuerdo fue publicado por Daniel Pollack, quien fuera designado por el juez Thomas Griesa para llevar adelante las gestiones para que los denominados “fondos buitre” reciban el dinero correspondiente a la especulación económica por sobre el país.

Al respecto, las compañías que lograron este principio de compromiso por parte del gobierno que encabeza Mauricio Macri son BN Paribas (por un valor cercano a los 52 millones de dólares), OMG Boston (119 millones), Carlo Regazzoni (1,7), Elazar Romano (11,3), Grazia Valenti (172.000 dólares), Societa Ymus (375.000) y Tomaso Zappoli Thyrion (5,2 millones de dólares estadounidenses).

“Estoy muy contento de informar que la República de Argentina continúa para llegar a acuerdos en principio con los tenedores de bonos, tanto grandes como pequeñas, la tenencia de bonos argentinos en default”, manifestó Pollack en el comunicado, a la vez que consideró “alentadores” las gestiones para continuar con las negociaciones para el resto de los holdouts, siempre y cuando se deroguen en el Congreso las leyes de Pago Soberano y de Cerrojo.

Por su parte, desde la Organización de las Naciones Unidas creen que “la oferta argentina de pagar $ 4.650 millones a los fondos de alto riesgo titulares de bonos impagados hace 14 años aumentará el riesgo moral y alentará litigios disruptivos de los acreedores hold out en todo el mundo”, según manifiesta un comunicado publicado por el organismo internacional por este tema.

Además, el texto expresa que “ese monto corresponde solo a una parte del 7,7% de la deuda no reestructurada que Argentina dejó de pagar a finales de 2001. El país ha estado bajo una gran presión financiera para alcanzar un acuerdo con fondos de inversión holdout que habían comprado la deuda de Argentina en el mercado secundario con un gran descuento y que probablemente se obtengan enormes ganancias”. Y va más allá, ya que el comunicado prevé que “un acuerdo validaría el tipo de litigios predatorios que han aumentado durante la última década. Estos acuerdos dificultarán la solución de las crisis de la deuda de una manera justa, oportuna y eficiente, alentando y recompensando el comportamiento de aquellos que se niegan a participar en los esfuerzos de reestructuración de la deuda. Estas no son buenas noticias para los intentos de resolver la crisis de la deuda en forma oportuna y de una manera sensible a los derechos humanos”.

“El mensaje de un acuerdo sería que conviene negarse a participar en los procesos de reestructuración de deuda a través de la retención de la deuda pública de un Estado insolvente. Alentar este tipo de comportamiento va en detrimento de muchas personas en los países afectados por las crisis de deuda. La propuesta de acuerdo extrajudicial, tras muchos años de litigio, confirma la necesidad de establecer mecanismos de reestructuración de la deuda más previsibles y eficaces a nivel internacional para resolver controversias de deuda en forma oportuna”, asegura el comunicado de la ONU.

Finalmente, sobre el anuncio del Gobierno argentino de solicitar nueva deuda para afrontar los pagos antes mencionados, la ONU es concluyente al respecto: “Emitir nueva deuda que supere ciertos límites de prudencia, en aras de una visión absolutista del principio ‘pacta sunt servanda’, o para reducir un déficit fiscal crónico, no solo afectarían negativamente al entorno económico necesario para la plena realización de los derechos económicos y sociales, sino que probablemente también exacerbaría la desigualdad económica y crearía las condiciones para una futura inestabilidad financiera”.

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