Inmigrantes bajo la lupa

Con la publicación este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional pone en agenda la inmigración en nuestro país y, simultáneamente con la política del presidente Donald Trump de deportación y negación de estadía en Estados Unidos a extranjeros de al menos siete nacionalidades, juega una peligrosa carta en el inconsciente colectivo al no aclararse de manera puntual en sus comunicaciones que se trata pura y exclusivamente de personas que hayan cometido delitos y, en segunda instancia y como consecuencia de la ilegalidad, de personas que no hayan nacido en el territorio nacional.
En relación a la mencionada responsabilidad del Gobierno (como medios y comunicadores) de evitar la estigmatización de los migrantes, la Ministra de Seguridad se manifestó de la siguiente manera: «Acá vienen ciudadanos paraguayos o peruanos que se terminan matando por el control de la droga. La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país», alertó Patricia Bullrich.

«Una regresión para los derechos de los migrantes»

De esta manera, y con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que lleva la rúbrica del presidente de la Nación, Mauricio Macri, Argentina se enfoca en la ley migratoria que, según datos estadísticos publicados en el documento, los presos extranjeros por delitos vinculados al narcotráfico representan el 33% del total de la población carcelaria, es decir, un tercio de las personas privadas de su libertad en el país son de otras nacionalidades. Por su parte, el Servicio Penitenciario Federal difundió un informe que difiere de la apreciación personal de la Ministra de Seguridad e indica que solamente el 6% de los detenidos en el país son extranjeros (cerca de 4.000, de los cuales casi un cuarto son paraguayos, de los aproximadamente 70.000 presidiarios).
Al respecto de esta problemática a la que el Centro de Estudios Legales y Sociales definió en un comunicado como «una regresión para los derechos de las personas migrantes», el Estado pretende profundizar sobre las leyes migratorias para incluir «las causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en territorio nacional», que tiene su explicación en «severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a 7 años de tramitación». Adenás, en el texto se anuncia la implementación inmediata para quienes «hayan entrado de forma clandestina en el país, eludiendo el control migratorio».

Endurecer la ley existente

En cuanto a los cambios por sobre la Ley Migratoria, se crearon categorías que van desde residentes «permanentes», «temporarios» y «transitorios». Mientras se realicen los trámites correspondientes se puede obtener la «residencia precaria» que tendrá su fecha de validez por hasta 90 días corridos y con posibilidad de renovación.
Asimismo, en relación a los motivos para impedir el ingreso al país o negar la permanencia en estas tierras, se detalla que «haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no firme» donde fuere, según las leyes argentinas, además de penar la presentación de documentación falsa «para obtener beneficios migratorios» y pruebas de haber sido parte en hechos de corrupción, se condenará la participación en «actos de gobierno o de otro tipo» que estén relacionados a genocidio, crímenes de guerra, terrorismo o delitos de lesahumanidad.
De todas maneras, se aclara como excepción que se admitirán inmigrantes en el país «únicamente por razones humanitarias, de reunificación familiar o de auxilio eficaz a la justicia» y, en el caso que lo amerite, actos delictivos que para la Justicia argentina no superen los 3 años de prisión.
Finalmente, el decreto confirma la anulación de la residencia en casos en que esta se obtenga de manera fraudulenta, con adulteración de documentos o si se omitieron u ocultaron datos penales.