Fue un relanzamiento de campaña con fuerza, con un tema y en un lugar que al kirchnerismo lo provoca. El tema de la corrupción en pleno Puerto Madero frente a la denominada “La Rosadita”, la financiera SGI de Federico Elaskar, fueron los temas que la fórmula bonaerense del Frente Progresista Cívico y Social eligió para reanudar la campaña con la mirada puesta en octubre.
Margarita Stolbizer, primera candidata a diputada, lo dejó en claro de entrada al señalar que estaban en ese lugar porque “Puerto Madero es un ícono de la década menemista, terminó siendo la meca del poder kirchnerista y, los mismos que se apropiaron de las banderas históricas del peronismo, se apropiaron de las cocheras y edificios de Puerto Madero”.
En ese lugar, la fórmula de centroizquierda presentó el “Informe Negro sobre la corrupción K” y el “Informe Blanco” con las propuestas sobre transparencia.
Respecto de la corrupción, Stolbizer calificó a la historia de la corrupción como “terriblemente negra” porque cuesta vidas. La candidata señaló que la misma causa víctimas, como ocurrió en la tragedia de Once y que los subsidios deberían usarse para mejorar el servicio y, sin embargo, “los ferrocarriles han cobrado muchísimas vidas”.
Además, dijo que también es negro el libro porque la corrupción afecta el crecimiento y el desarrollo, “condiciona la pobreza” y, por tal motivo, “hay que erradicar la corrupción», expresó la titular del GEN. La “definición a favor de los sectores más desprotegidos tiene que ver con erradicar definitivamente la corrupción”, sentenció.
Otro de los aspectos donde apuntó sus críticas fue que se haya instalado en estos años “la cultura del ocultamiento, del secreto”. Y agregó: “Los funcionarios en vez de dar explicaciones sobre lo que hacen, se niegan, mienten, se ocultan”, afirmó Stolbizer y expresó que “ahora se ha empezado con la denuncia de desestabilización y la descalificación”.
Finalmente, la candidata señaló: “Así como se hizo un juicio y hubo un Nunca Más, hay que investigar los delitos de corrupción porque hay que condenar a los culpables y no generalizar a toda la clase política. Hay que investigar todos los casos de corrupción kirchnerista de los que habla este libro y no hacer una raya con el pasado”, en relación a una auto amnistía, expresó Stolbizer. “Así podremos mirar de cara al futuro” y no confundirse, “la corrupción del kirchnerismo no empezó en el 2003, sino que trasladó al gobierno nacional las prácticas políticas que tenía en Santa Cruz”, afirmó Stolbizer.
Por su parte, el diputado radical Ricardo Alfonsín se dedicó a la parte propositiva, aunque dejó bien en claro que las propuestas de leyes que se mencionan en el “Informe Blanco” están en el Congreso pero no se tratan por la oposición del oficialismo.
“No se trata solo de reclamar y pedirle al gobierno más transparencia y más respeto por las instituciones”, expresó Alfonsín. Se trata de aprobar medidas en el parlamento que “complicarían bastante la vida a los corruptos» y aclaró que estas prácticas involucran a funcionarios que tientan a empresarios y de estos últimos que aceptan “propuestas indecentes de estos funcionarios”.
Alfonsín señaló que se han presentado muchas propuestas en ese sentido y que “todas tienen por lo menos dos años de antigüedad” y que hubo que volver a presentarlas antes de que perdieran estado parlamentario “porque el oficialismo no las quería tratar”. Al respecto, salió al cruce de versiones y aclaró que “tanto el bloque del GEN, el FAP y la UCR han presentado estas iniciativas”.
Entre los proyectos presentados nombró una norma que modificaría el funcionamiento de la Auditoria General de la Nación (AGN), “que debe controlar al gobierno para que no cometa irregularidades pero que tiene menos competencias de las que debería” y propuso juicios por jurados contra la corrupción, además de darle a las ONG que investigan estos delitos la posibilidad de presentarse como querellantes.
Alfonsín hizo hincapié en la “ley de acceso a la información y gobierno abierto, que la tenemos demorada y no la quieren aprobar. Esto debería darles tranquilidad a los funcionarios y gobernantes”, expresó el diputado radical.
Otro objetivo del candidato fueron dos leyes que el kirchnerismo defendió su sanción: la ley de blanqueo de capitales y la reforma del Consejo de la Magistratura. Respecto de la primera, Alfonsín propuso su derogación y la investigación de los casos en que se haya blanqueado dinero proveniente de ilícitos. Señaló que, si bien la ley prohíbe el blanqueo de dinero ilícito, “las condiciones que plantea son tan débiles que puede pasar cualquier cosa”. Respecto del Consejo de la Magistratura, Alfonsín apuntó contra la reforma hecha en 2006 “que modificó la composición y alteró los equilibrios” determinados por la Constitución y le permite al Ejecutivo influir en el Poder Judicial.
Además, Alfonsín habló de la ley de dominio que permite proseguir una causa contra un funcionario cuando prescribe el delito penal. Si se sanciona “vamos a poder actuar contra su patrimonio para que se recupere”, explicó y señaló que esa norma existe en otros países.
Por último, Alfonsín dijo que todo este conjunto de leyes reseñadas en este documento están en el parlamento: “La gente les tiene que preguntar a los del oficialismo por qué no se tratan, por qué se oponen. Esto crearía una institucionalidad que le complicaría mucho la vida a los corruptos y la sociedad tendría instituciones que controlarían mucho mejor a los funcionarios”, manifestó para cerrar su exposición Ricardo Alfonsín.
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