El Gobierno Nacional, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado este lunes 21 de enero, modificó la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital en pos de favorecer operadores públicos y privados para facilitar las frecuencias no utilizadas en la actualidad.

De esta manera, contraría a la Ley 27.078 que establecía desde noviembre de 2015 “el carácter preferencial” de ARSAT, ya que esta normativa declara de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Telecomunicaciones y sus recursos asociados (TIC).

Además, este DNU elimina la reserva de 90 megahertz para ARSAT y el Gobierno podrá disponer y licitar dichas frecuencias. “Ahora van a poder ser asignadas a prestadores de internet y televisión por cable ya existentes para generar, al menos, un competidor más en cada zona del país”, se comunicó desde Cambiemos. Así, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) va a asignar en forma directa “las frecuencias que requiera para el cumplimiento de sus fines”.

El decreto argumenta que “el tráfico de datos de los servicios móviles se duplica año a año y que para acompañar ese crecimiento, mientras se despliega más infraestructura, es necesario periódicamente poner a disposición espectro a fin de que sea asignado a los distintos prestadores”.

En cuanto a los objetivos de la decisión gubernamental de correr al Estado en la participación, lo que se busca es promover la competencia y ampliar la oferta a Claro (del Grupo Carso, con mayoría de acciones del mexicano Carlos Slim), Movistar (perteneciente al Grupo Telefónica de España) y Personal (Grupo Clarín). Estas tres compañías son las únicas que ofrecen servicios móviles en el país.

Por su parte, el titular de la Cámara de Prestadores de Telefonía IP (CATIP), Franco Cecchini, apoya la firma del decreto porque “es una muestra clara de un paso adelante para el desarrollo de redes de alta velocidad para todos los argentinos”, y “solo la competencia permite que los usuarios se liberen del grillete del oligopolio actual”.

Finalmente, desde el Gobierno anunciaron que ENACOM “otorgará participación a prestadores de carácter regional o local, públicos o privados”, que no podrá ser inferior al 20% de las frecuencias a asignarse.

Por qué DNU

Desde el Gobierno explicaron que la firma del decreto se basa en “la urgencia que impide aguardar al trámite ordinario de sanción de las leyes” porque “la experiencia indica que los procesos de adjudicación de este tipo de licencias o autorizaciones conllevan plazos que se prolongan en el tiempo”.

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