La Organización de Estados Americanos (OEA) accedió a una solicitud argentina y resolvió convocar a los cancilleres de los países miembros del organismo a una reunión de consulta para evaluar la situación de nuestro país en la disputa con los acreedores y la problemática sobre las deudas soberanas.
El encuentro, al que asistirán el canciller Héctor Timerman y el ministro de Economía Axel Kicillof tendrá lugar este jueves 3 de julio en Washington y la temática principal será: “Reestructuración de la deuda soberana: el caso de Argentina y sus consecuencias sistémicas”.
El pedido al organismo, presidido por el secretario general José Miguel Insulza, fue hecho por la representación oficial argentina y fue aprobado de forma unánime por el Consejo Permanente de la OEA. Julio César Ayala, representante argentino alterno en la OEA, presentó formalmente este lunes el requerimiento oficial ante el Consejo Permanente argumentando que era una cuestión «urgente y de interés común» para los países americanos.
«Se trata de una cuestión que excede los aspectos financieros y tiene implicancias y consecuencias de índole global», precisó el diplomático argentino.
Entre las manifestaciones de apoyo, la de Ecuador fue la más contundente y su representante expresó que la mayoría de los países latinoamericanos posee bonos de su deuda soberana y contratos financieros bajo la jurisdicción de la justicia estadounidense. «Es una situación sin precedentes en el derecho internacional y sienta un precedente nefasto contra cualquier país», sostuvo el diplomático.
Pese al respaldo masivo, la representante estadounidense señaló que no se debe interferir ante decisiones tomadas por jueces de su país, en referencia al fallo de Thomas Griesa de que debe pagarse a la totalidad de los acreedores, y precisó que se debe respetar la «independencia» del sistema judicial y no obstaculizar en su tarea. Griesa había dictaminado que Argentina no puede pagar a los acreedores de su deuda reestructurada (93% del total) si no les abona al mismo tiempo a un grupo de fondos especulativos que rechazó adherirse a las operaciones de canje.
Al respecto, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich había manifestado la mañana del lunes que la decisión del magistrado estadounidense era un «caso inédito en la historia de la humanidad» de querer «alterar un contrato e impedir el pago a bonistas que voluntariamente adhirieron a la reestructuración de la deuda», como sucedió con el dinero que depositó la Argentina en Bank of New York Mellon y que Griesa impidió cumplimentar.
El jefe de ministros calificó de insólito que se hable de «default técnico», ya que «Argentina ha manifestado su voluntad de pago y, además, ha hecho los depósitos correspondientes. Es necesario remarcar de modo enfático que se pretende incluir un eufemismo que es: default técnico», señaló el funcionario en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.
Por otra parte, Capitanich señaló que «cuando un país paga y cumple sus obligaciones financieras» no incurre en cesación de pagos y remarcó que «no puede un juez alterar situaciones de carácter contractual surgidas de un prospecto que no fue objetado por la Bolsa de Valores de Estados Unidos».
«Lo que genera el juez Griesa con su fallo es una alteración del mecanismo de cumplimiento de la Argentina con sus acreedores que voluntariamente adhirieron a la reestructuración de la deuda», sostuvo Capitanich y añadió que «los recursos del Estado nacional están depositados en la cuenta del Banco Central de la República Argentina a disposición de los acreedores que adhirieron voluntariamente al canje».
El Jefe de Gabinete reiteró que la posición argentina es favorable al pago: «Argentina está dispuesta y abierta al diálogo para establecer condiciones de negociación equitativas, justas y legales para el 100% de los bonistas».
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