Mediante un mensaje emitido por cadena nacional, la presidente Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer una nueva apertura de canje de deuda. Un proyecto de ley será enviado al Congreso para que el 7% de los bonistas que no aceptó en las dos oportunidades anteriores quede en igualdad de condiciones que aquellos que sí lo hicieron. Es el tercer canje desde que está gobernando el kirchnerismo y el segundo tras la denominada Ley Cerrojo del 2010.
El proyecto para suspender esa ley será presentado hoy al Congreso. La oferta, cuando se efectivice, será de iguales características en lo que hace a condiciones de quita, reducción de intereses y extensión de plazos para el pago que las que se establecieron en el segundo canje de 2010. La opción para decidir si se accede permanecería abierta de forma indefinida, al contrario de lo sucedido en los canjes anteriores, que tenían un plazo limitado para la adhesión.
Cristina Kirchner también anunció que a los bonistas que sí aceptaron anteriormente se les ofrecerá un cambio de sus títulos por bonos nuevos en la misma moneda, monto, plazo y tasa, pero que se abonarán en Buenos Aires para dar una garantía adicional. Con esto se buscan dos cosas: primero dejar claro que no se accederá al pedido de los bonistas fuera del canje de cobrar el total de los títulos y, además, evitar que la causa por la reestructuración de la deuda se caiga, en caso de que quede firme la sentencia del juez Thomas Griesa, que ordenó cumplir con lo que solicitan esos bonistas.
“La decisión que hemos tomado es pedirle a Dios que ilumine a la Corte Suprema de Estados Unidos, porque estaríamos ante un caso que no solo tiraría abajo una de las reestructuraciones de deuda más importantes de las que se tenga memoria, sino que también invalidaría otras reestructuraciones de deuda”, señaló Cristina Kirchner.
En respuesta al calificativo de “deudor recalcitrante” que había expresado en su fallo del viernes la Cámara de Apelaciones de New York, la Presidente explicó los pagos hechos por nuestro país y señaló que desde 2003 se abonaron 173.733 millones de dólares para hacer frente a los compromisos financieros. Ese monto se desglosa de la siguiente manera: 41.044 millones de dólares correspondieron a cancelaciones intra sector público, 81.487 millones se le abonaron al sector privado extranjero y nacional y 51.201 millones a organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional. “Más que deudores recalcitrantes somos pagadores seriales”, afirmó Cristina Kirchner. “Creo que así como fuimos el país que entró en el Guinness por ser la deuda soberana más importante que se ha defaulteado, creo que también debemos estar en el Guinness de los países que más han pagado. Por eso me parece importante que todos los argentinos sepamos el esfuerzo que hemos hecho y que también el mundo tome conocimiento”, remarcó la mandataria y agregó que una vez que se desembolsen los 2.000 millones de dólares correspondientes al Bonar VII el 12 de septiembre, la deuda en moneda extranjera representará solo el 8,3 por ciento del PBI.
Para justificar la decisión de reabrir el canje, Cristina señaló que “no podemos tener como país una espada de Damocles sobre nuestro cuello y esperar a que, en cualquier momento, alguien tome una decisión y se caigan los canjes de 2005 y 2010 y el país vuelva al 2001. Esto es lo único que no vamos a permitir. No por lo menos mientras yo sea presidenta”. Es importante señalar que el fallo de Griesa recién podría quedar firme en 2015 pero busca que los acreedores que no accedieron sí lo hagan en esta oportunidad y que los otros acepten cambiar los bonos en su poder por otros que se rijan por las leyes argentinas y cobren a través de la Caja de Valores.
El objetivo de cambiar el marco legal es permitir que sus tenedores puedan cobrar aunque haya un fallo negativo en Estados Unidos. Al poseer títulos idénticos pero bajo jurisdicción argentina el actual agente de pago, el Bank of New York, no podría gestionar el pago.
La mirada del gobierno esta puesta no tanto en lograr atraer al grupo de bonistas que se niega a negociar un descuento sino que tengan acceso al canje en iguales condiciones que los restantes tenedores de títulos como muestra de no discriminación.
En números finos, se calcula que si el 7% que no entró previamente al canje lo aceptara en los términos actuales, los 11.200 millones de dólares que reclaman se reducirían a 4.200 millones. Hay que recordar que una presentación con las condiciones de este proyecto ya se presentó ante la Cámara de Apelaciones de New York el 29 de marzo y que ese tribunal lo rechazó.
La Presidente expresó que, si se les da la razón a los fondos buitre que litigan en New York, no solo se perjudicará la reestructuración que realizó Argentina sino que se generarían complicaciones a las futuras reestructuraciones de deuda a nivel mundial. “No en vano se han presentado ante el tribunal numerosos amicus curiae, que no son precisamente amigos de Argentina. Basta recordar a la exdirectora del FMI, Anne Krueger”, dijo Cristina.
“Hago un llamado a la razonabilidad y al sentido común. No puede ser que un 0,45 por ciento que adquirió bonos pueda poner en jaque al 93 por ciento de los acreedores y, fundamentalmente, las posibilidades de seguir creciendo en la Argentina. Por este motivo, quería comunicarme con el conjunto del pueblo y con quienes han creído en el país para que sigan haciéndolo porque estamos al frente de la nave y la vamos a conducir a buen puerto. Tenemos fuertes esperanzas de que el sentido común impere sobre el lobby formidable que hemos visto en estos días, en donde un 0,45 por ciento se puede imponer sobre la voluntad de otro 93%. Esto afecta la igualdad, la equidad y la seguridad jurídica”, finalizó el discurso presidencial.
La reacción opositora
Hubo repercusiones de distinto tipo entre los partidos opositores ante el anuncio de reapertura del canje de deuda. Desde el apoyo hasta el fuerte rechazo, pasando por los respaldos a medias. En general, se dio aval a la iniciativa de enviar al Congreso el proyecto para su tratamiento.
Desde la UCR, el diputado Ricardo Gil Lavedra señaló que “era previsible, pensábamos que lo iban a hacer antes, pero nunca se nos informó cuál sería la estrategia” y añadió que “más allá de la pericia o impericia con la que se haya conducido el gobierno argentino, vamos a dar todos los pasos necesarios para defender el interés nacional, porque esto excede a un gobierno concreto”.
El jefe de la bancada del PRO, Federico Pinedo, consideró “razonable que el Gobierno demuestre la voluntad que tiene de cumplir con la deuda soberana. Debemos ser serios y responsables ante la Corte de los Estados Unidos y no hacer partidismo. Estudiaremos la propuesta presidencial y trataremos de defender el crédito argentino y al pueblo del default”, señaló Pinedo.
La crítica más fuerte vino, como era de esperar, de parte de la diputada de Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, quien cuestionó a Amado Boudou: “Tanto el fallo de la Cámara como esta decisión es responsabilidad exclusiva de la impericia e incompetencia de la Presidenta, del vicepresidente y de la estrategia argentina ante el juez Griesa, que en vez de presentar una propuesta seria se dedicó a decir que no iba a cumplir el fallo”, manifestó Carrió y agregó, a su entender, que esta reapertura se hace demasiado tarde. El expresidente del Banco Central y compañero de bloque de Carrió, Alfonso Prat Gay dijo que “el Gobierno demuestra una vez más que va detrás de los acontecimientos. No tiene estrategia y solo reacciona cada vez que hay un fallo adverso en las cortes extranjeras”. “Fue el propio Néstor Kirchner el que eligió la jurisdicción de New York que ahora su esposa quiere cambiar. Queda demostrado que la renegociación de la deuda fue un fracaso: a pesar de los monumentales pagos que se hicieron en estos últimos diez años, la Argentina no recuperó el crédito y solo consigue que le exijan más. Es la propia Presidenta quien reconoce esos inmensos pagos, desmintiendo así el relato de la quita más grande de la historia”, señaló el diputado.
Claudio Lozano (diputado de la CTA-Camino Popular) cuestionó la decisión del gobierno y dijo que la presidente Cristina Fernández quiere “pagar, pagar y pagar”, una estrategia que dijo que ha dado malos resultados ya que, aunque se triplicaron los pagos netos, “seguimos endeudados y andamos clandestinos y enjuiciados por el mundo”. Lozano pidió “cambiar de estrategia”, lo que significa “rescindir el contrato con el Banco de New York, transformando en agente financiero al Banco Central”. Además, el legislador llamó a crear una comisión bicameral que audite la deuda “para ver qué corresponde pagar y qué no” y, en base a su dictamen, “emitir nuevos bonos de deuda pública bajo legislación local y bajo competencia exclusiva de la justicia nacional”.
El temor al default fue lo que nombró el diputado nacionalista de UNIR, Alberto Assef: “Lo peor que nos puede pasar es caer en default. Apoyaré en la Cámara de Diputados la reapertura del canje. Es una oportunidad para normalizar definitivamente esta cuestión”, afirmó el aliado de los hermanos puntanos Rodríguez Saá.
Del sector empresario, el titular de la Confederación General Empresaria (CGERA), Marcelo Fernández, manifestó el apoyo de las industrias pymes a la reapertura del canje de deuda y reclamó a los “sectores nacionales apoyar esta política”.
El titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, aseguró que Argentina «ratifica la voluntad de pago de sus deudas» y dijo que hay que apoyar la iniciativa de reabrir el canje porque si consiente “el chantaje de los fondos buitre”, el país “no podría crecer como lo viene haciendo y los acreedores volverían a ser estafados”.
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