El senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto, del Partido Justicialista, presentó un proyecto de ley que busca colocar bajo el control del Congreso la polémica base de exploración espacial que China instaló en la localidad neuquina de Bajada del Agrio en 2014.

La Estación del Espacio Lejano es una base terrena perteneciente a la Administración Espacial Nacional China que integra la Red de Espacio Profundo de ese país asiático y es la primera estación terrena de espacio profundo china emplazada fuera de su territorio.

Además de Pichetto, la iniciativa fue firmada por sus compañeros de bloque Pedro Guastavino (Entre Ríos), José Ojeda (Tierra del Fuego), Carlos Espínola (Corrientes), Rodolfo Urtubey (Salta) y Carlos Caserio (Córdoba). El proyecto argumenta la falta de control de nuestro país sobre esas instalaciones.

Con el fin de establecer el control legislativo, la iniciativa prevé la creación de una comisión conformada por siete senadores y siete diputados y la misma deberá “contar con acceso irrestricto a las instalaciones de seguimiento terrestre, comando y adquisición de datos en el territorio de la provincia del Neuquén, y a toda documentación pertinente”.

Asimismo, los legisladores deberán “verificar el cumplimiento del acuerdo, sus resultados y perspectivas de desarrollo futuro” y “garantizar la confidencialidad de la información, asumiendo las responsabilidades correspondientes por su divulgación”. Los miembros y empleados de la comisión bicameral “deberán garantizar la confidencialidad de la información” que reciban en el desarrollo de sus tareas.

Por otra parte, la iniciativa contempla que los funcionarios responsables de las áreas de Gobierno relacionados con la base china deban obligatoriamente concurrir al Congreso cada 90 días a informar “sobre el estado de ejecución y cumplimiento del Acuerdo” firmado por nuestro país.

La decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de autorizar la instalación de la base china fue cuestionada por la entonces oposición y la aprobación en el Senado fue prácticamente sin debate y en la ultima sesión de la Cámara Alta en diciembre de 2014. Las críticas al tema de la soberanía habían sido desestimadas por el entonces presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ruperto Godoy (FpV), quien había señalado que “la base servirá para monitorear y hacer un seguimiento de los satélites que van a acceder a la Luna. Los chinos pensaron en Argentina porque era un lugar que les permite una mayor visibilidad para los satélites”. Quien estaba a cargo de la Jefatura de Gabinete, Jorge Capitanich, había manifestado que “no es una cesión de soberanía, sino una complementación estratégica para la expansión de nuestra capacidad económica”.

Actualmente, la base ya está terminada y lista para operar aunque no se sabe qué uso se le dará realmente. El convenio firmado es una concesión por cincuenta años, pero no se sabe en qué trabajará y qué control ejercerá el Estado. También se objetó en su momento la existencia de cláusulas secretas en el documento, de las que no podían saber su contenido funcionarios o dirigentes argentinos.

En enero de 2016 el presidente Mauricio Macri pidió a su entonces embajador en China, Diego Guelar, y la canciller Susana Malcorra que negociaran los términos del tratado con el gobierno de Xi Jinping para introducir de forma consensuada modificaciones al mismo, con la finalidad de incluir una cláusula específica que derribe el eje de la controversia y dejar claramente establecido que la estación espacial no tendrá uso militar alguno, mención no incorporada en el acuerdo original.

Las dudas sobre ese tema se deben a que la empresa encargada de la base, la firma estatal Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC), depende del Ejército Popular chino. Ingenieros y científicos del Ejército diseñaron la base e indicaron qué tecnología se necesitaba según los objetivos que definiera Beijing. También responde a la Comisión para la Ciencia, la Tecnología y la Industria para la Defensa Nacional.

Lo que en su momento se cuestionó desde un lado del arco político ahora se cuestiona desde el otro, con el agravante de haber sido el responsable de la firma de un acuerdo. Esto es algo que las “políticas de Estado” argentino permiten: un ida y vuelta entre los extremos.

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