La decisión del juez electoral subrogante de la provincia de Buenos Aires, Laureano Durán, de limitar a 25 el número de boletas electorales que debía haber en las mesas, fue dejada sin efecto por la Cámara Nacional Electoral. De esta manera, en cada cuarto oscuro el 9 de agosto próximo uno podrá encontrar 350 boletas de cada una de las agrupaciones que participarán en las PASO presidenciales. Cabe destacar que, en su momento, el fallecido juez federal Manuel Blanco había fijado en 50 el número de boletas que debían colocarse.
Los argumentos de Durán y de la Secretaría Electoral para reducir la cantidad de papeletas eran que una cantidad mayor representaba una «dificultad para trasladar en toda la provincia las boletas de tantos precandidatos que esta vez sumarán, además, dos cuerpos pertenecientes a los candidatos a legisladores del Parlasur». Además, señalaron que «no hay ninguna legislación que establezca que es obligación por parte del Estado la distribución de las boletas de los candidatos sino que, en realidad, esa es tarea de los fiscales de cada fuerza».
Justamente, los partidos electorales menos representativos manifestaron la imposibilidad de tener la cantidad de fiscales suficientes para cubrir el territorio bonaerense, que concentra el 3% de los votantes del país. En ese sentido, la Izquierda fue la primera en reclamar. Néstor Pitrola, precandidato a gobernador por el Partido Obrero, denunció la existencia de un «fraude anticipado» al conocerse la decisión de Durán, «que fue designado a dedo por los K para reemplazar al fallecido juez (Manuel Humberto) Blanco, dispuso algo gravísimo: el correo llevará en cada urna 25 boletas como máximo, cuando nunca hubo techo y siempre fueron de 50 para arriba», argumentó Pitrola.
También señaló que «no se puede usar un argumento como la falta de espacio, la excesiva cantidad de boletas o el pequeño tamaño de las urnas. Con estos fundamentos se está cercenando el derecho al voto. Es ridículo. Hay 320 empadronados por mesa, 25 boletas no es ni el 10%. Ningún partido que no cuente con una estructura poderosa puede reunir 35.000 fiscales».
Otro precandidato para suceder a Daniel Scioli, Christian Castillo (del FIT), y la precandidata del MST Vilma Ripoll se sumaron a los cuestionamientos. Castillo afirmó que la medida «contribuye a que la elección sea menos transparente y más permeable al robo de boletas» y alertó que «en todas las elecciones sufrimos sistemáticamente el robo de boletas, y que reduzcan la cantidad que garantizaba el Estado nos lleva a que las fuerzas más pequeñas disminuyan al mínimo sus chances y queden desprotegidas del fraude». Por su parte, Vilma Ripoll señaló su «preocupación» por «la decisión de que el Correo traslade solo 25 boletas de cada lista por urna y no garantizar su reposición».
Sin embargo, desde el propio kirchnerismo criticaron la medida. El propio Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que la decisión «es un despropósito. No tiene pies ni cabeza. Aspiro a que alguien esté apelando en el día, y si no hablaré con los abogados nuestros para que apelen».
«¿Cómo podemos hacer para que esté más garantizado, seguro, legítimo, que la sociedad participe? Que dentro del cuarto oscuro, si no hay boletas, alguien las reponga. ¿Y quién las va a reponer? Un fiscal. Si no se puede poner un fiscal por cada mesa, ya que son muchas, que haya un fiscal general», argumentó el funcionario. Para profundizar la cuestión, Fernández remarcó que «no podemos ir contra natura respecto de lo pensado históricamente por los argentinos», ya que «democracia no es que quienes tienen muchos fiscales participen, y los que no, que se embromen», alegó. «Es una situación impensada la que el juez dice, que va a contrapelo del respeto por el que va a votar», dijo el funcionario al tiempo que reclamó que «se revise, y que los fiscales autorizados a tal fin, puedan reponer las boletas de cualquier partido» durante las PASO.
Cabe destacar que Fernández, hace tiempo vienen denunciando el robo de boletas, lo que lo perjudicaría en la interna contra Julián Domínguez. En este mismo sentido se pronunciaron Felipe Solá, del massismo, y María Eugenia Vidal, precandidata del PRO a la gobernación bonaerense. Justamente, el compañero de Domínguez, el intendente de La Matanza Fernando Espinoza, recomendó a los votantes llevar la boleta desde sus casas a la vez que abogó para la implementación del voto electrónico para terminar con estas disputas por las boletas.
La única voz que respaldó la decisión judicial fue la del Director Nacional Electoral, Alejandro Tullio, quien señaló que «en primer lugar el beneficio de darle la posibilidad a los partidos de que adelanten las boletas es reciente. No tiene más de diez años. En segundo lugar, el número de boletas cambia de acuerdo a cada situación logística. Y en tercer lugar, el juez Durán hizo un cálculo sobre cuántas listas hay, de qué logística se dispone y demás y esto le dio como resultado las ’25 boletas’ que dispuso como límite».
De todas formas, mencionó que «no estoy ni dejo de estar de acuerdo a lo que dispone la Justicia Electoral de La Plata. Las 25 boletas es el piso a repartir. Son los fiscales los que pueden y deber promover la reposición de boletas. Además, para quienes no cuentan con fiscales propios, hay un fiscal general también». Finalmente, destacó que en su opinión «sería mejor que fuesen 50 (boletas). Una resolución judicial no necesita avales. Yo no avalo lo dicho en el fallo del juez Durán, yo explico. Para mí, sería mejor si la cantidad de boletas fuese cincuenta».
Más boletas y fiscales móviles
La polémica terminó cuando la Cámara Nacional Electoral revocó la decisión de Durán y dispuso que haya 350 boletas por partido en cada mesa. Mediante un comunicado, la Cámara indicó que esta «no es un instrumento al servicio del partido, es la posibilidad física para que se exprese el ciudadano, en tanto constituye el elemento mediante el cual se exterioriza la voluntad del elector».
En ese sentido, el tribunal reclamó al «Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, -en atención al cúmulo de tareas que debe afrontar el juzgado federal con competencia electoral en el distrito Buenos Aires para la realización de las elecciones primarias del corriente año-, que provea los medios necesarios de orden logístico y material a fin de que el Servicio Electoral del Correo realice la distribución de las boletas suministradas por las agrupaciones políticas, de acuerdo al cronograma establecido por el juez de primera instancia».
Además, los jueces notifican a «las agrupaciones políticas que resultará indispensable que se cuente con fiscales de mesa o generales en los locales de votación en los términos del Código Electoral para reponer las boletas, sin perjuicio de las previsiones de contingencia a cargo de los delegados».
Por otra parte, la jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría, hizo lugar al pedido de la alianza Cambiemos para permitir que los fiscales puedan trasladarse desde otras mesas del Interior a las de la provincia de Buenos Aires en las PASO del 9 de agosto y en las elecciones generales de octubre. Para ello resolvió que todo el país sea tomado como un distrito único. El pedido de la agrupación opositora solicitaba que se modificara la regla que establece que los fiscales deben pertenecer a la provincia que deben controlar. En su escrito, Macri, Carrió y Sanz sostuvieron que no era coherente «que el Estado destine recursos públicos para la impresión de boletas y que luego no permita que haya un representante de la agrupación política que las acerque al lugar de votación y controle su existencia durante todo el comicio».
Finalmente, Servini de Cubría accedió al pedido y consideró que «a los fines de la fiscalización de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias del 9 de agosto, las generales del 25 de octubre y su eventual segunda vuelta el 22 de noviembre y siendo que para la elección de presidente y vicepresidente de la Nación y parlamentarios del Mercosur distrito nacional, el territorio nacional constituye un distrito único, los fiscales o fiscales generales de los partidos o alianzas nacionales podrán ser electores de un distrito distinto al que pretenden actuar».
