Cúpula descabezada

Finalmente el anuncio se hizo realidad y el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, removió al jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Díaz, y a toda la cúpula de la institución. A cargo quedará Juan Baric, actual subsecretario de Política Penitenciaria. En principio será interventor durante 90 días.
La decisión fue tomada a raíz de la grave situación que atraviesa el SPB, aquejado por denuncias de corrupción y dificultades en lo que hace a la situación de los detenidos por falta de lugar. La reestructuración no afecta solamente a los mandos directivos sino que también pasarán a disponibilidad y retiro a 132 agentes que ocupan distintos cargos jerárquicos.
De esta forma, Baric auditará y evaluará a todos los integrantes de la fuerza. Con este fin se crearon dos nuevas unidades: una encargada de la Evaluación de Desempeño, a cargo de Fernando Manzanares (subsecretario de Control Penitenciario y Gestión Institucional), y otra de Auditoría y Control de Gestión a cargo de Fernando Rosas (asesor del Ministerio de Justicia).
Al respecto, el ministro Ferrari explicó que «es una reforma integral. No solamente separamos al Jefe del Servicio, sino también a los cinco directores y cinco subdirectores de las áreas que están debajo. Y estamos poniendo a todos en período de prueba». Terminada la intervención se seleccionará a quienes quedarán a cargo de la fuerza. Si bien no trascendieron sus nombres, estarán a prueba estos tres meses. «Este control y monitoreo permanecerá y será continuo, una vez que termine esta etapa seguiremos realizándolos, incluso con visitas sorpresa en penales», remarcaron desde el Ministerio. Ferrari precisó que «en rigor quienes están a cargo del Servicio Penitenciario son integrantes del Ministerio de Justicia» y que todos los miembros del SPB, incluidos los jefes de las 55 unidades carcelarias, serán evaluados en este período.
Otro punto clave de la reforma es la modificación del Estatuto del Personal Penitenciario, vigente desde 1980. Entre otras cosas, el proyecto de ley que el Ejecutivo enviará a la Legislatura impulsa el llamado a concursos abiertos para la incorporación al SPB o para ascensos, paridad de género en el acceso a cargos directivos y que los aspirantes tengan título secundario o universitario para acceder a cargos especiales.
Con los cambios en el estatuto se establece un «escalafón específico para la Asistencia y Tratamiento» para que exista personal dedicado a tareas administrativas y otro que se ocupe de las funciones de seguridad, algo parecido a lo que se apunta a implementar en la Policía Bonaerense. La recuperación de los talleres en los penales de la provincia, junto a la modificación del Patronato de los Liberados, son otras alternativas que plantean modificar durante 2017.

La Comisión por la Memoria celebró la salida de Díaz

Uno de los organismos que cuestionó desde siempre el arribo de Díaz al SPB fue la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Al conocerse su relevo se celebró la decisión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Por medio de un comunicado, el organismo elogió «la decisión del Ministro de Justicia. El alejamiento de Díaz de la conducción del SPB es una buena noticia que debe venir acompañada de cambios estructurales para transformar la grave crisis que enfrenta el sistema de encierro bonaerense».
A su vez, desde el Legislativo el senador provincial por Cambiemos e integrante de la Comisión Bicameral por la emergencia en Seguridad y Servicio Penitenciario, Marcelo Pacífico, afirmó que «este es un gobierno que rectifica cuando se equivoca; que sabe corregirse, esto no hace más que volver a legitimarlo».
Desde el opositor Frente Renovador, Rodolfo D’Onofrio expresó que «pareciera que el ministro Gustavo Ferrari es un veedor internacional y no el que tiene que resolver las cuestiones. No ha entendido que son los que tienen que resolver y no los que tienen que hacer campaña para llegar. Ya llegaron. Ahora lo que tienen que decir es cómo lo van a resolver».

La palabra de Vidal

En una conferencia de prensa, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal afirmó que «se terminó» el autogobierno de las fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario Bonaerense «como ocurría hasta diciembre de 2015» y sostuvo que se va a «pelear contra la corrupción y el mal funcionamiento».
Tras remover a 132 oficiales del SPB, Vidal sostuvo que «esta reforma es mucho más profunda. Las purgas no resuelven los problemas, es dar la pelea de fondo en contra de cómo funcionan las instituciones». Además, expresó que «trabajar por la seguridad de los vecinos, pelear contra mafias, el narcotráfico y el juego clandestino es pelear también contra la corrupción y mal funcionamiento de estas fuerzas de seguridad».
Asimismo, Vidal criticó que en los últimos 30 años no se reformaron las fuerzas de seguridad de la provincia y advirtió que durante su gobierno «no hay pactos de connivencia» como ocurría en anteriores gestiones. «En nuestro gobierno no hay pactos de connivencia, estamos para dar la pelea de fondo, las cárceles no pueden seguir funcionando con una ley de la dictadura», subrayó la gobernadora.
Ante la posibilidad de rebeldía por parte de miembros del SPB, Vidal indicó que si bien los cambios en el área «por supuesto entrañan riesgos», el «miedo no es algo que podamos darnos el lujo de tener. Cuando uno no hace y convive y deja hacer, se convierte en cómplice», remarcó.
Finalmente, la mandataria pidió a los bloques políticos opositores el apoyo en la Legislatura a las reformas impulsadas por su gobierno.