Con el argumento de la lentitud judicial en confiscar bienes y el estancamiento en el Congreso de los proyectos sobre la cuestión, el presidente Mauricio Macri anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para poner en marcha la implementación de la Extinción de Dominio, una iniciativa para recuperar bienes y dinero producto de delitos de corrupción, terrorismo, lavado de dinero, trata de personas y narcotráfico.
«El que las hace las paga»
Macri, quien hizo el anuncio en compañía de los ministros Germán Garavano y Patricia Bullrich, de Justicia y Seguridad, respectivamente, sostuvo que la medida es «un paso adelante para que la Justicia pueda avanzar más rápido».
«No da lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas por fuera de la ley. Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. Y que sepan que en la Argentina, hoy el que las hace las paga», remarcó.
Además, el Jefe de Estado indicó que el decreto apunta a «las mafias, las redes de narcotráfico, del crimen organizado y de la corrupción, que se llevaron plata que es de todos los argentinos. Es plata que necesitamos para seguir combatiendo la inseguridad, para construir jardines, escuelas, rutas, obras para mitigar las inundaciones».
Macri también señaló que «no alcanza con condenar a aquellos que lideran las bandas criminales, porque mientras tengan recursos, van a seguir operando. Por eso hay que atacar su poder económico». En ese sentido, explicó que firmó el decreto «porque su aprobación es urgente, y los proyectos que están en el Congreso están estancados hace años. Los argentinos ya esperamos demasiado, la Justicia necesita este mecanismo ya mismo», al tiempo que reclamó a jueces y fiscales «que actúen rápido para ayudar en este esfuerzo que es el compromiso con la verdad, la transparencia, que es un compromiso de todos».
Asimismo, el Presidente insistió con que enfrentó a «las mafias» desde «el primer día que se involucró en política. Está claro que todos estamos haciendo un esfuerzo muy grande para sacar el país adelante. No puede ser que algunos vivos cometan delitos a costa de este esfuerzo».
«Cambio cultural»
Este decreto se enmarca en «el cambio cultural» que se impulsa desde el Gobierno Nacional, afirmó Macri. «Mi compromiso es seguir trabajando para que el ciudadano que se levanta todos los días para ir a trabajar, ese que mueve al país, para que sepa que su esfuerzo vale», cerró el primer mandatario.
Por su parte, Garavano consideró que «la impugnación que se podría plantear sería si uno entiende que esto avanza sobre la materia penal. Pero esto avanza solo sobre la materia civil, algo sobre lo que el Poder Ejecutivo está habilitado para avanzar».
El titular de la cartera de Justicia precisó que el decreto «prevé una nueva Procuraduría para garantizar el actuar independiente y son los fiscales que van a iniciar este proceso ante la Justicia civil y comercial». «En este proceso se va a citar a aquellas personas que puedan ser tenedores de buena fe de estos bienes y también la Procuración del Tesoro, que son los abogados del Estado Nacional, y todo esto se va a conducir en un proceso civil que debe terminar con una sentencia», agregó Garavano. «Es un proyecto enteramente civil, a diferencia del proyecto del Senado que avanza con algunas regulaciones específicas para el Código Procesal Civil y asigna competencia al fuero civil federal», subrayó.
Patricia Bullrich, en tanto, explicó que la extinción de dominio se puede aplicar de manera retroactiva porque «15 años es la prescripción» del delito. «Todo aquel que ha sido narcotraficante y participó de un proceso penal, y está en la cárcel, cuando salga, no va a tener más sus bienes», indicó. Además, Bullrich agregó que «pretendemos que la Justicia Civil pueda avanzar independientemente de la Justicia Penal para lograr esto que ha reclamado la gente». Respecto de un posible rechazo parlamentario, la Ministra sostuvo que no va a haber «un sólo diputado o senador que vaya a estar en contra de sacarle los bienes a los que les roban a la gente».
Elementos del decreto
Una vez publicada la norma en el Boletín Oficial, la Justicia Civil tendrá las herramientas para acelerar la extinción de la propiedad de los bienes de delincuentes investigados por narcotráfico, corrupción, crimen organizado, terrorismo, trata de personas y demás delitos graves. Tendrá una retroactividad de 20 años.
El proceso civil comenzará cuando se dicte una medida cautelar sobre los bienes. Con ese fin se creará una fiscalía especializada que trabajará para determinar si el patrimonio de los delincuentes está constituido en forma ilícita.
La tramitación civil del proceso es un punto clave en el decreto presidencial, ya que permite agilizar los tiempos procesales para la extinción de dominio respecto de las herramientas con las que contaba el Estado hasta ahora.
No solo se tramitará en paralelo al proceso penal, sino que el juez civil tendrá la facultad de poder incautar los bienes y disponer de ellos si el imputado no logra demostrar que fueron adquiridos lícitamente, evitando las dilaciones de los procesos penales. Es otro punto importante: la inversión de la carga de la prueba.
Cabe aclarar que los acusados contarán con las garantías para probar la legalidad de sus bienes, de acuerdo a las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho a la propiedad. Este punto es para cumplir con la Constitución Nacional que en su artículo 17 determina que «la propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley».
Voces a favor y en contra
Una vez conocida la intención presidencial, desde distintos partidos políticos así como constitucionalistas, se manifestaron respecto del mismo. Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, sostuvo que la medida «no sirve para castigar la corrupción». «Es inconstitucional y una distracción más simulando responder a una demanda de la sociedad», remarcó el legislador, y señaló que «en el día en que el FMI anuncia mayor contracción económica para la Argentina, Macri intenta tapar una nueva mala noticia con humo electoral».
La legisladora porteña del PTS-Frente de Izquierda, Myriam Bregman, a través de la red Twitter manifestó: «Una vez aprobado el decreto, la Justicia citaría a la familia Macri para que justifique cómo se enriqueció en la dictadura».
A través de la misma red, desde Cambiemos y con el hashtag #RecuperarLoRobado, respaldaron el anuncio presidencial. La diputada Elisa Carrió escribió: «Aplausos para el presidente Mauricio Macri, por la extinción de dominio», tuiteó. La Coalición Cívica, el partido oficialista liderado por Lilita, por medio de un comunicado señaló que pondrá en manos del Estado una «herramienta fundamental» para «recuperar lo que robaron y hoy falta en infraestructura, escuelas y vivienda». «La lucha contra la corrupción y el narcotráfico es una bandera innegociable de la CC y este decreto es un paso enorme para cuidar al Estado y evitar que vuelva a saquearse el dinero de todos los argentinos». «A partir de este decreto podremos tener más escuelas, más rutas, más insumos para los hospitales y, también, seguir invirtiendo en infraestructura, un área en la que se avanzó poco en las últimas décadas, pese al gran presupuesto que tuvo asignado», finaliza el texto.
Finalmente el jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, dijo que el decreto es una herramienta necesaria para «avanzar con premura en un cambio de paradigma» en lo que refiere a la lucha contra la corrupción. «Ojalá podamos dar una vuelta de página para que los bienes que hoy están en manos de los delincuentes puedan volcarse a políticas sociales», subrayó, y recordó que en 2016 la Cámara baja aprobó un proyecto ley de extinción de dominio que quedó trabado en el Senado que dos años después sancionó una iniciativa pero con modificaciones importantes respecto del texto original. «La decisión del Gobierno es volver a la primera sanción que dimos en Diputados. El DNU viene a agilizar el proceso ya que la oposición -el kirchnerismo y otras bancadas peronistas- no estaban dispuestas a avanzar o preferían darle fuerza de ley a la media sanción del Senado que es totalmente insatisfactoria», indicó Negri.
Además, el diputado precisó que «los DNU tienen fuerza de ley», por lo que «el decreto del Presidente sobre Extinción de Dominio deberá, por lo tanto, pasar por la comisión bicameral correspondiente y luego ser puesto a consideración de las dos cámaras».
Los abogados constitucionalistas también se expidieron sobre el decreto. Eduardo Barcesat alertó que es «inconstitucional» y que es un «nuevo avance en el deterioro del Estado de Derecho». Barcesat sostuvo que la materia en cuestión «solo puede ser prevista desde una legislación y nunca por un decreto», ya que «el artículo 99 inciso 3 de la Constitución, que regula las facultades del Presidente, establece que en ningún caso y bajo pena de nulidad absoluta el Poder Ejecutivo puede emitir disposiciones legislativas».
El jurista remarcó que en el caso de la extinción de dominio es aún más grave: «Se trata de un derecho, el de la propiedad, que esta tutelado no solamente por el Código Civil sino por disposiciones tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos como por el Pacto de Internacional de Naciones Unidas, ambos con jerarquía constitucional».
Ante las críticas, desde el Gobierno se adelantó la posibilidad de debatir el tema en las sesiones extraordinarias de febrero, «si hay consenso» para avanzar por la vía parlamentaria. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, señaló: «Hasta ahora no pudimos llegar a un acuerdo y la Argentina necesita esa herramienta para recuperar lo robado. Por supuesto que si hay una decisión en el Congreso para transformarlo en ley, bienvenida sea», y agregó: «Ahora es la oposición la que tiene que hablar. Mientras tanto, el DNU está vigente y la Justicia ya tiene las herramientas necesarias».
