Finalmente, la disputa con los bonistas que quedaron fuera del canje no llegó a buen término y la fecha tan temida, el 30 de julio, llegó. Ese día el país caería nuevamente en default. Se lo llamó técnico, temporario, pero desde el gobierno se negó que eso haya sucedido.
En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, la presidente Cristina Fernández de Kirchner reiteró la postura oficial de que no se entró en default e insistió con que se quiere pagar lo que se debe. «No es que no le queremos pagar a los fondos buitre. Les ofrecimos entrar al canje, pero quieren la sentencia casi usuraria que les da más del 1.600% de ganancias», sostuvo la mandataria.
Respecto de la cesación de pagos, la Jefa de Estado graficó: «Ahora inventaron una nueva: el default selectivo. No existe. Impedir que alguien cobre no es default. Les dije que iban a tener que inventar una palabra».
Además, la Presidente llamó a la oposición para encontrar una solución y cuestionó su comportamiento al decir que «cuando firmamos el acuerdo con el Club de París nos tildaban de traidores a la patria porque pagamos. Y ahora nos dicen lo mismo por no poder pagar».
Asimismo, agregó que «ahora nos piden que firmemos cosas que compromete el futuro de los argentinos, ya vimos esta historia y yo no la pienso repetir», dijo Cristina Kirchner.
«No vamos a hacer nada que esté fuera de la ley y va a estar todo sometido al Congreso y bajo la Constitución Nacional. Hemos hecho mucho esfuerzo, me siento muy bien como argentina, hemos recogido el apoyo de innumerables organismos internacionales. El poder judicial debe ser independiente, pero no debe ser independiente de la realidad. Lo que está pasando dista mucho de ser lo que debe pasar», afirmó la Presidente.
Igualmente, remarcó que el gobierno seguirá negociando «pero también tenemos que defender nuestro derechos e intereses. Haciéndonos cargo del 100% de nuestra deuda de forma justa, equitativa y responsable». Además, señaló que quiere «que se queden muy tranquilos porque vamos a usar todos los instrumentos legales que nos dan nuestros propios contratos firmados con el 92,4% de los bonistas. El default no existe porque default es no pagar, impedir que alguien no cobre cuando se pagó no es default, van a tener que inventar esa palabra».
Finalmente, la mandataria destacó el apoyo recibido por Argentina por parte de diversos organismos internacionales. «Hemos recogido el apoyo de muchos foros: OEA, CELAC por el grupo de los 77+ China, desde presidentes, de la Presidenta de Brasil que pidió que se trate en el G-20».
Por su parte, el ministro de Economía, Axel Kicillof, también consideró que el país no se encuentra en default sino que los tenedores de deuda reestructurada atraviesan una demora temporal en el cobro.
“Es una pavada atómica decir que hoy entramos en default”, afirmó el funcionario con relación a los medios, analistas y dirigentes que consideraron que el país ingresó en cesación de pagos. En ese sentido, explicó que en los prospectos del canje de deuda efectuados por Argentina se detallan las condiciones técnicas para ingresar en esa condición.
Además, el Jefe del Palacio de Hacienda indicó que en el prospecto del canje de 2005 se había informado sobre el potencial riesgo de que «los pagos relacionados podrían ser embargados por los tenedores que no aceptaron participar de la oferta».
«Las únicas formas de que el país ingrese en default es si directamente no paga, si declara moratoria, si se incumple el pago de otros bonos (cross default) y si el Estado declara la ilegitimidad de la deuda», precisó Kicillof. «Argentina depositó 539 millones de dólares y los bonos los consideramos como pagados. Eso sería una cuestión concluida si el Bank of New York Mellon (BoNY) no le hubiera consultado al juez Thomas Griesa. Esa plata es de los bonistas del canje, quédense todos tranquilos», sostuvo el ministro, quien también acusó a Griesa de estar «perjudicando a los terceros para favorecer a los buitres. Por eso le cargamos la responsabilidad de lo que hace con esos fondos y las acciones que tomen sus legítimos dueños».
Kicillof expresó su deseo de que el conflicto con los fondos buitre termine «antes» del próximo vencimiento de deuda y abogó para que la Justicia de Estados Unidos «entre en razones» y que autorice el pago a los bonistas, que están retenidos desde el 26 de junio en el BoNY.
Para declarar el default, el 25% de cualquiera de las 16 series de bonos tienen que pedir al fiduciario (BoNY) que haga una acción para declarar la cesación de pagos. El banco tiene un lapso de 60 días para decidir y, si lo hace, el tema se judicializa. Allí la Argentina puede apelar.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, calificó a la Justicia estadounidense como «independiente de la racionalidad, no es independiente de los fondos buitre» y aseguró que existió «una marcada incompetencia» en Daniel Pollack, el mediador nombrado por el juez Griesa, por «desconocer cuestiones elementales de esta negociación». Capitanich reiteró la intención de Argentina de avanzar en una reapertura del canje o en la instalación de un stay (medida cautelar), ya que «la cláusula RUFO podría disparar una multiplicidad de juicios contra la Argentina» y, además, «la justicia de Estados Unidos no es confiable».
También sostuvo que «la Argentina pagó y, por lo tanto, los tenedores tienen que exigir su pago, deben exigir al juez los fondos depositados por la Argentina» y en consonancia con el titular de Economía sostuvo que «aquellos que pretenden decir que Argentina está en default técnico es una patraña absoluta». Además, adelantó que se analizan presentaciones ante la Corte de La Haya y en la Asamblea de la ONU. Finalmente, señaló que «cualquier eventual acuerdo entre privados» no conlleva «la incumbencia del Estado».
Por último, estimó que se abren múltiples instancias en el plano internacional y remarcó la necesidad de un debate mundial, por ejemplo en las Naciones Unidas. «No puede la comunidad internacional avalar la acción de grupos minúsculos», afirmó.
