Como consecuencia de una labor que llevó años de gestión y diplomacia ante organismos internacionales, además de la promesa del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en su reciente visita a la Argentina, este miércoles se anunció la apertura de documentos clasificados que se encontraban bajo poder de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Con la presencia del vicecanciller Carlos Foradori y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se comunicó que la información recopilada durante la etapa de la dictadura cívico militar en el país podría esclarecer, o al menos colaborar, para esclarecer aproximadamente 60 casos de violaciones a los derechos humanos.
«Son denuncias que estaban registradas en el Comité de Convenciones y Recomendaciones del organismo. Se trata de actas que se fueron conformando, incluso, con respuesta del gobierno militar de entonces, vinculadas a reclamos sobre personas desaparecidas. Hay casos de ciudadanos uruguayos y chilenos. Y cabe señalar una particularidad: la UNESCO por aquellos años era una de las pocas ventanillas, como organismo internacional, donde se podían canalizar este tipo de denuncias», manifestó el Vicecanciller durante el anuncio.
Además, expresó que «ese comité de la UNESCO examinaba violaciones a los derechos humanos vinculadas fundamentalmente con víctimas del ámbito de la educación, la cultura, la ciencia y la comunicación. Hemos obtenido esos documentos hace dos o tres días y, siguiendo desde un comienzo las instrucciones precisas de la canciller Susana Malcorra, lo vamos a entregar de forma inmediata a la Secretaría de Derechos Humanos para que haga el procesamiento y el entrecruzamiento correspondiente».
Pese a que estos documentos no revelan el destino ni el paradero de los nombres que integran los textos, desde Cancillería estiman que la información podría representar un eslabón para la investigación de algunas de las 75 denuncias que UNESCO hizo públicas como consecuencia del requerimiento del Estado argentino.
Entre estos se encuentran los casos de Alfredo Bravo, Miguel Ángel Estrella, Claudia Falcone, Claudio Grandi, Alejandro Gutiérrez, Fernando de Hallgarten, la familia de Daniel Tarnopolsky (Betina, Sergio y Hugo Tarnopolsky, Laura del Duca y Blanca Edith Edelberg) y Anatole y Eva Julien Grisonas, entre otros.
Al respecto de esto, Daniel Tarnopolsky declaró que «es muy escueta la información. Falta que la UNESCO vuelva a mandar más datos sobre el ida y vuelta de los casos, que se abran realmente los archivos en forma completa. Algo es, pero si el gobierno argentino de esa época repitió con la UNESCO lo que hizo con la Organización de Estados Americanos será una tontería. En mi caso, el gobierno argentino contestó formalmente que puesto que yo vivía en Francia quería decir que todos mis familiares estaban clandestinos en Francia», recordó Daniel, al tiempo que expresó que se siente sorprendido «que sea la UNESCO, porque no estábamos al tanto de que se hayan ocupado de esto. Tampoco recuerdo haber mandado comunicación a la UNESCO aunque tengo que revisar mis archivos. Tal vez mi abuela sí lo hizo a través de la organización de familiares. Nosotros trabajábamos con la ONU, la OEA, Amnesty Internacional y la Cruz Roja y capaz alguno de estos organismos terminó derivando. Pudo haber un manejo de información entre estos organismos», reveló Tarnopolsky.
Abuelas denunciaron al Gobierno
La agrupación que preside Estela De Carlotto, fundada en 1977 para localizar y restituir a sus familias biológicas los niños desaparecidos durante el periodo 1976-1983, publicó un comunicado en el que expresan «profunda preocupación», a la vez que denuncian al Ministerio de Seguridad que se encuentra bajo responsabilidad de Patricia Bullrich, por el vaciamiento del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ) para colaborar con el trabajo de extracción de muestras de ADN por vía judicial para identificar posibles hijos e hijas de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar en Argentina.
El comunicado de Abuelas
«Las Abuelas de Plaza de Mayo expresamos nuestra profunda preocupación y denunciamos el vaciamiento que la ministra Patricia Bullrich está llevando adelante en áreas sensibles del Ministerio de Seguridad de la Nación, dedicadas al sostenimiento de las políticas de Derechos Humanos que venía sosteniendo el Estado Nacional. En particular, la desarticulación del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), creado a instancias de las Abuelas de Plaza de Mayo para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, que permiten la identificación de nuestros nietos y nietas.
Hoy se publicó en el Boletín Oficial la nueva estructura orgánica del Ministerio de Seguridad de la Nación, y allí pudimos constatar la desintegración de la Dirección de Derechos Humanos dependiente de la cartera ministerial. Este área ocupaba un rol muy importante en el relevamiento documental y en la producción de informes para asistir a las investigaciones judiciales por los crímenes de lesa humanidad. De ella también dependía el GEAJ, que fuera materia del Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009 (Acuerdo publicado en el Boletín Oficial el 20/11/09). Su creación obedeció a que, la delicada tarea de toma de muestras de ADN para identificar judicialmente a nuestros nietos, hijos de desaparecidos, no podía quedar en manos de las fuerzas de seguridad, que en muchos casos actuaban con complicidad con los apropiadores, fraguando la toma de muestras para tornar imposible las restituciones.
A fines de 2014 fue condenado, por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín, el Oficial de Policía, Adolfo Porcel por haber fraguado en 2005, en complicidad con el ex gendarme y apropiador, Víctor Enrique Rei, las muestras del allanamiento realizado en la restitución del nieto Alejandro Pedro Sandoval Fontana. Esto motivó la necesidad de crear un Grupo Especializado para colaborar con la Justicia en el ámbito de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad a cargo de civiles comprometidos con la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Las decisiones tomadas en la órbita del Ministerio de Seguridad implican un grave retroceso en los estándares alcanzados por el Estado Nacional en materia de investigación y juzgamiento en crímenes de lesa humanidad que lo tornan responsable internacionalmente.
Por tal razón, las Abuelas de Plaza de Mayo solicitamos al Presidente de la Nación que tome las medidas necesarias para dar marcha atrás con la grave decisión adoptada por la Ministra Bullrich. De lo contrario, denunciaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno Nacional por el incumplimiento del acuerdo de solución amistosa del año 2009.»
