Como consecuencia del aberrante veredicto que los jueces tucumanos tomaron al absolver a los trece imputados en la causa sobre el secuestro y explotación sexual de Marita Verón, muchas personas ayer marcharon en diferentes puntos del país y hoy continuarán expresando su desacuerdo.
Una de las convocatorias fue en la Casa de Tucumán, en el centro porteño, donde se registraron incidentes entre agrupaciones de izquierda y la policía. Las manifestaciones se realizaron en Salta, Tucumán, Córdoba, La Rioja, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Ushuaia, Entre Ríos, La Plata y Neuquén.
Es oportuno recordar que según la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional y sus protocolos se entiende por “trata de personas” la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, sexual, la prostitución ajena, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
La novedad hoy no es solo la demostración de un gran apoyo de la sociedad a esta causa sino la que aparece en el Boletín Oficial en el cual la presidente Cristina Fernández de Kirchner convoca al Poder Legislativo a sesionar entre el 18 y el 31 de diciembre al Congreso de la Nación para tratar cuatro proyectos, de los cuales uno de ellos es la modificación de la Ley Nº 26.364 (sancionada en 2008) sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Este proyecto ya cuenta con media sanción por parte del Senado, fue tratado en agosto del 2011, y estaba a la espera de que en algún momento sea nuevamente abordado. Algunas de las modificaciones que incluye este proyecto es la incorporación de asistencia a las víctimas de trata, la ampliación de las condenas para la explotación sexual simple a entre 2 y 4 años y para la explotación agravada cuando las víctimas hubiesen quedado embarazadas o fueran menores de edad, la pena sería de 5 a 15 años de prisión y permitiría que se unifique el delito sin diferencia de edad, al evitar que una víctima de 18 años tenga que demostrar que consintió ser explotada sexualmente, ya que quien debe probar el delito es la justicia.
Otro de los avances, que representa la primera consecuencia política de la sentencia, es la renuncia del ministro de Seguridad de la provincia de Tucumán, Mario López Herrera, que será reemplazado por Jorge Gassembauer al cual, en la conferencia de prensa de ayer, Susana Trimarco se refirió al ahora exministro seguridad como «un inútil» además de afirmar que «la seguridad de esta provincia es una vergüenza».
Lo que es importante para destacar, además, es que gracias al trabajo de Susana Trimarco de ser escuchada en su reclamo de justicia, hoy se está hablando sobre la trata y deja ser un tema tabú o naturalizado, en el cual se cosifica a la mujer. De a poco la sociedad, con sus exigencias y reclamos, está pidiendo un cambio que es posible gracias a la instalación política y mediática del tema, un cambio cultural que no puede ser posible si permitimos que más mujeres sigan desapareciendo en nuestro país.
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