Tras el fuerte reclamo y malestar que generó en la sociedad la iniciativa de aplicar un reajuste en la tarifa de gas a raíz del desfasaje cambiario que tuvieron las empresas, desde el Gobierno Nacional se anunció que el Estado afrontará el pago de la mitad de ese monto, mientras que la parte restante estará a cargo de las empresas. En ese sentido, una propuesta había nacido en la Unión Cívica Radical (UCR), principal socio político del PRO.

La aplicación del reajuste había sido anunciada por el secretario de Energía, Javier Iguacel, por medio de la Resolución 20.718 y hasta había sido ya publicada en el Boletín Oficial. Esta norma facultaba a las empresas prestadoras del servicio de gas natural a cobrar un adicional a los usuarios debido a la devaluación del peso a partir del 1º de enero de 2019 y en 24 cuotas.

Protesta y marcha atrás

La polvareda se levantó de inmediato e Iguacel llegó a catalogar a quienes protestaban de ser militantes kirchneristas. Desde la Justicia llegó la respuesta en manos del fiscal Guillermo Marijuan, quien presentó una denuncia penal contra el secretario de Energía por la posible comisión de los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. La postura del fiscal se basó en el artículo 248 del Código Penal que determina que se penalizará al funcionario público que “dictare resoluciones contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales”. “El efecto jurídico del pago es una ley porque está establecido en el Código Civil”, explicó Marijuan, por lo que la Resolución de Iguacel iría contra derecho. También algunos concejales dentro de Cambiemos habían presentado proyectos de repudio a la resolución.

El primero en anunciar la contra marcha fue el presidente del bloque de diputados de Cambiemos, el radical Mario Negri, a través de su cuenta de Twitter. “El Gobierno ya comunicó que no seguirá adelante con la Resolución 20/2018 de Energía que cobraba un retroactivo en la factura del gas. La mitad del gasto lo absorberá el Estado y la otra mitad las empresas, tal como propuso la UCR. Se alivia así el sacrificio de los usuarios”, escribió el legislador.

Posteriormente el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anunció que el Ejecutivo prepara una nueva resolución en sintonía con la propuesta del radicalismo para que la suba del gas no impacte “sobre la espalda de la gente”. Frigerio se reunió con los diferentes jefes de las bancadas de la Cámara Alta y manifestó que el Poder Ejecutivo “siempre” estuvo abierto a “escuchar alternativas que repercutieran menos sobre el bolsillo de la gente”. Además, comunicó que el desfasaje por la mega devaluación, estimado en 20.000 millones de pesos, no se cobrará a los usuarios sino que el Gobierno lo pagará en 30 cuotas.

La propuesta del radicalismo impulsaba que 10.000 millones los absorba el Estado nacional y los financie con el cobro a las nuevas exportaciones de gas, mientras que el resto fueran afrontados por las compañías. En la práctica, la parte a cargo de los privados también correría mayormente por parte del Estado debido a que una de las firmas prestadoras es la estatal YPF.

¿El Estado se hará cargo? Es decir que todos los ciudadanos afrontaremos esta compensación, solo que no lo veremos en nuestra factura sino que se irá por otros caminos como impuestos, una de las formas que tiene un gobierno para conseguir fondos para diferentes necesidades.

La legalidad de las cuotas

Es importante destacar que la resolución de la Secretaría de Energía se basaba en la ley 24.076 sancionada en 1992, que autoriza al ente regulador a que las empresas cobren ese extra. Una ley que, a más de 20 años de sancionada, ningún gobierno se decidió en modificar. Uno de los argumentos es que al tratarse de una privatización y no concesión de un servicio sería necesario expropiar la empresa y enfrentarse a un posible juicio en el CIADI como sucedió en otras oportunidades.

Al defender su medida, Iguacel indicó que se había decidido disponer la suba en 24 cuotas porque si no “en vez de 34,7% el incremento hubiera dado el 200”, y remarcó que si se vuelve a la política de importar gas y al desabastecimiento que dejó el kirchnerismo, “el que pagó 3.000 pesos pagaría 6.000 o 9.000 pesos”, según de dónde se importe el gas.

Ahora en materia de aumentos queda firme el incremento de la tarifa en un 34% promedio desde octubre y una segunda cuota del 15 en enero, definidas en audiencia pública, pero no se abonará en las facturas las 24 cuotas extras que pretendían las empresas prestadoras.

puntocero 2018

La comunicación es un derecho humano. Todos los contenidos y opiniones publicados en el sitio puntocero.me quedan bajo la exclusiva responsabilidad de su autor. El medio respalda la libertad de brindar información, emitir opiniones y comentarios aunque puedan no representar el pensamiento ni ideología del mismo.