Aunque nos pueda parecer raro, el inicio oficial de la campaña con vistas a la PASO por las candidaturas presidenciales recién fue este viernes. Con algunos debates televisivos, pero principalmente con los carteles en la vía pública y spots televisivos, uno pensaría que hace rato que estamos inmersos en campaña… pero no.

Seguramente es una de las consecuencias de que este 2015 sea un año completamente electoral con comicios a nivel provincial, internas y otras yerbas y en forma continua.

Sin embargo, la letra fría de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral (26.571) especifica que las campañas deberán comenzar 30 días antes de la fecha prevista para los comicios. Como las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias tendrán lugar el 9 de agosto, el día 10 de julio fue el inicio oficial para esta disputa.

Justamente, el hecho de que las campañas hayan sido iniciadas en forma adelantada llamó la atención a la Justicia. Al respecto, la Cámara Nacional Electoral en el mes de mayo emitió un fallo en el que reclamó a los jueces que penaran la actividad fuera de las normas legales. En el texto del fallo se menciona: “La publicidad fuera de plazo no solo implica un factor de desigualdad entre quienes participarán de la elección, sino que también conlleva un alto grado de opacidad respecto de la identidad de las fuentes de financiamiento en la medida en que no se declare, para conocimiento público, quiénes aportan los recursos económicos -en dinero o en especie- con los que se financia la promoción de dichos postulantes ni qué cantidades se destinan a ese objeto”.

Igualmente, no notaremos una disminución o diferencia en lo que los políticos vienen haciendo hasta ahora. La parte más sustanciosa de la campaña y donde se vuelcan más recursos es en la televisión y radio, para los que todavía faltan 10 días más para que empiecen “oficialmente”.

Y si hablamos de recursos, la Cámara Nacional también emitió opinión al respecto. Su titular, Santiago Corcuera, señaló en abril que aquellos precandidatos que finalmente hayan desistido de sus campañas deberán informar los gastos de las mismas. En caso contrario serán imputados a los gastos de los candidatos de las mismas fuerzas que hayan seguido en la competencia. Esos gastos se deducirán del límite de 85 millones de pesos que pone la ley como tope para las campañas.

En lo que hace a la publicidad televisiva cabe recordar que la mencionada ley, sancionada en 2009, fija dos criterios que deben usare para repartir los espacios publicitarios. El primero es un sorteo por parte de Dirección Nacional Electoral, de manera equitativa para todos los aspirantes; el segundo es un reparto en base a la cantidad de votos obtenidos por cada fuerza en las elecciones previas.

Un aspecto importante en lo que hace a las campañas anticipadas estuvo relacionado con la capacidad económica que pueden tener algunos precandidatos que posean el respaldo de una administración de gobierno por detrás. En estos casos no es raro que los recursos oficiales se vuelquen a las campañas mediante la publicidad oficial, lanzamientos de programas u obra pública. Estos también tendrán un límite. Solamente hasta el 25 de julio los candidatos podrán aparecer en actos públicos de gobierno. En rigor de verdad, una prohibición, nadie va a hacer un acto público si no está la cara del gobernador.

Otro tema más. Este viernes la Cámara Nacional Electoral publicó el padrón definitivo donde se puede consultar el lugar de votación y está previsto que se nombren las autoridades de mesa y se termine el plazo para la aprobación de las boletas oficializadas.

Las 13 fórmulas que aspiran a alzarse con una candidatura presidencial ya tienen vía libre. En verdad, vienen compitiendo hace tiempo a lo largo y a lo ancho de todo el país.

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