Las investigaciones sobre las actividades de los Escuadrones de la Muerte hacen pensar que estas estructuras clandestinas comenzaron como apéndices de los servicios de Inteligencia de los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada. Además, en general se encuentran financiadas por los gobiernos que permiten y callan los asesinatos. La complicidad de muchos generó que, por años, se naturalice la desaparición forzada, los asesinatos a sangre fría y la tortura en todas sus formas.

Luciano Lima da Silva, conocido como “Chino”, murió acribillado a balazos en 1991 en el barrio carioca de Lapa. En el momento del levantamiento del cuerpo sin vida tenía las manos toscamente atadas a la espalda con alambres y un tiro de gracia en la frente denunciaban la acción de un escuadrón de la muerte. Luciano tenía 14 años y vivía en la calle desde los 9 como millones de niños abandonados que pululan en las plazas de Río de Janeiro, Sao Paulo o Belo Horizonte.

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) reveló recientemente que el 63% de los niños de 9 a 12 años que murieron en el país en 1989 fueron asesinados.

Marcados para la muerte

A los asaltantes e indigentes en Pereira, Colombia, a finales de los años 70′ les marcaban sus manos y su cara con una tinta roja: esa era su sentencia de muerte. Los marcados con ese sello macabro comenzaron a aparecer tirados sin vida y con signos de tortura en las calles de la capital risaraldense.

Según datos del Centro de Investigación y Educación Popular, el exterminio social en Colombia se cobró la vida de más de cuatro mil personas. El autor de la investigación, Carlos Mario Perea, plantea que esta dinámica ha permanecido oculta y que la ausencia del Estado permite su legitimización. Un sistema igualmente terrorífico se implementaría durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas de combate entre el 2006-2009 y se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona protegida. Según el informe “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” que la Fiscalía General le entregó a la Jurisdicción Especial de Paz en agosto del 2018, ascienden a 2.248.

En Uruguay se operaba de forma parecida: el objetivo era perseguir, torturar y desaparecer a civiles comprometidos con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, así como también a abogados defensores de presos políticos y familiares de aquellos.

Los escuadrones de la muerte, también conocidos como Comandos Caza Tupamaros o Defensa Armada Nacionalista (DAN), fueron grupos parapoliciales de extrema derecha que operaron en Uruguay en las décadas de los 60′ y 70′. Integraron un movimiento de contrainsurgencia conformado por civiles, militares y policías cuyo accionar tenía por objeto la represión de integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros por medio de “atentados, secuestros, torturas y homicidios”.

Armas contra el pueblo

Este fenómeno se presenta “cuando un actor se arma para ultimar a población civil desarmada”. Así es como lo define Carlos Mario Perea, y aclara que existen tres tipos de limpieza: social, política y étnica. La primera es un aniquilamiento sistemático sobre poblaciones que tienen características específicas por una condición o identidad social. Por eso sus víctimas suelen ser jóvenes, pandilleros, personas que consumen drogas, que hacen robos o que son homosexuales o transgénero. La limpieza política se refiere al asesinato sistemático de personas que están haciendo militancia de algún tipo y que se pueden clasificar como partidarios de movimientos opositores. La limpieza étnica, como su nombre lo indica, se refiere a ejecuciones de personas de diversas poblaciones pertenecientes a minorías raciales.

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