Tras la resolución del juez Thomas Griesa de rechazar el pedido argentino de reabrir la cautelar y el pedido del magistrado de que ambas partes, los bonistas y representantes del Estado siguieran adelante con las negociaciones, se realizaron dos reuniones entre ambas partes. El día martes por el lado argentino estuvieron presentes la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona; el subprocurador, Javier Pargament; el secretario de Finanzas de Economía, Pablo López; y el secretario Legal y Administrativo del palacio de Hacienda, Federico Thea. Los funcionarios no se encontraron con los bonistas sino que se reunieron con el mediador nombrado por Griesa, Daniel Pollack.
Tras tres horas de reunión en las que no se llegó a ninguna solución, Pollack informó que «los asuntos que separan a las partes del caso siguen sin resolverse en este momento» y que la idea es que «los encuentros se repitan en los próximos días». Por otra parte, señaló que propuso un encuentro conjunto entre ambos que fue rechazado por el gobierno argentino por no estar conforme con las condiciones actuales de la negociación.
Posteriormente, el Ministerio de Economía dijo en un comunicado que “tal como ya fue manifestado por la República Argentina ante el juez Griesa, se explicaron las razones por las cuales resulta necesario proveer algún instrumento financiero que brinde seguridad a la República respecto de los riesgos asociados a la cláusula RUFO». Al respecto, se explicó que si los litigantes no proveen dichas garantías a la República, un stay (cautelar que postergue la aplicación de sentencia original) sigue siendo la mejor opción para permitir que se avance hacia una solución en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables para la totalidad de los bonistas.
«La Argentina se ha reunido con el señor Pollack todas las veces que ha sido necesario y reafirmó en el día de hoy que está dispuesta a continuar con dichos encuentros, habiéndose fijado una nueva reunión para el día de mañana a las 10 horas», indicó el Palacio de Hacienda. Además, la cartera económica expreso su preocupación por la falta de resolución del juez Thomas Griesa en la audiencia y las distintas opciones presentadas por los bonistas del canje y diversas instituciones financieras; lo que impide el cobro de los fondos ya pagados por la Argentina el pasado 26 de junio.
También desde el Palacio de Hacienda se rechazaron las versiones de que el gobierno no quiera reunirse con los fondos buitre hasta tener una garantía por una cuestión de mala voluntad. Al respecto, se precisó que «la práctica de contar con un mediador con quien conversan las partes separadamente es habitual en este tipo de procesos», y que «es práctica usual de la Secretaría del Club de París intermediar entre las partes de esta manera, modalidad que se implementó exitosamente en el reciente acuerdo alcanzado por la Argentina».
Este viernes la reunión fue más corta, duró solo 70 minutos en lugar de tres horas. Por el lado argentino estuvieron presentes los mismos funcionarios junto con el mediador Pollack pero no hubo contacto directo con los abogados de los bonistas. De acuerdo a lo que se pudo saber, las diferencias continúan siendo las mismas que han alargado esta disputa: la reposición del amparo y la cláusula RUFO. Esta disposición, que entraría en vigencia a fin de año, obliga a la Argentina a reconocerles a los acreedores que aceptaron los términos de los canjes de 2006 y 2010 a recibir el mismo dinero que se les haya pagado a los tenedores de bonos que no ingresaron en aquellos llamados y que hubieran tenido un beneficio superior.
Por el lado de los fondos buitres se difundió un comunicado en el que acusaron a la Argentina de no querer negociar. «Hoy el Gobierno argentino dejó en claro que la semana que viene elegirá el default», se señala en el escrito y agrega que «los acreedores llegaron esta tarde preparados para negociar y dispuestos a ser flexibles en las búsqueda de una solución».
El gobierno contra Griesa
En un discurso dado en la Cancillería en el marco de una reunión del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas de la UNASUR, el ministro de Economía, Axel Kicillof, criticó al juez Griesa al calificar su fallo en la disputa con los holdouts como «inédito, insólito, incomprensible e incumplible».
«Nadie quiere un default, nadie festeja un default», afirmó el jefe del Palacio de Hacienda, quien aseguró que los fondos buitre buscan «tirar abajo el proceso de reestructuración» de deuda realizado por Argentina en 2005 y 2010, para «revertir la tendencia y volver al modelo anterior, de sobreendeudamiento de nuestros países».
“Argentina fue arreglando todos y cada uno de los problemas generados por el default. Reestructuró su deuda con acreedores privados y con el Club de Paris, le pagó al FMI. Todo el desastre que había dejado el sobreendeudamiento se fue normalizando hasta la situación de hoy en que todo se ha normalizado”, expresó Kicillof.
Finalmente, señaló que “si le pagáramos lo que reclaman, obviamente el 92% de los tenedores que reestructuraron tendrían derecho a reclamar exactamente el mismo trato. No hay reestructuración si uno no les asegura a quienes entran que uno no va a ofrecerle más al otro. Argentina quiere que la dejen seguir creciendo y seguir cumpliendo con sus obligaciones y su pueblo”.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reiteró que es necesario que el juez Griesa reponga la medida cautelar para dar tiempo a negociar un acuerdo con los buitre sin el riesgo de que se gatille la cláusula RUFO. El funcionario afirmó que “es muy simple y sencillo de resolver si existe buena fe de los buitres y actitud racional del juez”, y consideró que es fundamental “tener el tiempo suficiente para que mediante el diálogo se generen condiciones justas para todos”.
Con relación a los fondos buitres, Capitanich dijo que desde el gobierno «observamos una actitud de mala fe de parte de los fondos buitre. Si tuvieran buena fe, contemplarían la necesidad de la suspensión de la ejecución de la sentencia para tener el tiempo necesario y suficiente en el cual mediante el diálogo se generen las condiciones para un acercamiento», manifestó.
“Consideramos que es una vía que permite la solución adecuada del problema. Lo hemos planteado en presentaciones judiciales y hemos tenido la sistemática negación por parte del juez”, explicó el funcionario.
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