Así como ese 2 de diciembre de 1993, mientras aún caliente el cuerpo sin vida del capo más buscado en Colombia, Pablo Escobar Gaviria, el pueblo se regocijaba y celebraba el triunfo sobre la barbarie, el narcotráfico y el terror, de la misma forma ocurrió cuando se proclamaba el cese de las FARC como movimiento armado, después de más de 50 años de lucha desde los montes. La consolidación de un nuevo partido trajo un poco de alivio al pueblo. Alivio que no duraría mucho.

“A rey muerto, rey puesto”

Esto no solo pasó en los 90′ cuando grupos y carteles de droga se disputaban el territorio, el poderío y los negocios que Escobar dejaría tras su muerte. También se ve ahora, porque el pueblo teme la revancha. Los grupos que eran alejados por las FARC vuelven con mayor fuerza. Se desquitan con el campesino, el trabajador y su territorio.

El paramilitarismo nace como un fenómeno histórico relacionado con la acción de grupos armados ilegales de extrema derecha, organizados a partir de la década de los setenta con el fin de combatir a los grupos armados de extrema izquierda como las FARC, también denominada guerrilla.

Dentro de los grupos paramilitares más conocidos por su barbarie se encuentran las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar insurgente y terrorista de extrema derecha que participó en el conflicto armado en Colombia, siendo uno de los grupos criminales que más víctimas ha dejado en el país. Se consolidó como agrupación paramilitar a finales de la década de los 90′ y su principal objetivo era, en principio, combatir a organizaciones de izquierda ilegales como las FARC-EP, el ELN o el EPL en varias regiones de Colombia, aquellas que estaban controladas por varias facciones del grupo guerrillero.

Todos vinculados

Aunque en 2006 se conoció la noticia de la desmovilización del último de los 30.150 hombres que pertenecían a las AUC según el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, existen indicios de que aún existen células libres que forman grupos de menor tamaño que azotan municipios y controlan regiones.

Los grupos paramilitares son patrocinados por grupos ganaderos, terratenientes y narcotraficantes de las regiones donde operan, como consecuencia de las amenazas y extorsiones de las guerrillas. Más del 70% de sus ingresos es proveniente del narcotráfico, el secuestro y la extorsión, además de recibir dinero de multinacionales que operan en las zonas bajo su control.

Es tan maligna esta célula, que infecta todo el organismo de Colombia. Se reconoce que también se recibió colaboración de varios miembros de las Fuerzas Armadas y mantuvieron estrechos vínculos con múltiples políticos colombianos, con el objetivo de ganar poder militar y político en el país.

Denuncias internacionales

Las actividades de estas organizaciones se caracteriza por su barbarie, y son responsables de numerosos asesinatos y masacres de civiles y sindicalistas. Según las Naciones Unidas, las AUC son responsables del 80% de los asesinatos de civiles del conflicto armado en Colombia.

Otros hechos violetos que han dejado una marca permanente en el pueblo, como el desplazamiento forzado y la masacre a miembros de numerosas comunidades, generaron denuncias a organismos nacionales e internacionales.

El pueblo colombiano sigue afligido por esta enfermedad que no cede ante ninguna posible cura. Solo es un placebo pensar en una posible paz y cese al fuego. La intimidación, el acoso y la fuerza militar son los principales métodos utilizados para el despojo de tierras, una actividad que representa el 44% de los desalojos originados en el país, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).

Uno cada cuatro días

Según un informe sobre la situación de defensores de derechos humanos en los territorios del país realizado por Indepaz, Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria, a lo largo de este año 124 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia.

Si se contabilizan los homicidios cometidos contra líderes en el país desde la firma de los Acuerdos de Paz del Gobierno con las FARC, la cifra se torna aún más preocupante. Según los registros de Indepaz, desde diciembre de 2016, 295 defensores han sido asesinados en el país, es decir que en promedio se registró una muerte cada cuatro días.

No obstante, en la primera semana del mes de julio, nueve líderes sociales fueron asesinados en los departamentos de Chocó, Caquetá, Atlántico, Antioquia, Córdoba y Nariño.

En la Colombia del Gabo siguen lloviendo balas, sigue corriendo sangre y un pueblo confundido y aterrado.

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