Por medio de un proyecto impulsado por el ministro de Gasto Público y Reforma de Irlanda, Brendan Howlin, esa nación europea promueve una protección legal para los trabajadores que observen y denuncien irregularidades de los sectores públicos y privados a fin de que los empleadores puedan tomar medidas.
Según señala la ONG Transparencia Internacional los empleados podrán denunciar estos hechos y se prevé una publicación escalonada que aliente a los trabajadores a informar a su empleador.
La nueva legislación irlandesa tiene por finalidad proveer de un marco legal sólido en el que los trabajadores puedan plantear cualquier clase de inquietudes a los empleadores y reguladores sobre posibles irregularidades que adviertan en su lugar de trabajo. La propuesta, entre otras aspectos, ayuda a generar un ambiente más seguro donde los empleados tengan derecho a obtener reparación por despido improcedente, como también por discriminación u acoso.
«El proyecto de ley debe darle la seguridad a todos los trabajadores de que, en caso de que alguna vez tuvieran que tomar la decisión de hablar sobre las malas conductas en el lugar de trabajo, encontrarán que la sociedad valora sus acciones como totalmente legítimas, apropiadas y de interés público”, explicó Brendan Howlin.
El informe publicado por Transparencia Internacional expresa que la ley propone un sistema de “divulgación escalonada” que estimule a los trabajadores a dar a conocer a su empleador hechos de corrupción laboral. Sin embargo, en caso de que los empleados considerasen que la información podría ser encubierta, podrán concurrir directamente ante las autoridades y los medios de comunicación.
El director ejecutivo de Transparencia Internacional de Irlanda, John Devitt, consideró que «esto podría ser un paso muy importante en la lucha contra la corrupción y promoción de la buena gobernanza”. Además, añadió que “esta legislación va a ser buena para los trabajadores, los empleadores y el público”.
Principales propuestas
Los artículos del proyecto de ley incluyen una indemnización de hasta cinco años por despido injustificado. Además, se establece que si un denunciante o miembro de su familia sufriera coacción, hostigamiento, intimidación o discriminación por parte de un tercero, la legislación prevé un derecho de acción por responsabilidad extracontractual contra esa persona.
La iniciativa también contempla atención a la protección de la identidad de un denunciante: los mismos serán beneficiados con inmunidad civil respecto de las acciones por daños y perjuicios y obtendrán un privilegio cualificado bajo las leyes de difamación.
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