Con motivo de cumplirse 42 años de la fecha de inicio de la última dictadura cívico militar en Argentina, el Consejo de la Magistratura de la Nación homenajeó a los magistrados que integraron el tribunal que juzgó y condenó a los jerarcas militares que lideraron la etapa más oscura y sangrienta de nuestro país.

Con la presencia de los exjueces León Arslanián, Rodolfo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y familiares de los fallecidos Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz y del fiscal Julio César Strassera, el titular del Consejo, Miguel Piedecasas, señaló que “el juicio a la Junta Militar debe ser un símbolo del prestigio que la justicia argentina hoy tiene que recuperar”. El funcionario calificó a quienes integraron ese tribunal de “héroes jurídicos que tenían entre 36 y 52 años cuando se había compuesto esta Cámara Federal que emprendió un desafío histórico en un contexto sociopolítico que no era el más favorable y hoy es la base de la justicia democrática argentina”.

“Había un simulacro de justicia”

Además, Piedecasas expresó que este homenaje “es una oportunidad de reivindicación de un hecho histórico que fue aquella sentencia que brindó verdad a la sociedad argentina”. Al rememorar el contexto del que salía el país, recordó que “en esa época había un simulacro de justicia, con desapariciones con habeas corpus, con detenciones ilegales, allanamientos en las sedes de los derechos humanos, personas que fueron privadas de la vida sin poder tener un juicio, atentados contra la propiedad, contra la libertad e identidad sexual, violación de todo tipo, etcétera. Hoy no queremos más ese tipo de justicia y tenemos que tener bien presentes los horrores que pueden tener lugar cuando la democracia y el estado de derecho son pasados por alto”.

Finalmente, el Presidente del Consejo también recordó al expresidente Raúl Alfonsín, que decidió juzgar a la Junta Militar y “sostuvo su compromiso con este juicio histórico y con la necesidad de verdad y justicia de la sociedad, y respeto por la dignidad del hombre”.

Posteriormente, los exmagistrados tuvieron la oportunidad de manifestar su opinión y recuerdos de esa época aciaga. Arslanián mencionó su primer contacto brutal con el proceso en la mañana del mismo 24 de marzo y remarcó que “se hizo un juicio ejemplar por el respeto por la ley, la Constitución, el Código y toda la ingeniería jurídica que se diseñó para estos fines”. Asimismo, Arslananión señaló que el pedido de Alfonsín de juzgar a los militares era “una empresa azarosa en aquel momento, que era la de ser gestores de recomponer las bases de la justicia y la democracia”.

Por último el exjuez recordó a quienes fueron partícipes de la gesta, que colaboraron y se esforzaron para que tuviera éxito y “tuvieron la valentía para ayudarnos con cientos de informes y testimonios. No sabemos si hubiese sido igual sin ellos, al igual que pasa con Strassera y con nuestros compañeros que ya no están”.

Respeto a la ley y la Constitución

Por su parte, Guillermo Ledesma consideró que “el juicio fue un punto de partida para una refundación de la justicia, igual que el doctor Alfonsín, sin cuya decisión política, su valentía, no hubiera sido posible. Y así también reconocer a Ernesto Sábato, que presidía la Conadep y que puso base fundamental para el conocimiento de los hechos”. Ledesma también señaló que el cometido de juzgar a la cúpula militar no fue fácil y que debieron “ser gestores de recomponer las bases de la justicia y la democracia. Se hizo un juicio ejemplar por el respeto por la ley, la Constitución, el Código y toda la ingeniería jurídica que se diseñó para estos fines”.

Como consecuencia del jucio se hizo carne la posiblidad de que no se resolvieran más las crisis institucionales o políticas por vía del golpe y la interrupción institucional. Ledesma expresó que “en ese momento, en la constitución real de los argentinos los golpes de estado estaban reconocidos. Cada tanto los árbitros del país eran los militares que resolvían interrumpir la continuidad institucional. El juicio puso punto final a esta posibilidad, se juzgaron a varios presidentes y cúpulas militares, se recuperó la democracia y no hubo más golpes de estado”.

Dificultades para trabajar

Por su parte Gil Lavedra indicó que fue el destino “el que nos puso en ese momento y en ese lugar de acuerdo a las posibilidades que nos daba el contexto. Es difícil trasladarse con la mirada a lo que pasaba en ese momento, con delitos salvajes y clandestinos” y además señaló la dificultad de la tarea, ya que “aparecían elementos jurídicos, materiales y políticos que lo hacían difícil, como la ley de Amnistía que el Congreso derogó. Era una barrera que parecía insalvable. Hoy parece más fácil gracias a que se introdujeron el país categorías que no existían”.

Finalmente, Valerga Aráoz sostuvo que “gran parte del éxito que tuvo el juicio se debe a los testigos y víctimas, que con toda valentía se presentaron primero a la Conadep y luego ante la fiscalía, y que permitieron reconstruir lo que ocurrió durante la más sangrienta dictadura militar de la argentina”.

“No debían ser juzgados”

Al igual que sus colegas, subrayó la ardua labor previa al juicio para el armado de la arquitectura jurídica que permitiera juzgar los crímenes cometidos. Al respecto, Valerga Aráoz señaló: “Hubo un procedimiento anterior en que se trabajó muchísimo en las pruebas, una ingeniería jurídica que se llevó a cabo para poder concretar el juicio, mientras el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas realizaba su propia investigación y juicio interno, que era lo que correspondía”. El tribunal militar sostuvo que las órdenes que “se habían dado eran órdenes militares incuestionables en su contenido y forma, lo que era lo mismo que decir que no debían ser juzgados”.

Como corolario del juicio, el exmagistrado señaló que desde diciembre de 1985 “ya no se discutió más qué es lo que había pasado, ya nadie podía decir, por ejemplo, que los desaparecidos estaban gozando una vida en el exterior”.

Al finalizar el acto, que tuvo lugar en el salón Lino Palacio del Consejo de la Magistratura, se hizo entrega de dibujos artísticos y medallas a los exjueces homenajeados. Entre los presentes al evento estuvieron Agustín Cinto (administrador federal del Poder Judicial de la Nación), Stella Maris Martínez (defensora general de la Nación), Mariano Borinsky (integrante de la Cámara Federal de Casación Penal), Alberto Dalla Vía (presidente de la Cámara Nacional Electoral), Luis García (presidente de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional), Eduardo Daniel Gottardi (presidente de la Cámara Civil y Comercial Federal), Marcela Basterra (presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires), Ana María Conde (vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires) y Julio Piumato (secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación).

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