El caso de Gianmarco Dolce, hijo de la exmodelo y conductora de Disney Bárbara Durand y el empresario Gian Dolce, quien en la mañana del viernes 26 de abril conducía la Ford Ranger de su madre (que la marca le había dado a modo de canje publicitario) en estado de ebriedad por Panamericana y atropelló y mató a tres trabajadores que aguardaban la llegada de un cuarto compañero para ir al trabajo, no solo abre el debate por la penalización cuando una persona se pone al volante con alcohol en sangre (Dolce tenía, según las pericias posteriores, 1,14 gramos -el doble de lo tolerable) sino que saca a la luz cómo la Justicia puede encontrarse al servicio del poder económico.

Antes de continuar con el asunto en cuestión, vale recordar que las víctimas del incidente fueron Esteban Bart (de 28 años), Fernando Bustamante (33 años) y Walter Flores (34). Estos trabajadores se dirigían en una Volkswagen Gol hacia sus empleos y esperaban en la banquina a Javier Ibarra, que se había demorado porque tenía que cargar su tarjeta SUBE.

Rápidamente, la causa por homicidio culposo agravado fue archivada. El fiscal Diego Molina Pico utilizó para resolver la mediación la Ley 13.433 de la provincia de Buenos Aires que expresa en el Artículo 6 lo siguiente: “b) Causas cuyo conflicto es de contenido patrimonial. En caso de causas en las que concurran delitos, podrán tramitarse por el presente procedimiento, siempre que la pena máxima no excediese de seis años”. Vale aclarar, para comprender la situación, que la pena para Gianmarco Dolce hubiese sido de 2 a 5 años de prisión, por lo que cuadra perfecto para realizar la mediación que estuvo en manos de Mariano Cúneo Libarona, abogado de la familia Dolce.

Al respecto de esta resolución, María del Carmen Verdú, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), manifestó que “hace un tiempo que se viene incorporando en la legislación procesal y penal una serie de cuestiones importadas de Estados Unidos que tienen que ver con la disponibilidad de la acción penal en el marco de estos procedimientos de mediación, de soluciones alternativas de conflicto. Viene todo con un lenguaje muy atractivo, como una forma más civilizada de resolver los litigios. Lo que hacen en definitiva es dejar en manos de una situación privada lo que tendría que seguir siendo ámbito de resolución por parte del poder estatal”. Para ser más concreto, la vida de las personas puede resolverse con dinero: los tres obreros le costaron a Dolce un millón y medio de pesos.

Al darse a conocer el asunto, el gobernador Daniel Scioli anunció que enviará un proyecto de ley para evitar este tipo de mediaciones. Al mismo tiempo, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, expresó que “es un pésimo mensaje para la sociedad que alguien que provocó la muerte de tres personas al conducir alcoholizado, pueda seguir manejando como consecuencia de un acuerdo judicial. Más allá del beneficio que se le pudo haber otorgado, el Estado tiene la obligación de bregar por el cuidado de la vida y el respeto a las leyes”.

Por si esto fuera poco, el acuerdo llevado adelante por las partes permite que ya no pueda ser juzgado ni condenado y habilita a Gianmarco Dolce a conducir, aunque el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, firmó un decreto para mantenerle la suspensión del registro.

Al respecto, Verdú detalla que todo esto es “es una trampa para pobres” y agrega que “los argumentos que te dan a favor de estas cosas muestran la miseria del sistema, porque si el juicio no demorara siete o diez años, esa extorsión no jugaría”. Y para simplificar el mensaje, expone un ejemplo: “Supongamos que me atropellan, me rompen una pierna. O me rompen mi auto de trabajo que es mi herramienta porque soy remisero. En la mediación te ofrecen el 10% de lo que se obtiene en una sentencia. La diferencia es que si mi cliente se está cagando de hambre, no puede vivir siete años esperando el juicio. ‘Yo tengo que pagarme la prótesis hoy’, te dice el cliente”.

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