Haití lleva más de una semana inmerso en una situación de inestabilidad provocada por una ola de protestas en Puerto Príncipe contra el Gobierno. El país caribeño optó por movilizaciones que derivaron en altercados violentos como el saqueo de comercios y que dejaron, al menos, 9 muertos en los últimos 8 días.

Convocados bajo la ira por la imparable inflación y el supuesto robo de 2.000 millones de dólares en petróleo enviado por Venezuela, miles de haitianos tomaron las calles para exigir la salida del poder de Jovenel Moise (50 años), un empresario del sector banano que irrumpió en la política hace dos años con un discurso populista que prometía sacar de la pobreza a la isla caribeña. Promesa bastante alta para un país que en los últimos años se sumió en la inestabilidad, los desastres naturales y la corrupción.

La paciencia se agota

La gota de rebalsó el vaso casi lleno de los haitianos a finales de enero fue el informe que publicó el Tribunal de Cuentas sobre el desvío de unos 2.000 millones de dólares de Petrocaribe, a través del cual Venezuela suministra petróleo a este país a precio subsidiado, y que implica a una empresa encabezada por el actual mandatario. Además, el informe señala varios casos de malversación de fondos de Petrocaribe de altos cargos del Gobierno haitiano durante la etapa de Michel Martelly en la presidencia. Martelly fue quien eligió a Moise como candidato de su partido a las elecciones presidenciales de 2016, los comicios que lo llevaron al poder.

Jovenel Moise rompió su silencio después de una semana en la que solo se limitó a pedir diálogo. «No dejaré el país en manos de pandillas armadas y traficantes de drogas», dijo en la televisión estatal.

El primer mandatario reconoció que la crisis es «muy grave», aunque no anunció medidas para resolver la difícil situación política y económica, tarea que dejó al primer ministro, Jean-Henry Céant. Ante la ola de violencia, el primer ministro anunció una serie de medidas, incluidas acciones contra el contrabando y la corrupción para atender las manifestaciones populares y reducir las tensiones políticas por las que atraviesa el país caribeño. «También se retirarán los privilegios innecesarios a los funcionarios del Estado, como gastos de combustible, de teléfono, viajes inútiles al extranjero, y asesores», agregó Ceant este domingo al portal AlterPresse.

Violencia y cólera, cóctel mortal para Haití

Parece que la inestabilidad al país caribeño no le da respiro. Según Amnistía Internacional, en octubre del 2018 la Resolución 2.350 del Consejo de Seguridad de la ONU puso fin al mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que había durado 13 años. Las fuerzas de mantenimiento de la paz se marcharon tras años de controversia por su presunta responsabilidad en el brote de cólera que estalló en 2010 y tras numerosas denuncias de violencia sexual. La MINUSTAH fue remplazada por la Misión de la ONU de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), cuyo mandato era reforzar el estado de derecho.

Según el mismo ente, entre enero y junio del 2017 hubo 7.623 nuevos presuntos casos de cólera y 70 muertes relacionadas con la enfermedad. Desde el brote de 2010, más de 800.000 personas habían resultado infectadas y cerca de 10.000 habían muerto.

El «Nuevo enfoque de Naciones Unidas sobre el cólera en Haití», presentado en 2016, tenía una grave carencia de fondos. Al contrario de lo planeado, no se realizó ninguna consulta a las personas sobrevivientes. Así, los programas de atención individual se suspendieron. Quienes defendían a las víctimas se quejaron, argumentando que esta situación era incompatible con el derecho a recibir reparación.

Cierre y vámonos

En respuesta al contexto actual, Puerto Príncipe cerró sus comercios y escuelas, los bancos y embajadas están a puertas cerradas. Varios países retiraron sus empleados de las embajadas. España y México mantienen suspendido el servicio consular, mientras que Canadá y República Dominicana bajaron las persianas.

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