En medio de un clima de violencia y tensión en las afueras del edificio, la Legislatura Porteña aprobó por 34 votos a favor y 26 en contra la creación de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UniCABA). Los números fueron los que se manejaban en la previa.
Con esta ley, cuyo proyecto fue modificado en septiembre luego de que la iniciativa original encontrara fuertes resistencias cuando se conoció en noviembre de 2017, reforma el sistema de formación docente porteño y se establecerá entre el nuevo instituto y los 29 profesorados estatales y 44 privados una coexistencia que, inicialmente, no era tal.
Complementos
La ley determina que el Ministerio de Educación e Innovación porteño promoverá «la articulación entre la UniCABA y los Institutos de Formación Docente (IFD), a los fines de cumplir con los criterios de calidad» que establece la Ley Nacional de Educación.
Para llegar a esta coordinación se realizarán «ciclos de complementación curricular» para que los egresados de los IFD obtengan el grado universitario con «contenidos vinculados a las políticas públicas jurisdiccionales».
Por otra parte, se celebrarán «convenios de colaboración mutua que favorezcan la movilidad de estudiantes y docentes entre ambas instituciones, logrando transferir las mejores experiencias entre ellas; y convenios de colaboración mutua para que los estudiantes de la UniCABA puedan realizar las prácticas educativas previstas en sus planes de estudio, en los distintos ámbitos y modalidades del sistema educativo» porteño.
Control total
Además, el ministerio educativo de la Ciudad tendrá la potestad de «realizar la evaluación institucional, promover la auto evaluación y la mejora continua a los fines de asegurar los niveles necesarios de calidad educativa». También tendrá a su cargo la planificación integral de la «oferta de carreras, la formación docente continua y el desarrollo profesional, el diseño de planes de estudio y el desarrollo de planes de investigación y de extensión» del sistema de formación docente.
La UniCABA, como toda casa de altos estudios, gozará de autonomía académica e institucional y autarquía económica, financiera y administrativa. El Poder Ejecutivo deberá designar a un «rector/a Organizador/a» que deberá contar con «acreditada idoneidad y experiencia académica en el ámbito universitario» y será el encargado de «llevar adelante la etapa de organización y el proceso de formulación del Proyecto Institucional y del Proyecto de Estatuto». Previamente, se elaborará un «estatuto provisorio» y comunicar al respecto al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad.
En lo que hace al financiamiento de la UniCABA el Poder Ejecutivo de la Ciudad estará facultado a «realizar las modificaciones presupuestarias necesarias, a fin de garantizar los recursos indispensables para atender las erogaciones correspondientes» hasta que la universidad cuente con su propio presupuesto.
¿Coexistencia o muerte lenta?
Durante la discusión legislativa, el titular de la Comisión de Educación, Maximiliano Ferraro, y uno de los mayores defensores de la iniciativa, señaló: «No nos creemos dueños de la verdad revelada, pero sí estamos convencidos de que parte de esta ley ayudará al Ministerio de Educación, a las instituciones educativas y a quienes piensan e investigan la educación a crear este tipo de políticas necesarias para el porvenir y la construcción de ciudadanía», expresó.
El legislador de Vamos Juntos reafirmó la continuidad de los 29 institutos de formación docente ante la desconfianza de los rectores de los UDF que indicaron que pese a los cambios en el proyecto se trata de «muerte lenta» de los profesorados.
Roy Cortina, legislador por el socialismo, refutó los dichos de Ferraro y sostuvo que «la comunidad educativa jamás fue consultada en serio. La metodología durante toda la discusión fue desprolija. Los intelectuales que, supuestamente, se hicieron cargo del proyecto jamás aparecieron. Pareciera que la UniCABA tiene efectos mágicos. ¿Por qué no podemos continuar con lo que ya funciona bien? No hay nada más impersonal que la universidad si lo que se quiere fomentar son las prácticas».
«Un docente gana un décimo de un legislador»
Por su parte, Gabriel Solano, del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), sostuvo que «este proyecto no tiene otra finalidad más que terminar con los 29 institutos de formación docente. La verdad la dicen los borrachos, los niños y el proyecto original. Como se armó un quilombo de novela, lo reformularon. Si faltan docentes, aumenten los salarios. Un docente gana un décimo de lo que gana un legislador. Debería ser al revés: que los docentes ganen diez veces lo que gana un legislador».
Desde el oficialismo porteño se insistió en «el valor de la evaluación de la iniciativa que Establece la implementación de una doble evaluación a los profesorados públicos y privados: una externa a cargo de una unidad del Ministerio de Educación y otra auto evaluación institucional. «Las evaluaciones ya no son como en los 90′. Hoy ya son multidimensionales y no buscan castigar, sino mejorar», argumentaron los legisladores de Vamos Juntos.
Otra de las críticas opositoras se enfocó en la necesidad de sancionar antes una Ley de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, Leandro Halperín, de la bancada de Evolución, expresó: «La mirada integral no se da en una ley de formación docente. La Constitución nos obliga a pensar primero una Ley de Educación general en CABA, que incluya la formación docente en uno de sus puntos. El oficialismo tiene que revisar de qué forma dialoga con los que no pensamos igual».
