Por medio de un comunicado, la compañía Uber defendió su utilización en Argentina y reclamó que se sancione una ley que regule su actividad. “Uber cuenta con CUIT, paga todos los impuestos y cambios recientes en las regulaciones de plataformas pueden hacer que contribuya aún más. Hoy existen avances en distintos distritos del país para incorporar las nuevas tecnologías a las regulaciones locales”, señala el texto.

Idas y vueltas

Desde que en 2016 se autorizó que las aplicaciones de transporte internacionales funcionaran en el país, los gremios de taxis han iniciado una dura lucha contra estas, ya sea Uber, Cabify o Lyft. En el caso de Buenos Aires, el secretario de Transporte, Juan José Méndez, criticó a Uber y aseguró que es “nociva” para el transporte. También manifestó que, desde que desembarcó en territorio porteño, Uber hizo todo de manera ilegal: no pagó impuestos ni operó con licencias profesionales o vehículos habilitados.

Por el contrario, Uber asegura que “es legal en la Argentina. Nuestra actividad está prevista en la ley argentina y así lo confirman distintos fallos de la Justicia. Uber cuenta con CUIT, paga todos los impuestos y cambios recientes en las regulaciones de plataformas pueden hacer que contribuya aún más”, aseguraron en respuesta a los cuestionamientos de los taxistas.

Además, señalaron que la falta de regulación es “parte de nuestra realidad diaria” como sucede con otras miles de aplicaciones que son utilizadas diariamente por la gente y que no se encuentran dentro de un marco legal nacional. “Uber no es taxi ni remis y esto ya fue dictaminado por la justicia porteña. El transporte a través de aplicaciones es una categoría diferente a las existentes y requiere una nueva regulación”, sostienen desde Uber. Al respecto, en varias provincias argentinas y en países vecinos se han sancionado o están en debate normas que permitan el funcionamiento normal y en condiciones de Uber.

Mendoza y Buenos Aires

La provincia de Mendoza fue la primera en dar un paso en la búsqueda de una solución al conflicto taxis contra aplicaciones. La Cámara de Diputados provincial sancionó a principios de julio una modificación a la Ley Nº 6.082 de tránsito y movilidad mendocina para que sean tenidas en cuenta “nuevas figuras que dan cuenta del avance en la demanda del servicio de transporte y sus formas de prestación, previendo la reglamentación del transporte privado por plataformas electrónicas y el sistema de mandatarias en la administración de los servicios de taxis y remises”.

En medio de una sanción con disturbios y protestas en las afueras del recinto por parte de los taxistas, los cambios a la ley recibieron un respaldo casi total. El peronismo, el kirchnerismo, el Partido Intransigente (PI), el PRO y el Partido Demócrata votaron el proyecto de la UCR, mientras que el Frente de Izquierda se opuso a la iniciativa.

“El proyecto mutó mucho desde su redacción, por lo que agradecemos todos los aportes de la mayoría de los bloques legislativos. Tenemos una oportunidad de tener una ley de fondo que generará una política de Estado surgida desde el consenso”, señaló el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema.

Taxistas en Uber

Asimismo, entre otros puntos que establece la norma figuran el cobro de impuestos a las plataformas electrónicas extranjeras. De ser aprobado en el Senado mendocino, Uber y Cabify podrán funcionar en la provincia pero deberán aportar una alícuota de Ingresos Brutos del 1% de la ganancia por viaje, que destinará a un fondo de modernización para adquirir nuevos taxis, remises y transportes escolares.

Además, habilitará a que los conductores de taxis se puedan inscribir en Uber y prestar el servicio en el propio vehículo. Otro ítem establece que los vehículos tengan una antigüedad máxima de 10 años, que en la actualidad es de 20 años.

Luego de la media sanción, Uber expresó por medio de un comunicado que “seguimos de cerca el debate que se dio en la Legislatura el día de hoy. Tomamos nota de los distintos puntos que hicieron todos los sectores, atentos al compromiso para que nuestra operación tenga beneficios en materia de movilidad, oportunidades económicas, mayor apertura al turismo, seguridad y confiabilidad. Estamos convencidos de que podemos colaborar con el desarrollo de Mendoza”.

El proyecto bonaerense

Por su parte, en la provincia de Buenos Aires el diputado Guillermo Castello de Coalición Cívica (Cambiemos), presentó un proyecto de ley para habilitar en territorio bonaerense el funcionamiento de las empresas de redes de transporte que operan a través de plataformas digitales como Cabify, Uber y Lyft. El proyecto prevé que las empresas y los choferes cumplan con las mismas obligaciones impositivas y de seguridad que hoy afrontan los taxis y remises.

Castello señaló que “hay una demanda cada vez más fuerte de miles de​ ciudadanos para usar estas nuevas modalidades de transporte de pasajeros que conllevan mayor competencia, más opciones para elegir, precios más bajos y más empleo para los bonaerenses”. Por este motivo, “proponemos una solución normativa a las dificultades para el ingreso formal y el desarrollo pleno de estas empresas. Estamos convencidos que la provincia de Buenos Aires debe avanzar hacia un escenario de mayores libertades individuales y transparencia para beneficio del consumidor”, agregó el legislador marplatense.

De esta manera, “nuestro proyecto les exige a los choferes que cuenten con las debidas inscripciones impositivas y previsionales, carnet profesional, certificado de antecedentes penales, VTV, cobertura de seguros a pasajeros, etcétera. Además, obligamos a las empresas a constituir domicilio en la provincia de Buenos Aires y a cumplir con los mismos requisitos que cualquier empresa radicada en suelo bonaerense, lo que permite también fiscalizar su funcionamiento”, explicó el diputado.