Finalmente, la decisión anunciada en los actos por el 33° aniversario del inicio de la guerra de Malvinas se hizo efectiva. Mediante el decreto presidencial 503/2015 se desclasificó toda la información referida al conflicto y que, hasta hoy, tenía carácter de secreta. La herramienta instrumental fue firmada por la presidente Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el ministro de Defensa, Agustín Rossi.
El decreto establece que se desclasifiquen todos los documentos que posean información «de carácter no público» vinculada a la Guerra de Malvinas. En su artículo primero se determina: «Relévase de la clasificación de seguridad, establecida conforme a las disposiciones de la Ley N° 25.520 y su modificatoria, a toda aquella documentación, de carácter no público, vinculada al desarrollo del Conflicto Bélico del Atlántico Sur obrante en los Archivos de las Fuerzas Armadas».
Además, para poder acceder a los «documentos donde se encuentre información de carácter sensible, de acuerdo a la Ley N° 25.326», habrá que acreditar interés legítimo y habrá un «acuerdo expreso de responsabilidad por la utilización de la información». Esta última norma trata sobre la protección de datos personales. Al respecto, se indica que «toda persona u organización que acredite interés legítimo podrá iniciar una petición de desclasificación ante el Poder Ejecutivo Nacional, destinada a acceder a cualquier clase de información, documentos, o material que se encuentre en poder de uno de los organismos que componen el Sistema de Inteligencia Nacional». Asimismo, «la forma, plazos y vías administrativas serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo nacional», se expresa en el decreto.
El gobierno señala en los considerandos del decreto que «desde el actual Estado democrático y republicano corresponde relevar el secreto y la confidencialidad de la información y documentación que pueda favorecer el conocimiento integral de los hechos vinculados al conflicto bélico del Atlántico Sur». Para instrumentar la desclasificación de archivos se da «un plazo de 30 días hábiles al Ministerio de Defensa para disponer a la consulta pública los registros de la totalidad de los documentos obrantes en los archivos de las Fuerzas Armadas y su modalidad de consulta».
Otro de los fundamentos para tomar esta medida es que «reviste interés nacional la información y documentación, de carácter público y no público, relativa a la construcción de la verdad relacionada a hechos históricos».
Finalmente, se especifica que «en ningún caso el plazo para la desclasificación de información, documentos o material podrá ser inferior a los quince años a partir de la decisión que originó su clasificación de seguridad efectuada por alguno de los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional». Esto implica que cualquier documento que haya sido clasificado como secreto hace menos de 15 años, recién podrá ser público una vez pasado ese lapso.
El conflicto del Atlántico Sur por la soberanía en las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur tuvo lugar entre el 2 de abril de 1982 hasta el 14 de junio del mismo año, cuando las tropas argentinas al mando de Mario Benjamín Menéndez se rindieron a las fuerzas británicas. Las bajas fueron de 649 soldados argentinos, 255 militares británicos y tres isleños.
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