En un intento por frenar las protestas, el Gobierno Nacional presentó un Protocolo Antipiquetes. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que «vamos a entrar en la cultura del orden» y afirmó que «lo inconstitucional es que se les permitió (a los manifestantes) durante una década hacer lo que querían sin entender que hay derechos de otros».
La funcionaria también remarcó que «no es que se van a prohibir todas las manifestaciones, no las que están programadas y se avisa cuál es el recorrido», y explicó que «lo que no se va a poder hacer es decir ‘mi manifestación es cortar Avenida de Mayo y 9 de Julio'». Por otro lado, dijo que a los manifestantes se les darán «5, 10 minutos, les pedimos que se retiren por las buenas, les decimos ‘queremos que se vayan y hagan la manifestación al costado’ y les acomodamos los medios de comunicación, si el objetivo es dar a conocer la protesta».
Además, Bullrich señaló que desde el gobierno han dejado en manos de las diferentes fuerzas de seguridad, bajo control de su cartera, la decisión de actuar o no y la elección de «cuál es la fuerza que pueda estar en cada manifestación». Asimismo, explicó que cuando sea en rutas federales los manifestantes «deberán avisar al Ministerio de Seguridad; cuando sea en la Ciudad de Buenos Aires, que ya tiene trasferida su policía; y en el resto de las provincias, a cada provincia». También precisó que «cuando haya personas con capuchas, con palos o elementos contundentes, se van a secuestrar esos elementos contundentes y, si se niegan, se les van a sacar esos elementos contundentes».
Al justificar la implementación del protocolo Bullrich expresó que «es una resolución que va a tener unos días de discusión pública y luego estará vigente» para «poder tener reglas claras tanto nosotros como los jueces y los manifestantes». La Ministra puntualizó que a partir de la vigencia del protocolo las fuerzas de seguridad van a poder actuar sin la orden de un juez, aunque señaló que se «le va a dar aviso a la Justicia sobre la infracción».
«Las normas que regulan la protesta social y la forma en que nosotros vamos a trabajar de acá a los días en que este protocolo esté en marcha, vamos a avisarles a las organizaciones sociales que cuando quieran realizar una marcha no podrán cortar las calles», subrayó.
En el caso de una manifestación efectuada sin previo aviso, la titular de la cartera de Seguridad indicó que «el protocolo de procedimiento dice que llegan las fuerzas federales, si es una ruta o una autopista nacional, se le avisa a la gente que está en curso el Artículo 194, se le pide por favor que se retire y, si no se retira, se procede a liberar la calle».
Finalmente, ante los reclamos de organizaciones sociales sobre que se autorizan los «excesos» de las fuerzas de seguridad con esta norma, afirmó que van «a trabajar sobre esto» porque «cuando sucede que las apedrean, las insultan y las escupen pueden reaccionar, pero está claro que los agentes no pueden reaccionar ante ningún tipo de provocación».
La aprobación del protocolo tuvo lugar tras la reunión del Consejo de Seguridad Interior, integrado por los distintos funcionarios provinciales del área y las autoridades nacionales. Tras terminar la sesión, Bullrich sostuvo que «el gobierno del presidente Mauricio Macri no quiere que, durante los próximos cuatro años, las calles sigan siendo un lugar diario y permanente de problemas. No vamos a permitir que la calle sea un caos. Queremos cambiar la cultura del corte».
La normativa fija un conjunto de puntos para guiar el accionar de las fuerzas federales y distritales para esos casos. En ese sentido, cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires deberán «adecuar el protocolo a sus características, sus códigos contravencionales, sus códigos de procedimiento y establecerán el momento para dar intervención a la Justicia en virtud de las facultades no delegadas de las provincias, garantizadas por la Constitución Nacional».
Es importante mencionar que el reglamento diferencia las protestas espontáneas y programadas. Para estas últimas se señala que, una vez notificados, los ministerios de Seguridad se contactarán con los líderes de la manifestación, a fin de que la misma tenga lugar dentro de lo establecido por el protocolo y las leyes vigentes. También se deberá avisar su recorrido, tiempo de duración y realización, dando aviso a la Justicia.
Sobre este tema, Bullrich afirmó que es un deber «garantizar la libre circulación de personas y bienes disponiendo con criterio objetivo la táctica a utilizar, con atención preferencial de personas que requieran una protección especial de sus derechos, tales como niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad».
El texto del protocolo precisa que una vez que se negocie con los integrantes de las fuerzas de seguridad «los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, deberán retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación». También advierte que «ante el incumplimiento de dicha instrucción, se encontrarán incursos en el Artículo 194 del Código Penal y, en su caso, en las contravenciones previstas en cada jurisdicción».
«Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de procedimiento Penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación», precisa el documento.
A favor y en contra
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires consideró que la herramienta presentada por el gobierno «no merece observación alguna desde el punto de vista constitucional» y se diferenció de lo dicho por organismos de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda.
La entidad que nuclea a los abogados porteños manifestó su adhesión al protocolo «en la medida que el procedimiento allí diseñado contiene un razonable equilibrio que asegura, por un lado, el derecho de reunión de los manifestantes, pero evita, además, que se produzcan desbordes que puedan comprometer la seguridad pública afectando derechos de terceros, sin acudir a medios en los que se ejercite, en forma alguna, la violencia sobre los manifestantes».
Por su parte, el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, indicó que «en el 99% de los casos no va haber balas de goma», y señaló que «no es la idea» utilizar este tipo de armas en las movilizaciones civiles. «Queremos volver a un equilibrio entre el derecho a manifestar y peticionar y el derecho a circular libremente, lo cual es un proceso cultural que no va a cambiar de la noche a la mañana», remarcó.
El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, señaló que con este protocolo se afirma la «voluntad de reprimir. Piensan que el que es pobre y morocho tiene que ir preso». El gremialista afirmó que esta herramienta «representa un paso atrás. Es un retroceso enorme. Piensan que el que es pobre y morocho tiene que ir preso por si acaso. No se puede pensar que en cinco minutos se puede resolver la protesta social», consideró.
Por el lado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), su titular, el periodista Horacio Verbitsky, sostuvo que el protocolo antipiquetes «limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta». La entidad indicó que «según el protocolo, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad». También señaló que «amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social» y remarcó que el nuevo reglamento «no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones ni el uso de balas de goma para dispersar».
Al respecto de este punto, el organismo precisó que «la prohibición del uso de armas de fuego se había logrado en 2004 y fue volcada en la Resolución 210/2011», y añadió que se «limita el ejercicio del trabajo periodístico y su efecto de control sobre los operativos policiales».
Por último el CELS afirmó que «todas estas regulaciones son contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta».
