Las protestas contra el presidente Daniel Ortega comenzaron el 18 de abril por una fallida reforma a la seguridad social y se convirtieron en un pedido de renuncia del mandatario, quien lleva más de 11 años consecutivos en el poder y fuera acusado de abusos y corrupción. Ante la fuerte represión policial de las manifestaciones, la protesta se amplió para exigir la salida del presidente Ortega a quien acusan de instaurar, junto su esposa Rosario Murillo, una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo.
Según Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la asociación nicaragüense pro derechos humanos, hasta ahora se registran más de 1.900 ciudadanos heridos y 448 muertos. Además, las pérdidas económicas han sido millonarias en sectores como el comercio, la industria y el turismo.
Negación gubernamental
Aunque se han organizado varias rondas de negociación entre organizaciones civiles y el gobierno mediadas por la Conferencia Episcopal, no se ha llegado a ningún acuerdo. El gobierno se niega a adelantar las elecciones presidenciales tal como lo piden las organizaciones civiles y la oposición.
La semana pasada la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó una misión de verificación con el fin de acompañar el diálogo nacional y monitorear la situación de derechos humanos en el país. Sin embargo, por el momento no se ve una pronta solución a la actual crisis e, incluso, más de 5.000 nicaragüenses durante el mes de julio han pedido asilo en Costa Rica. De esta manera, la comunidad internacional ha rechazado la brutal represión del mandatario Ortega y de su vicepresidente y esposa Rosario Murillo.
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