Por medio de un decreto, el presidente Mauricio Macri modificó uno de Cristina Fernández de Kirchner que habilitaba la implementación de listas colectoras en las elecciones nacionales.

Este tipo de listas permitían que los partidos políticos presentaran diversos candidatos en una categoría pero adhirieran a una misma en otra. Por ejemplo, en 2011 Cristina fue reelecta como presidente y en la provincia de Buenos Aires había dos candidatos a gobernador por el FpV que adherían a su candidatura presidencial, que eran Daniel Scioli y Martín Sabbatella. Vale recordar que el primero se quedó con la gobernación bonaerense.

Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), indica que “de este modo, el candidato a presidente que recibe la adhesión de las distintas listas suma (colecta) votos de diferentes partidos sin necesidad de negociar y formalizar una alianza que los integre a todos, mientras que cada una de las listas colectoras se beneficia del ‘arrastre’ del candidato al cargo de mayor jerarquía”.

“Habitualmente, se trata de varios partidos que presentan candidatos para un cargo de menor nivel y que acompañan, todos ellos, una misma lista de candidatos para un cargo de mayor nivel. Así es común, por ejemplo, que una misma candidatura presidencial aparezca en varias boletas distintas, acompañada por diferentes listas de candidatos a diputados nacionales”, agrega el estudio.

Curiosamente, el decreto de Cristina Kirchner modificaba lo establecido por una ley de 2010 que impedía este tipo de candidaturas. El decreto de entonces precisó que si había vínculo jurídico podían adherirse.

El nuevo decreto señala que “el uso de las colectoras afecta seriamente la calidad del proceso electoral. Es por eso que su eliminación fue una decisión inequívoca del gobierno de Cambiemos desde el inicio de la gestión” y remarca que “la proliferación de las combinaciones de boletas, conocidas como ‘listas colectoras’, genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores”.

Esta proliferación “conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral como un mecanismo eficaz de rendición de cuentas y de elección entre alternativas de gobierno”, añade el decreto, por lo que es “preciso delimitar claramente los alcances de la posibilidad de realizar adhesiones de boletas, armonizando el ordenamiento jurídico a los fines de evitar la confusión en el electorado y promoviendo la transparencia en los procesos electorales”. En consecuencia, “resulta necesario reglamentar las adhesiones de boletas de diferentes categorías para evitar que puedan producirse múltiples combinaciones en la oferta electoral entre agrupaciones de diferente orden”.

Además, en los argumentos se recuerda que la eliminación de las colectoras fue “apoyada por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados” como uno de los puntos principales dentro del proyecto de reforma electoral que impulsó el oficialismo. Esta reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados pero no logró la sanción en el Senado.

Con la nueva reglamentación, “cada agrupación política de orden nacional y cada agrupación de distrito solo podrá adherir sus boletas con una agrupación política de orden provincial de idéntica denominación”. Esto significa que solo podrá haber un candidato provincial por partido. Por otra parte, únicamente cuando no participe en la elección una agrupación de orden provincial con esas condiciones, de ese partido, “podrán hacerlo con una única agrupación de orden provincial de diferente denominación”.

Asimismo, hay que mencionar que el decreto se refiere solamente a comicios de carácter nacional. Para que cada provincia haga operativos los cambios, las administraciones respectivas deberán adherir al decreto. Este hace expresa referencia a los casos en los que las elecciones provinciales se realicen el mismo día que las nacionales, algo que en 2019 sucederá en cinco distritos, entre ellos la provincia de Buenos Aires.

Contraataque peronista

Tras conocerse el decreto presidencial, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, anunció que el PJ bonaerense impugnará ante la Justicia la norma que modifica la implementación de listas colectoras o de ahdesión. “El lunes estamos yendo a la Justicia, vamos a impugnar judicialmente (el decreto) porque claramente es un sistema que ellos sí aplicaron en Jujuy con Morales, cuando les convino. Pero ahora lo cambian, cuando el agua les llega al cuello”, señaló el jefe comunal en declaraciones radiales.

“No tienen ninguna posibilidad de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires si el peronismo se junta”, remarcó Katopodis, y consideró que el decreto “es un manotazo de ahogado a dos meses de una elección” debido a la desesperación de ver los números y que el peronismo se junte y que pueda ganar la provincia”, y sostuvo que la decisión se debió a un pedido de María Eugenia Vidal.

“Vamos a impugnar judicialmente esa medida. La gobernadora y el presidente si quieren ganar las elecciones le tienen que solucionar los problemas a la gente. Hoy un vecino pensando en las elecciones lo que le pregunta al presidente y la gobernadora es en qué me cambiaste la vida en cuatro años y vemos que todo está peor. Si quieren los votos en la provincia tienen que resolver los problemas que son gravísimos y que durante cuatro años no pudieron resolver ninguno”, manifestó el Intendente de San Martín.

Cambio en las reglas del juego

Por su parte Jorge Landau, apoderado del PJ bonaerense, calificó de “arbitraria” la medida que prohíbe por decreto las listas colectoras. La impugnación que presentará el justicialismo argumentará que no se pueden cambiar las reglas de juego con el proceso ya iniciado. Landau afirmó que ya existe “una interpretación” de la Cámara Nacional Electoral autorizando ese tipo de armado electoral “si existía un vínculo jurídico previo entre los partidos que conforman una alianza”. Basado en este soporte, Landau aseguró que “se puede aceptar la instalación de una colectora o una adhesión como la que se está planteando en estos momentos”.

“Si encubriendo un decreto reglamentario se avanza sobre el fondo de la cuestión, lo que está logrando es modificar la ley por fuera de las competencias reglamentarias. El hecho de firmarlo en estas circunstancias revelan que hay una utilización de las facultades reglamentarias para distorsionar el proceso electoral en provecho propio”, alertó Landau.

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