Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en los resultados preliminares del Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, realizado a partir del convenio con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para el 2018, la prevalencia de población con dificultad de 6 años y más es del 10,2%. En términos absolutos, se corresponde con una estimación de 3.571.983 personas. Es decir, aproximadamente 10 de cada 100 personas que viven en localidades de 5.000 habitantes y más poseen algún tipo de dificultad.
En el documento Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) publicado en 2001 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera que la discapacidad es toda limitación en la actividad y restricción en la participación, originada en la interacción entre la persona con una condición de salud y los factores contextuales (entorno físico, humano, actitudinal y sociopolítico) para desenvolverse en su vida cotidiana, dentro de su entorno físico y social, según su sexo y edad.
En este contexto se hace necesario e indispensable la promoción y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Incluir
El Programa Federal Incluir Salud, anteriormente llamado PROFE, a partir del año 2018 pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es un Sistema de Aseguramiento Público de Salud que garantiza el acceso a los servicios de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones no Contributivas (PNC), entre otros grupos, generando condiciones de equidad para el ejercicio del derecho a la salud en todo el territorio nacional a través de los gobiernos de las 24 jurisdicciones.
Una deuda con el pueblo
Sin embargo, Incluir Salud transfirió a partir del 1° de enero de este año a las provincias la administración de las prestaciones de transporte que permiten asistir a las PCD a los diversos servicios, sin tiempo de preparación de los organismos provinciales y sin tomar los correspondientes recaudos desde el Estado Nacional. Esto provocó la suspensión de servicios para muchas personas con discapacidad y, como consecuencia, han quedado sin atención en educación, rehabilitación y asistencia.
Además, adeuda a algunas instituciones que dan servicios a estas personas pagos atrasados de los años 2017 y 2018 (no terminó de pagar octubre y noviembre y aún le falta gran parte del mes de diciembre). Al día de hoy, deberían tener saldado el mes de enero en su totalidad.
A esto se le suma que el Estado no dio aumentos desde hace un año en los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad. No tienen en cuenta los reales costos y la inflación reinante en nuestro país, poniendo a estas instituciones en una grave crisis. A causa de esto, varios servicios han tenido que cerrar en el país y otros están en situación crítica.
En pie de lucha
Por este motivo, las personas con discapacidad (PDC) y sus familias se movilizarán para luchar por sus derechos y convocan a una marcha el jueves 16 de mayo hacia la Quinta Presidencial en Olivos. Organizados en un foro permanente para la promoción y la defensa de las personas con discapacidad, piden al Presidente una solución urgente a la situación que se presenta.
