En 2015 había sido algo extraordinario, los candidatos presidenciales habían debatido de forma pública. A partir de las próximas elecciones presidenciales, en 2019, será la norma y no la excepción.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece que quienes superen las elecciones primarias estarán obligados a debatir con sus oponentes. Además, en caso de una segunda vuelta, deberá efectuarse otra instancia de debate. La pena para quienes no participen de la discusión será el no otorgamiento de espacios de publicidad televisiva y radial durante la campaña. Específicamente se menciona que «los debates preelectorales» entre candidatos a la Presidencia abarca a «todos los candidatos cuyas agrupaciones políticas superen el piso de votos establecido para las elecciones primarias».
Dos debates obligatorios
La sanción de la ley recibió 152 votos a favor, 38 en contra y 1 abstención. La iniciativa ya había obtenido media sanción del Senado a principios de mes con 46 votos afirmativos y 10 en contra. En ambas cámaras el rechazó corrió por cuenta del Frente para la Victoria, que se quejó porque el proyecto fue tratado en el recinto sobre tablas «a libro cerrado» sin tener dictamen de comisión.
La iniciativa determina que se realicen 2 debates obligatorios -uno de los cuales tendrá que celebrarse en el interior del país-, dentro de los 20 días y hasta 7 días antes de la fecha de elección. En caso de balotaje, se realizará un debate adicional dentro de los 10 días anteriores al sufragio.
La Cámara Nacional Electoral (CNE), que será la autoridad de aplicación de la ley, convocará a los candidatos elegidos en las PASO cinco días después de su proclamación, a fin de determinar su voluntad de participación en el debate. En caso de que el candidato se rehuse, los espacios destinados de publicidad audiovisual le serán quitados y repartidos entre los demás candidatos. Durante el debate el lugar que debía ocupar ese postulante quedará vacío junto al resto de los participantes a fin de denotar su ausencia, señala el texto de la ley. Por otra parte la CNE, asesorada por organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil junto con representantes de los partidos, definirá el reglamento, los moderadores y los temas a discutir.
Los debates presidenciales serán transmitidos en directo por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA).
Voces a favor y en contra
«La finalidad de los debates es que los candidatos le hagan conocer a los ciudadanos las plataformas», defendió el proyecto el macrista Pablo Tonelli. Desde el kirchnerismo, la rionegrina María Emilia Soria adelantó el voto negativo del FpV y remarcó que no había urgencia, ya que por no tener dictamen de comisión el proyecto debió ser habilitado al inicio de la sesión por los dos tercios de los presentes. También cuestionó que se haga un negocio de marketing con el tema del debate presidencial y lamentó que no se hubieran tenido en cuenta proyectos como el presentado por su compañera de bancada, Luana Volnovich.
Desde el massismo, el diputado del interbloque UNA, Juan Brügge, sostuvo que «es un paso, un instrumento más, un mecanismo para un voto informado». El salteño Pablo Kosiner, del bloque Justicialista, también se decantó por el voto afirmativo y remarcó que la iniciativa significaba «ponerse en línea con la tendencia mundial».
El diputado del FpV-PJ, Juan Carlos Díaz Roig, propuso agregar un artículo para establecer penas a aquellos candidatos que no cumplieran con las «promesas de campaña» asumidas en sus plataformas electorales a través de una declaración jurada ante la Cámara Nacional Electoral, pero esta iniciativa fue rechazada.
La transición presidencial
Por otra parte, la Cámara Baja dio media sanción al proyecto y busca regular las transiciones presidenciales. Luego del controvertido y caótico traspaso entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri se busca establecer como debe realizarse ese acto institucional. En este caso el proyecto regula no solo los aspectos formales sino que, además, fija la obligación de brindar amplia información administrativa del estado de cada área, por parte del gobierno saliente al entrante. La iniciativa tuvo 138 votos a favor, 49 en contra y 4 abstenciones.
Sobre este tema, Tonelli señaló que se establece que el período de transición «se inicia a partir de la proclamación de la fórmula presidencial que debe hacer la Asamblea Legislativa y termina el día que el nuevo presidente jura como tal y asume». El proyecto «está destinado a establecer ciertas reglas y procedimientos cuando se cambia de gobierno» y remarcó que «está inspirado en las dificultades que hubo durante la etapa de transición antes que asumiera el actual presidente» en el que hubo «absoluta falta de colaboración del gobierno saliente y la absoluta falta de información proporcionada por el gobierno saliente».
El diputado precisó que la norma designa al Jefe de Gabinete como la autoridad de aplicación de la norma con «la obligación de proporcionar al nuevo gobierno la información» necesaria. Al respecto, Margarita Stolbizer consideró «necesario institucionalizar el período de transición» aunque indicó que hubiera «preferido» que en lugar de hacer recaer en la figura del Jefe de Gabinete la autoridad de aplicación de la norma «se hubiera constituido una comisión conformada por los equipos de ambos presidentes».
