El 4 de agosto de 2014 tres proyectos fueron enviados al Poder Legislativo con el objeto de definir un mecanismo formal de protección al consumidor, por medio de la creación de un nuevo sistema judicial y prejudicial específico para regir las relaciones consumidor-empresa, que viene acompañado a una mayor intervención del Poder Ejecutivo en los mecanismos de formación de precios.
Nuevo camino para dirimir conflictos consumidor-empresa
El primer proyecto contempla la creación de 3 instancias: las dos primeras administrativas y la tercera en el orden judicial, formadas respectivamente por el COPREC, la Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia Nacional y Federal en Las Relaciones Del Consumo. La creación de estos organismos buscará facilitar la resolución de conflictos entre empresas y consumidores creando una vía formal más rápida para demandas menores a través de la Conciliación obligatoria y la Auditoría, y creando un fuero judicial específico para dirimir demandas mayores.
Observatorio de precios
El segundo proyecto establece la creación de un organismo que actuará bajo la jurisdicción de la Secretaría de Comercio (o la entidad que señale el Ejecutivo) con el fin de transparentar el mecanismo de formación de precios en los productos y servicios que se produzcan, comercialicen y presten en el territorio nacional. Su tarea principal es controlar, sistematizar y relevar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios para hacerla de público conocimiento, es decir, debe verificar que los diferentes costos que una empresa debe pagar para producir un bien no se traduzcan en incrementos desmedidos de precios que el consumidor deba pagar.
Nueva Ley de Abastecimiento
El objetivo original de la norma es asegurar no solo la disponibilidad de bienes y servicios en el país, sino que no se vea perjudicado el consumo y el empleo nacional. La nueva Ley de Abastecimiento faculta al Poder Ejecutivo para intervenir en las relaciones de consumo activamente por medio de la regulación de mercados. Después de las modificaciones aprobadas el miércoles pasado en la Cámara de Diputados, se excluyeron las pequeñas y medianas empresas de la legislación y se tipificaron las acciones que serían sujeto de sanción y regulación estricta por parte del Ejecutivo. Además, se estableció cierto margen de privacidad para la publicación de costos y ganancias por parte de las empresas y el organismo de aplicación (la Secretaría de Comercio en el proyecto original) ya no podrá ordenar allanamientos sin previa orden judicial. Por otra parte, también se cambió el polémico Artículo 2 de la nueva Ley de Abastecimiento que otorgaba a la Secretaría de Comercio la capacidad de aplicar regulaciones a los precios, margen de ganancias, producción y comercialización cuando lo considere «estrictamente necesario». En reemplazo de este término se tipifican las conductas pasibles de regulación estricta «cuando las empresas eleven artificialmente los precios, sin correlación en el aumento de los costos; cuando acopien materias primas o productos, destruyan mercaderías, restrinjan la venta o prestación de un servicio o no entreguen comprobante ni factura de venta», entre otras acciones que dañan la justa competencia, el consumidor o el abastecimiento de la Nación. Además, se establecen de manera taxativa las causas que podrían motivar la intervención estatal en un mercado determinado.
El paquete también prevé la modificación en algunos artículos de las 3 leyes existentes en materia de relaciones de consumo: la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor, la Ley 22.802 de Lealtad Comercial y la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia, entre otras cosas, con el objeto de fijar multas de hasta los 5 millones de pesos y obligar a las empresas a proveer información específica sobre las compras con tarjeta de crédito a los consumidores, como el Costo Financiero Total, cantidad de cuotas y precio al contado.
Opinión
A pesar de que el propósito de la ley aparenta defender al consumidor, la justa competencia y el abastecimiento de la sociedad, los mecanismos que establece carecen de transparencia en la práctica y generan más burocracia. Al igual que con la nueva Ley de Medios, el objetivo final es más que bueno, es utópico, pero la norma legitima prácticas que en la realidad humana se convierten en huecos de corrupción, en una sociedad donde el propio poder estatal pide a las empresas aquello que no da: honestidad y justicia.
