Tras la decisión, hasta ahora sin cambios, del candidato kirchnerista Daniel Scioli de no concurrir al debate presidencial previsto para el 4 de octubre, el tema sigue dando que hablar. El argumento principal dado por el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires era la falta de una ley que reglamentara estos debates y, como dijeron en su entorno, «no queremos ni operación periodística ni operación política. Como hay una ley de PASO debe haber una ley de debate».
Sin embargo, hay proyectos tanto en el ámbito porteño como en el nacional para que esta discusión tenga el marco legal correspondiente.
La Ciudad y Nación, diferentes pero parecidos
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires el autor de dos iniciativas es Maximiliano Ferraro, legislador de la Coalición Cívica, quien señaló que «estamos insistiendo con una ley de debate obligatorio para jefe y vicejefe de Gobierno y legisladores». En ese sentido, precisó que en el distrito «es un buen momento, ya que la ciudad no está inmersa en un proceso electoral, ya eligió» y se podría «avanzar en una herramienta de mejoramiento institucional» y que contribuya «al debate de ideas». Sin embargo, pese a estar presentados hace más de dos años, tanto el kirchnerismo como el PRO se negaron a debatirlos.
A nivel nacional hubo varios proyectos presentados en el Congreso que apuntaban a poner en marcha una iniciativa de debate. En particular uno impulsado por Carla Carrizo (Suma+) que hasta fue consensuado en comisión. «Fue consensuado por 6 bloques opositores y el oficialismo», precisa la diputada, quien añade que «hubo mucho interés del oficialismo en que el proyecto saliera. La idea era que saliera la primera semana de agosto» para que la ley de debate obligatorio estuviera en vigencia para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y pudiera ponerse en práctica.
«Las comisiones de Comunicaciones y Asuntos Constitucionales dieron dictamen, la diputada (Diana) Conti le dio una gran impronta. Otras dos comisiones, Justicia y Presupuesto, le dieron su respaldo. Estaba todo listo para ser aprobado, pero las preferencias en el oficialismo cambiaron», explica Carrizo.
Es importante destacar que en el mes de mayo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, había manifestado que estaba «convencido de que en algún momento debiéramos sacar una ley nacional que diga que para esas cosas es obligatorio el debate y el que no participa del debate no puede participar de las primarias». Más aún, profundizó la importancia de que haya esta discusión y consideraba que después de las primarias debería darse «otro debate del que sea obligatorio participar antes de las generales».
Por su parte, Conti había señalado que «ante tanta farandulización de la política, la existencia de un debate presidencial contribuiría al fortalecimiento de la democracia, por lo tanto es muy probable que en este año electoral se reúna a la comisión (de Asuntos Constitucionales) para tratar los proyectos que hay sobre el tema». Pero pese a las palabras y la multiplicidad de proyectos, la ley quedó sin salir.
Igualmente, estaba todo dado para que hubiera un debate previo a la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La iniciativa estaba impulsada por la organización Argentina Debate, estaba la fecha (4 de octubre), el escenario (Facultad de Derecho, UBA) y en teoría los participantes, que serían los seis precandidatos que habían superado el piso de las PASO. Incluso se había decidido quiénes moderarían el debate, qué temas y en qué orden se discutirían. Sin embargo, a poco más de 10 días de la fecha prevista el candidato presidencial del oficialismo, Daniel Scioli, anunció que no se haría presente porque no quería quedar sujeto a ni a operaciones mediáticas ni políticas. Además reclamaba que tenía que haber una ley. Sí, la herramienta que está empantanada en el Congreso.
Al respecto, Carrizo aclara que no solamente es responsabilidad del oficialismo. Tampoco «desde la oposición se presionó con la fuerza necesaria» para que el debate sea realidad.
La importancia del debate
Un punto interesante respecto de los debates es la obligatoriedad de la realización de los mismos. En ese sentido Carrizo menciona un estudio de la Fundación Konrad Adenauer que señala que en América Latina existe lo que se llaman «democracias rezagadas, donde hay apropiación de lo público por los gobiernos, se recomiendan que sean obligatorias. Por otra parte, la diputada menciona la importancia de que haya una ley, ya que para un candidato «no es lo mismo ser descortés con una ONG que violar una ley». También sostiene que «en Argentina tiene que ser por ley y obligatorio porque el voto es obligatorio. Los ciudadanos financian la política partidaria en campaña y fuera de campaña». Justamente, el tema de financiación también está relacionado con las penalidades que el proyecto tiene para quienes no debatan. Esta «consiste en utilizar los espacios de propaganda oficial y poner que ese candidato no había debatido y había violado la ley. Utilizando los fondos públicos de los ciudadanos para informar a la ciudadanía. Un escrache con los mismos fondos con que la gente financia la política», explica Carrizo.
Por su parte, Ferraro señala que la importancia del debate radica en que sirve para que los «candidatos puedan ofrecer sus propuestas, sus miradas de la Argentina y su mirada geopolítica sobre la Argentina».
En ese sentido, para el legislador de CC la actitud de Scioli «rompe con la palabra que en su momento empeñó. Dijo ‘con mi palabra basta, no tengo por qué firmar porque mi palabra alcanza’. Es importante, más aún un candidato que aspira a la presidencia de la nación, cumpla con la palabra». Además consideró que es perjudicial para la elección de candidatos y es contrario al fortalecimiento institucional.
No es menor la expectativa que cada partido tiene respecto de los resultados electorales. Carrizo manifiesta que «los oficialismos, cualquiera que sea, lo que no quieren es perder poder. El kirchnerismo vio que Scioli era vulnerable y como tiene posibilidades de ganar en primera vuelta no iba a arriesgar su capital político». Asimismo, agrega: «Si las encuestas son ciertas el oficialismo perdería en segunda vuelta con cualquier candidato -indica Carrizo- pero aunque no haya segunda vuelta se puede, por lo menos, tener la ley para noviembre y tener un debate asegurado».
Con relación a la herramienta legal, Ferraro considera que «no tener una ley no es un argumento válido para no ir a un debate. Tiene que ver con una cuestión de cultura política, de cultura democrática de permitir acceder a la sociedad a las propuestas de cada uno de los candidatos. Pero si la palabra de un candidato no vale habrá que resolverlo mediante una reforma política que haga los debates obligatorios».
