Odebrecht, presente en 27 países, era la constructora más grande de América Latina. Además de tener operaciones en África, construyó líneas de metro en Perú, carreteras en Argentina y centrales hidroeléctricas en Panamá, por lo que extendía sus garras como una suerte de cancillería paralela. La empresa sobrevoló toda la América como si se tratara del cóndor de los Andes.

“Lava Jato”

La olla podrida de la corrupción trasnacional se destapó en Curitiba, capital del estado de Paraná (Brasil), una ciudad de menos de dos millones de habitantes conocida hasta entonces por las políticas urbanas que la llevaron a ser el modelo en que se inspiraron sistemas como Transmilenio, el único trasporte masivo de Bogotá.

Allí actuaron el juez de primera instancia Sergio Moro y el equipo de fiscales dirigido por Deltan Dallagnol. Moro emprendió en 2014 una pesquisa sobre el mercado paralelo de cambio en una red de gasolineras que se convirtió en la investigación sobre una compleja red de sobornos entre políticos a cambio de contratos con Petrobras. A la operación anticorrupción se le denominó “Lava Jato”.

Lo que se encontró Moro era un poco más de lo mismo que por años sufrimos los latinoamericanos: “empresas que se enriquecían a costa del Estado, directivos de Petrobras que vendían favores, lavadores profesionales de dinero que pagaban sobornos y políticos y partidos que sustentaban a directivos de Petrobras y, a cambio, recibían la mayor parte de los sobornos para enriquecerse y financiar sus campañas políticas”.

De Brasil a Colombia

El entramado rápidamente se conoció y rodaron cabezas en el gigante de Sudamérica. De entrada, entre los condenados por “Lava Jato” figura Marcelo Odebrecht, presidente y nieto del fundador del grupo. Antes era considerado intocable, pero desde el 2015 purga una pena de más de 19 años de cárcel. José Dirceu, otrora hombre fuerte del Partido de los Trabajadores, presidenciable y jefe de gabinete de Lula da Silva, fue condenado a 23 años. El ultraconservador expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, fue el artífice de la destitución de Dilma; y el exministro de Finanzas de Lula, Antonio Palocci, también están tras las rejas con prisión preventiva. Hasta el mismo Lula fue condenado a prisión al ser salpicado y acusado de corrupción.

Para Colombia el panorama no es muy alentador y se torna hasta dramático. El ingeniero Jorge Pizano, que padecía un cáncer linfático, falleció por un aparente infarto el 8 de noviembre. Pizano fue auditor financiero del consorcio que formó Odebrecht junto con Corficolombiana, empresa del hombre más rico de Colombia, el influyente banquero Luis Carlos Sarmiento.

Pizano dejó grabada una entrevista para que fuera publicada en caso de que falleciera u obtuviera protección en otro país. Su explosivo testamento salpica al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y plantea dudas sobre la investigación de la trama en Colombia.

Tres días después de su fallecimiento, su hijo Alejandro murió envenenado con el cianuro que bebió de una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre, según la fiscalía. Ambas muertes están bajo investigación.

Corrupción sin fronteras

Ahora el turno es para Perú. Alan García, el expresidente del vecino país, solicitó asilo en la embajada de Uruguay en Lima la noche del sábado tras su prohibición de salir del país por 18 meses debido a una investigación por supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht, informó la cancillería peruana. El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, consideró que “existen suficientes elementos de convicción” para declarar fundada la medida solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, a fin de investigar los presuntos “actos ilícitos de concertación” de la licitación de la línea 1 del metro de Lima a la empresa brasileña Odebrecht.

Alan García estuvo radicado entre Francia y Colombia. El ahora investigado por presuntas irregularidades en la citada licitación regresó al Perú cuando cayó el régimen de Fujimori al estallar el escándalo de los “vladivideos”. El exmandatario se animó a retornar al país cuando prescribieron los delitos que se le imputaban en los diversos procesos que se le habían seguido durante su ausencia. Es por esto que ahora clama, al igual que hace 26 años, asilo diplomático. Esta vez no en Colombia sino en Uruguay.

Cuesta un Perú

La constructora Odebrecht admitió sobornos por 29 millones de dólares para adjudicarse obras y, hasta la fecha, se han identificado pagos por más de 45 millones de dólares a funcionarios entre 2005 y 2014. El período comprende los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Sobre Toledo, quien está en Estados Unidos, existe una orden de extradición por, presuntamente, recibir coimas de esta firma. Humala cumplió nueve meses de prisión preventiva.

En el país del chile y el mezcal también se recibieron sobornos. En octubre de 2017, el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, dijo que la investigación del caso Odebrecht estaba concluida, aún cuando se sospecha que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, habría recibido 10 millones de dólares a cambio de contratos con la constructora. También se investiga si la firma pagó coimas a campañas políticas. Pero el fiscal que llevaba el caso, Santiago Nieto, fue cesado.

La Secretaría de la Función Pública impuso multas por 134 mil y 6,3 millones de dólares a un funcionario de Pemex e inhabilitó a Odebrecht por 10 años, pero los procesos administrativos están detenidos.

Por casa cómo andamos

En Argentina el caso fue menos intenso: Odebrecht ofreció en 2017 colaborar y revelar los nombres de los funcionarios que cobraron las coimas, pero pidió a cambio que los delatores no vuelvan a ser condenados por el mismo crimen, lo cual fue rechazado por la Justicia argentina. Tres exministros kirchneristas, además de representantes de empresas que obtuvieron la licitación de la construcción del soterramiento del tren Sarmiento están siendo investigados.

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