El fútbol es uno de los deportes más practicado y con más adeptos en el mundo, sin contar que es de los más rentables. Según la consultora Deloitte, para el 2018 alcanzó unos 500.000 millones de dólares anuales, cifra que supera el flujo que mueven torrentes del tamaño de Suiza, Bélgica o Taiwán. El alcance de este deporte desbordó para convertirse en un fenómeno que juguetea entre lo social y lo político. Además, provoca pasiones incontrolables de violencia y fanatismo.

Las barras bravas, los vínculos de clubes y mafias, y las denuncias por abusos y pedofilia no dan respiro al mundo del balompié. Y al igual que el deporte, no conocen fronteras.

España y Estados Unidos son modelos en materia de denuncia penal a entrenadores acusados de abuso sexual. En el 2018 un técnico de fútbol español y un médico de la selección de gimnasia estadounidense, de nombre Larry Nassar, fueron condenados con penas de 18 y 40 años de prisión, respectivamente, al hallarlos culpables de tales abusos contra menores de edad de las selecciones de ese país.

En Argentina, en ese mismo año se conocieron denuncias en el Club Atlético Independiente por abuso de menores, y avivaron el debate. La fiscal María Soledad Garibaldi, titular de la UFI número 4 de Avellaneda, que llevaba adelante la investigación del escándalo descubierto en las inferiores de Independiente, reveló que los abusadores de los menores “les ofrecían pasajes para ir a ver a sus padres al Interior”, además de dinero, ropa (calzoncillos boxer), botines o cargas en la tarjetas SUBE.

En el caso de Colombia, las recientes denuncias hechas por el padre de una jugadora y la fisioterapeuta de la Selección Sub-17, Carolina Rozo, no han logrado el apoyo que deberían tener por parte de la justicia colombiana, como lo advierte el abogado Andrés Charria, especialista en fútbol y tribunales arbitrales de la FIFA y el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).

Tras casi un mes de lucha por parte de los abogados y las jugadoras denunciantes, directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y Coldeportes, se reunieron el 4 de marzo con la vicepresidente Marta Lucía Ramírez y directivos del ICBF y la alta Consejería para la Mujer para firmar un pacto en el que consagran 21 aspectos en los que se comprometen a garantizar y mejorar las condiciones de los menores de edad y mujeres que hagan parte de las competencias deportivas.

La política de cero tolerancia busca proteger la niñez y erradicar de los clubes deportivos las manifestaciones de violencia, acoso y abuso hacia la niñez y adolescencia de la que fueron victimas en los últimos años.

El decreto aún no se firmó, pero se conoció que ya está en la Secretaría Jurídica de Presidencia. Además, señalan “que habrá cargos públicos y privados que estarán obligados a incluir este tipo de requisitos”.

Detrás de las canchas, los fanáticos y los cánticos de los hinchas, se esconden redes que negocian con los sueños de los niños y jóvenes que buscan sobresalir en el deporte más querido en el mundo: el fútbol.

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