En la República de Irlanda, durante el 2018 se realizó un referéndum en el cual el 66% de la ciudadanía irlandesa votó en contra de la octava enmienda que tiene su Constitución, en la que estaba prohibida la interrupción voluntaria del embarazo.

Fue un debate arduo que luego continuó en el Parlamento y que dio como resultado la aprobación del proyecto de ley que establece que se puede acceder a esta práctica hasta las doce semanas de embarazo. Una vez pasado este tiempo, los abortos se podrán realizar si existen anomalías fetales o si el médico informa que existe un riesgo de vida para la persona embarazada.

Opciones

El ministro de salud, Simon Harris, describió a este hecho como “trascendental” porque las mujeres en crisis de embarazos ya no tendrán que viajar al extranjero para acceder a los servicios. Anteriormente, las mujeres que decidían no continuar con sus embarazos viajaban a Reino Unido para realizarse esta práctica.

Para acceder a los servicios de aborto se puede llamar a la línea de ayuda del gobierno llamada “Mis Opciones”, donde se encuentran con asesores capacitados para orientar a las personas en dónde se les brinda información de las diversas opciones para realizarlo o qué hacer si decide continuar con su embarazo. Para aquellas que eligen el aborto, se les informa el nombre del médico de cabecera más cercano que puede practicarlo y guiar el procedimiento, además de realizar una evaluación de su historial médico. Este servicio de orientación es brindado por un equipo de enfermería las 24 horas para una persona que haya tenido un aborto reciente o que se lo quiera realizar, también se pactan encuentros. 

¿Cómo se procede?

Para las personas que cursen hasta nueve semanas de embarazo, deben visitar a su médico de cabecera o clínica que evaluará la situación, le recetará las pastillas que deben tomar, y la persona deberá concurrir a dos citas obligatorias para garantizar que cumpla el período de espera de tres días que establece la legislación. También se contempla una tercera consulta médica si fuera necesario. La mujer no puede asistir a la unidad de maternidad y solicitar el aborto: debe tener la referencia sí o sí de su médico de cabecera.

Sin embargo, no todos los hospitales están en condiciones de prestar este servicio de aborto. Por eso, las personas deben comunicarse indefectiblemente con la línea de atención para que les indiquen a dónde recurrir. Solo en los hospitales se atenderán los embarazos que estén pasando las nueve semanas de gestación, también se brindará información y se realizarán atenciones ginecológicas como consecuencia del método utilizado que es la píldora (se utiliza una compuesta por Mifepristona y Misoprostol), que provoca sangrados y necesita de un control médico y, en el caso que se lo requiera, se realizará una pequeña intervención quirúrgica. Todos estos servicios son gratuitos contemplados por el servicio de salud pública.

Si este procedimiento se realiza en forma privada la persona tendrá que pagar el costo del mismo.

Cabe destacar que a los médicos se les reconoce el derecho a la objeción de conciencia pero, según las leyes del Consejo Médico, deben transferir la atención del paciente inmediatamente a otro profesional que pueda realizar el procedimiento y que permita cumplir con el mismo en los tiempos vigentes.

Asimismo, también se cuenta con la posibilidad de ingresar a una página web en la que se encuentra la información sobre los servicios de aborto.

Avance en derechos

Según el Ejecutivo de Servicios de Salud de Irlanda (HSE, por sus siglas en inglés, y es quien brinda servicios sociales de salud a toda la población de Irlanda con fondos públicos), desde que comenzó el 1° de enero el funcionamiento de los servicios de aborto se han recibido un flujo constante de llamadas.

Sin lugar a dudas, este avance en los derechos de las mujeres es un gran hito en una sociedad de tradición conservadora con gran cantidad de fieles católicos. Asimismo, significa una gran presión para que ocurra lo mismo en Irlanda del Norte, donde está vigente la Ley de 1861, de Delitos contra la Persona, que criminaliza a cualquier mujer que practique un aborto o a cualquier persona que intente ayudarla.

Los servicios ya están funcionando, con algunas críticas y objeciones por parte de un sector de la sociedad, pero es un derecho conquistado que evitará la muerte y que respeta el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

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