¿Podríamos hablar de un Venezuela-exit o, usando nuestro idioma, una Venezalida? El tema es que la República Bolivariana de Venezuela anunció que se retirará de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco de las marchas y confrontaciones que ocurren en el país y las disputas diplomáticas con otros países.
El anuncio corrió por parte de la canciller venezolana Delcy Rodríguez, quien señaló que «tal como ha instruido el presidente Nicolás Maduro, presentaremos la carta de renuncia a la OEA e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses». Además, la funcionaria remarcó que «Venezuela no participará en lo sucesivo de ninguna actividad, de ningún evento, donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo», a la vez que calificó de «cipayos genuflexos» a los 19 países que se manifestaron a favor de organizar una reunión de los cancilleres de los países miembros de la OEA para analizar la situación actual del país caribeño.
La realización de este encuentro fue confirmada por el Consejo Permanente de la OEA y, en paralelo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) convocó una reunión extraordinaria en El Salvador para el 2 de mayo a pedido de Maduro. En lo que hace al primer encuentro entre quienes votaron favorablemente se encuentran Estados Unidos, México, Argentina y Brasil, y los diecinueve votos afirmativos superaron por uno a los que hacían falta para que se aprobara. Desde Caracas calificaron este hecho como un eslabón más en la presión hecha por la organización panamericana contra Maduro.
Deuda pendiente
La escalada de violencia en Caracas y otras ciudades venezolanas se disparó a principios de abril cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se atribuyó las funciones parlamentarias, órgano controlado por la oposición. Tras las quejas internacionales, esta decisión fue dejada sin efecto. Los antichavistas reclaman la realizacion de elecciones de forma inmediata.
Para poder dejar de ser miembro del bloque, Venezuela debe esperar un período de dos años y cancelar la deuda que tiene, que alcanza unos 8,7 millones de dólares. El monto de la deuda se debe a que hace un tempo que Venezuela dejó de pagar su cuota de 1,8 millones de dólares anuales. Ante la posibilidad que se convocara al encuentro de cancilleres, el embajador venezolano ante la OEA, el viceministro de Exteriores Samuel Moncada había adelantado que su país abandonaría el ente. «Si esa reunión ocurre y se toma alguna decisión contra Venezuela, nosotros ya entendemos que la organización se doblegó a los mandatos del imperio», indicó Moncada.
Asimismo, Caracas quiere que lo que está ocurriendo en el país sea evaluado en la reunión de ministros de Exteriores convocada el 2 de mayo en El Salvador, en el marco de la Celac. Este organismo está integrado por los mismos países que se reúnen en la OEA más Cuba, con la excepción de Estados Unidos y Canadá.
Derecho de expresión
Por otra parte, especialistas en libertad de expresión de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazaron la censura en Venezuela, al igual que la detención de periodistas que cubren las marchas en el país. «Exhortamos al Gobierno de Venezuela a que libere de inmediato a todos los detenidos por ejercer el periodismo y sus derechos de opinión y expresión», exigieron en un comunicado conjunto el relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y su homólogo en la CIDH, Edison Lanza.
Además, Amnistía Internacional denunció la proliferación de detenciones arbitrarias en Venezuela para «acallar a la disidencia política», de acuerdo a lo señalado en el informe «Silencio a la fuerza» difundido por la entidad. Al respecto, la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara-Rosas, señaló la existencia de casos que demuestran «las tendencias graves de violaciones de derechos humanos en detenciones arbitrarias por motivos políticos».
La salida de Venezuela de la OEA implicaría que debe dejar de pertenecer a los organismos creados bajo la Carta de la OEA, explicó el representante de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, Dante Negro. Estos incluyen la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el Comité Jurídico Interamericano y la Organización Panamericana de la Salud. Por el contrario, no tendría efectos en la membresía de instituciones ajenas a la OEA como UNASUR, el Mercosur, el Alba y la Aladi.
