La Constitución Nacional lo establecía desde hace más de 20 años y, sin embargo, hasta la fecha no se había hecho efectivo. Finalmente, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron este jueves los convenios de traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
Según se informó oficialmente, de esta manera se busca perfeccionar el federalismo como sistema político y dar cumplimiento al Artículo 129 de la Carta Magna. Al respecto, el Jefe de Estado señaló que este traspaso permitirá mejorar la «seguridad» para dar «respuestas a las víctimas» haciendo que la tarea de poder del Estado sea «más eficiente, más cercana y más dinámica».
«Acercar la Justicia a los vecinos»
Es importante destacar que para que la transferencia se haga efectiva es necesario que sea aprobado por el Congreso Nacional y la Legislatura Porteña. El proyecto para refrendarlo será enviado a ambos legislativos de manera simultánea. Mientras se calcula que a nivel ciudad no habría problemas para su aprobación, el camino en el Congreso podría ser más arduo. Sin embargo, no se llamaría a extraordinarias y se debatirá entre fines de marzo y principios de abril. Además hay una diferencia respecto de la cesión de la Policía Federal a la Ciudad hace un año, en sesiones extraordinarias, ya que no era necesario refrendarse en el Parlamento debido a la denominada Ley Cafiero que estableció la autonomía porteña.
El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, manifestó que el traspaso de tribunales a la capital desde la órbita nacional va a «acercar la Justicia a los vecinos». También precisó que «esto acerca la Justicia a los vecinos porque los sistemas procesales de la Ciudad son mucho más ágiles, son sistemas oralizados». Finalmente, remarcó que «es un punto central en la reconstrucción del federalismo, porque no se entendía por qué el Gobierno Nacional o el Congreso se tenían que ocupar de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires».
Durante la presentación del traspaso, Macri señaló que «en la reforma constitucional del ’94 se decidió que los vecinos de Buenos Aires dirimieran sus cuestiones en una justicia de la Ciudad y que decidan los legisladores quiénes son los jueces y no que el debate incluya a senadores de otras provincias». «Vemos tragedias todos los días y lo que también vemos son familias que reclaman. Necesitamos una justicia más cercana, más dinámica», indicó el Presidente, quien se basó en la marcha por el esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman para señalar que «la Justicia tiene que tener herramientas de evaluación para saber qué hace cada juez y que en qué plazos» dicta sentencia, y subrayó que «no podemos dejar que se dilaten» los casos porque «trae mucha frustración». Además, consideró que los jueces deben ser evaluados sobre su actuación, a la vez que pidió una Justicia «más eficiente y dinámica» porque «lo primero que piden las víctimas es que se haga justicia».
Qué se traspasa y cómo
La Ciudad tendrá a su cargo los fueros Penal, Comercial y de Menores. No se traspasará todavía el fuero Laboral.
También se hará cargo de todos los magistrados y empleados del fuero, que son unas 490 personas.
La Nación girará a Ciudad los recursos económicos para administrar el nuevo personal. El montó será de entre 300 y 400 millones de pesos para el traspaso gradual, por etapas.
Asimismo, serán transferidos el fuero de Defensa del Consumidor, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia.
La Ciudad tendrá un control más cercano y agilizará el funcionamiento en los juzgados, por lo que se espera que la duración de las causas no supere los 135 días.
Por medio del acuerdo la Nación transfiere ocho Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional, 18 vocalías de los Tribunales Orales en Criminal y Correccional, dos Juzgados Nacionales de Menores, tres vocalías ante los Tribunales Orales de Menores y los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa que actúan ante los mismos.
El traspaso empezará por los 54 cargos vacantes, entre juzgados, vocalías, fiscalías y defensorías.
Estado de alerta y movilización
Si bien la dirigencia y funcionarios porteños vienen reclamando la transferencia del manejo de la justicia ordinaria, hay agrupaciones judiciales y los gremios que están en contra de la medida. Por ejemplo el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, señaló que su sindicato está en «estado de alerta y movilización» ya que manifestó que «los salarios de los magistrados porteños son más bajos, el régimen jubilatorio no está garantizado por ley, se perjudica el acceso a los beneficios de la obra social y, desde la última modificación de ganancias, los trabajadores podrían quedar expuestos a su pago».
Por su parte, la Asociación de Magistrados rechazó la transferencia e indicó que «bajo ningún concepto puede variarse el status de un magistrado o funcionario nacional a partir de una ley y mucho menos de un convenio, que tiene menor jerarquía normativa». La entidad señaló en un comunicado que se corre «el riesgo que el nombramiento futuro de magistrados obedezca a razones políticas» y de «enjuiciar y expulsar a esos magistrados con la mayoría simple de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad».
«Esta estabilidad precaria conspira, sin dudas, contra el derecho de los habitantes de la ciudad a ser juzgados, acusados y defendidos por magistrados realmente independientes, resultando irreal que dicho traspaso pueda mejorar el servicio que a ellos se les presta, ya que seguirá siendo el mismo número de personas que en el mismo territorio atenderá idéntica cantidad de causas penales», argumentó la Asociación, y consideró que el «traspaso previsto atenta contra las garantías de autonomía e independencia consagradas en el Artículo 120 de la Constitución Nacional» de los funcionarios de esas dependencias.
Uno de los apoyos vino del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Su presidente, Enzo Pagani, dijo que el objetivo central del traspaso es que la Justicia porteña tenga herramientas concretas para garantizar «un servicio eficiente y próximo al vecino». En ese sentido, afirmó que se trabajará para lograr una Justicia «más cercana y mucho más acorde a las necesidades de los vecinos».
Desde la política se enmarca este traspaso en el reclamo de completa autonomía para la Ciudad, incluyendo los pedidos para el control del juego, la Policía y los puertos en el territorio porteño. Asimismo, se señala que se empieza a dar cumplimiento a una orden constitucional que data de más de 20 años y sigue sin estar completamente cumplimentada. Este es otro paso de un proceso que será largo hasta hacerse efectivo.
