Desde el 2001 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró el 12 de junio como Día Internacional contra el Trabajo Infantil. El objetivo de esta iniciativa es enfrentar este problema y dar a conocer e impulsar distintas iniciativas y propuestas para combatir este flagelo mediante la colaboración y participación de gobiernos, empresas, sindicatos y la sociedad civil. En la actualidad se calcula que alrededor de 168 millones de niños, de entre 5 y 14 años, son víctimas de trabajo infantil y más de 85 millones de ellos realizan tareas peligrosas. En países de bajos ingresos, el 20 y 30 por ciento de los menores abandonan la escuela para trabajar.
En Argentina está prohibido el trabajo infantil. La edad mínima establecida por ley para el trabajo y empleo adolescente es de 16 años, y la jornada laboral no puede ser mayor a las 6 horas diarias. Además, no puede tener lugar en el horario nocturno y, a su vez, debe adecuarse a la actividad educativa del joven y ser autorizada por los padres.
Para combatir las irregularidades y violaciones a las normas existen la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil, entidades regionales que promueven diferentes acciones para terminar con estas prácticas.
Institucionalmente también existen formas para denunciar el trabajo infantil, que se pueden efectuar al Ministerio del Trabajo por medio de mensajes SMS, una cuenta de Facebook, un número de teléfono o las oficinas existentes en todo el territorio. Tras las inspecciones en conjunto con el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), se analiza la situación en que se encuentra el afectado y las medidas que deban adoptarse para restituir los derechos del niño en el ámbito familiar.
Hasta junio de 2008 la edad mínima para trabajar era de 14 años, pero tras la sanción de la Ley 26.390 sobre Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, promulgada ese mismo mes, se elevó a 15 años y a partir del 15 de mayo de 2010 se incrementó hasta los 16 años.
Es la primera norma que prohibió en forma clara el trabajo infantil e introdujo modificaciones en la ley de Contrato de Trabajo 20.744, que contaba con ninguna especificación en el sentido de prohibirlo. Por otra parte, amplió la protección respecto del trabajo adolescente, sosteniéndose en el articulado de la Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que postula la Convención sobre los Derechos del Niño.
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