Tras la polémica generada por el cambio de posición de la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, sobre la confidencialidad del acuerdo entre YPF y la firma estadounidense Chevron, la petrolera argentina decidió apelar el fallo judicial que la obliga a difundir las denominadas cláusulas secretas del convenio.
El pedido de la justicia llegó de manos de la jueza María Cristina Carrión de Lorenzo, del juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, que dispuso la entrega del contrato celebrado entre ambas empresas.
Ante la decisión de la magistrada, YPF señaló a través de un comunicado que se niega a dar a conocer el convenio y fundamenta esta postura «en salvaguarda del interés público y el de sus accionistas», y precisó que la decisión se tomó tras ser analizada por parte de su nuevo Directorio. Cabe destacar que Carrión de Lorenzo había dado a YPF cinco días de plazo para entregar el contrato para la exploración y explotación del yacimiento de Vaca Muerta.
Además, la compañía argentina sostuvo que «la resolución del juzgado no tuvo en cuenta el pedido de audiencia que efectuó YPF y no estableció recaudos que impidan la divulgación a terceras partes ajenas al proceso (empresas competidoras y otros actores) de información con claro valor geológico, comercial, técnico e industrial». De acuerdo a lo manifestado por YPF, la falta de estos recaudos, previstos en el régimen de Acceso a la Información Pública, «coloca a YPF en una situación de desventaja competitiva con consecuencias adversas para el desarrollo de Loma Campana y futuros proyectos de la compañía». La apelación de la firma se basa en esa «falta de recaudos» para que ciertas cláusulas de carácter comercial se hagan públicas y perjudiquen la estrategia de negocios de la empresa ante futuros acuerdos similares de inversión.
Por otra parte, YPF señaló que tras la firma del acuerdo, Chevron «invirtió en el proyecto Loma Campana más de 2.500 millones de dólares provenientes del exterior y liquidados a través del Mercado Único y Libre de Cambios del país. Se perforaron más de 470 pozos y se crearon más de 5.000 puestos de trabajo directos en la provincia del Neuquén. Hoy Loma Campana es el segundo yacimiento más grande de la Argentina y el más grande en el mundo en petróleo no convencional fuera de Estados Unidos». Respecto de esa inversión se remarcó que la hace Chevron «totalmente a su costo y riesgo y solo se repaga con la producción generada por el proyecto» y que «está expuesta a los mismos riesgos geológicos y comerciales del proyecto que YPF y no existen garantías de precio o rentabilidad».
En lo que hace a las características del contrato, YPF explicó que el mismo cumple con «las normas medio ambientales vigentes en la República Argentina y que resultan de aplicación a cualquier otro operador, situación que es verificada y supervisada de modo continuo por las diferentes autoridades de aplicación con competencia en la materia».
Finalmente se señaló que no hubo adjudicación directa a Chevron sino que se «celebró un contrato de asociación para la explotación conjunta de hidrocarburos, lo cual es una modalidad habitual para cualquier compañía petrolera nacional e internacional».
Las cláusulas secretas
El primer intento por conocer las cláusulas secretas fue hecho por el entonces senador santafesino por el socialismo, Rubén Giustiniani, quien había presentado una demanda para que se diese a conocer el contenido del contrato ante las versiones de la existencia de cláusulas secretas.
En ese momento la respuesta de la empresa fue que el acuerdo fue firmado bajo el amparo de la Ley de Sociedades Comerciales y que la confidencialidad de sus términos tenía como objetivo resguardar información geológica, comercial y financiera, que son de valor estratégico para ambas empresas. La causa siguió su camino hasta la Corte Suprema, que resolvió que la petrolera estatal queda encuadrada en el decreto que reglamenta el acceso a la información pública. Por ese motivo, en febrero YPF debió entregar una copia del contrato a la Justicia pero lo acompañó de un escrito en el que se solicitaba que la jueza adoptase las medidas necesarias para que se preservara de la divulgación pública la información de carácter confidencial.
Tras conocerse la decisión de YPF de apelar el fallo judicial, Giustiniani, actual diputado nacional, sostuvo que el fallo de la Corte que obliga a YPF a revelar el contrato completo con Chevron «debe cumplirse». «No queremos que nos pase como a Brasil con Petrobrás (la empresa hermana de YPF) y que en 5 o 10 años nos encontremos con que las cosas no se hicieron bien o que hubo cosas oscuras», señaló el legislador y remarcó: «Queremos transparencia y que se cumpla el fallo de la Corte que hasta hoy está incumplido por estos artilugios jurídicos que quiere hacer YPF».
«Estamos hablando de los recursos más importantes que tiene Argentina, que son el gas y el petróleo, y que se les dio por 35 años a Chevron para que explote la segunda reserva de gas no convencional del mundo, y la cuarta más importante de petróleo del mundo», afirmó Giustiniani.
Idas y vueltas
Si bien en su momento Laura Alonso criticó la existencia de artículos secretos en el convenio entre ambas empresas, al asumir su cargo y analizar el contrato señaló que «las cláusulas de confidencialidad son habituales en contratos de petroleras. Me informé mejor sobre el contrato y por eso cambié de opinión».
Al justificar su cambio de postura, la titular de la OA argumentó que al leer los argumentos emitidos por la petrolera estatal le parecieron «muy profundos» y «que justifican la confidencialidad». «Es importante tener conciencia de qué compañía es YPF. Los contratos de petroleras tienen cláusulas de confidencialidad», afirmó, y precisó que «hay secretos de tipo científico y tecnológico que deben ser resguardados para el desarrollo de este tipo de industria».
Por otra parte, reconoció no haber contado con la información necesaria anteriormente y negó que haber modificado su opinión sea «bochornoso». «¿Por qué es bochornoso informarse, aceptar que hay una visión distinta y modificar una opinión?», subrayó.
La funcionaria expresó que «nunca antes había tenido oportunidad de charlar con personal jerárquico de YPF. Ellos me convocaron y también al senador (socialista Rubén) Giustiniani, que no accedió y fue a los Tribunales con todo su derecho». «Tiene que ver con la protección de secretos tecnológicos y científicos, porque Chevron ingresa con el 100% de riesgo petrolero», afirmó.
Tal vez de haberse explicado claramente desde un comienzo, nos hubiéramos evitado todo este sainete.
