Tras renunciar a su cargo en la Corte Suprema de la Nación a raíz de haber llegado a los 75 años, el jurista Eugenio Raúl Zaffaroni fue elegido como integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cubrir una de las cuatro vacantes que había en el cuerpo. La decisión fue tomada por Organización de Estados Americanos (OEA) durante la Asamblea del organismo realizada este martes en Washington.
Tras conocerse el nombramiento, la Cancillería manifestó que este hecho constituye «un gran honor para la República Argentina», ya que significa «un reconocimiento de la comunidad internacional al compromiso de nuestro país con las acciones que se llevan adelante en pos del respeto, promoción y protección de los derechos humanos». Además, remarcó la figura de Zaffaroni al destacar su «compromiso con la justicia y su acción por la defensa de las libertades individuales y la libertad de expresión». En ese sentido, la cartera a cargo de Héctor Timerman subrayó la «ecuanimidad y respeto a las instituciones; sus aportes doctrinarios de excelencia en la teoría y práctica del derecho penal internacional; y su profunda sensibilidad y experiencia en la lucha contra la discriminación».
La Cancillería señaló que un juez como Zaffaroni fomentará “una Corte Interamericana plenamente involucrada en la construcción de una región más justa, solidaria e inclusiva». Además, indicó que «la decisión del Gobierno Argentino de postular al doctor Zaffaroni fue tomada no solo por la relevancia que tiene la Corte Interamericana en la salvaguarda de los derechos humanos en la región, sino también por la larga y frondosa trayectoria del doctor Zaffaroni en los desarrollos legislativos, jurisprudenciales y políticas públicas en derechos humanos en la Argentina y América Latina». Los restantes cargos serán ocupados por Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Eduardo Vio Grossi (Chile) y Patricio Pazmiño (Ecuador).
Cabe destacar que en las últimas semanas la figura del exjuez de la Corte Suprema había sido cuestionada por la reaparición de un libro de su autoría en el que justificaba la doctrina y ciertos aspectos de la última dictadura militar. A raíz de ese texto la asociación civil Usina de Justicia y otras ONG habían impugnado ante la Asamblea de la OEA la candidatura de Zaffaroni como miembro de la CIDH.
Entre los argumentos para el cuestionamiento se mencionaba que Zaffaroni integró «una lista de 437 jueces que oficiaron de cómplices de la dictadura», elaborada por las Madres de Plaza de Mayo. «De pasado comprometedor, Zaffaroni juró por los estatutos de dos dictaduras, incluido el de la Junta Militar que ordenó ejecutar a miles de desaparecidos durante los años 70. Jamás firmó un hábeas corpus que hubiese permitido salvar una vida durante la dictadura militar».
Otros ejes de la crítica apuntaron a la defensa hecha por Zaffaroni del exjuez Axel López durante el jury que se le hizo por otorgar excarcelaciones a acusados de violaciones y crímenes contra mujeres, que fueron luego reincidentes. La asociación también recordó la denuncia contra el magistrado durante su labor en el máximo tribunal por alquilar sus departamentos «a una red de diez prostíbulos».
«El juez delegó la administración de sus alquileres en su pareja, Ricardo Montiveros, quien se declaró culpable de violar la ley de profilaxis sobre las casas de tolerancia y pagó una irrisoria multa, con lo cual logró regularizar la situación», expresó el documento de Usina. «La candidatura de Zaffaroni pone de manifiesto el interés del Gobierno de socavar el poder de la Corte Interamericana enviando candidatos leales que intentarán someter al organismo internacional a su voluntad, invalidando de este modo sus principios fundamentales», sostuvo la entidad.
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