A raíz de las denuncias recibidas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en forma individual y colectiva por parte de Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por la detención de la líder de la agrupación Tupac Amaru, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del organismo solicita explicaciones al Estado argentino por el encarcelamiento que Milagro Sala cumple efectivo desde enero pasado.
Recordemos que Milagro Sala fue detenida el 16 de enero al ser acusada de sedición e instigar a cometer delitos cuando realizó un acampe en la plaza principal de la capital jujeña. «Estos hechos se le imputan porque, según el acta del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, Sala dio indicaciones a otras personas para que ocuparan una plaza y otros lugares públicos mediante arengas, señalamientos, ademanes y gestos», detalla un comunicado del CELS. Sala fue excarcelada el 29 de enero pero, inmediatamente y durante la feria judicial, se privó su libertad por orden del juez y fue nuevamente a la cárcel en este caso por «defraudación al Estado, extorsión y asociación ilícita».
«Según las autoridades judiciales esta actividad de persuasión tuvo por objeto que un grupo de personas ocupe lugares públicos restringiendo la circulación de vehículos, lo que configuraría un delito. El segundo delito que se le imputa, el de sedición, acusa a Sala de haberse alzado públicamente junto con los demás acampantes contra la decisión del gobierno de la provincia de Jujuy de ejecutar el Plan de Regularización y transparencia de cooperativas. Según el acta, este diagnóstico surge de un informe del gobernador Gerardo Morales que afirma que hay personas que se niegan a aportar datos y, por lo tanto, obstaculizan la ejecución del Programa», detallaron desde el CELS.
Además y según el organismo, «por lo que se conoce hasta el momento y surge del acta, la detención es producto de una causa penal que está armada de un modo similar a muchas que han pretendido criminalizar la protesta. A Sala se le imputan vaguedades y se le suman delitos para justificar una pena en expectativa que habilite su detención. En este caso, vemos no solo la decisión de criminalizar la protesta haciendo una interpretación formalista del delito de corte de calle sino también una formulación general de la instigación al corte de una vía pública», que también tiene el agregado del «delito de sedición con una imputación peligrosa, vaga y arbitraria».
Al respecto de este hecho, desde el CELS ejemplifican con las pruebas que se indican que según «el razonamiento del juez Raúl Eduardo Gutiérrez cualquier liderazgo de una protesta social que se oponga a la implementación de una norma o de una resolución de gobierno podría implicar el delito de ‘alzarse públicamente para impedir la ejecución de una ley o resolución nacional o provincial’. El fiscal de Estado Mariano Miranda también sostuvo en declaraciones públicas que la detención tuvo que ver con que Sala ‘se alzara en contra de las decisiones gubernamentales’. Criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta conduce a una restricción de las libertades democráticas y a una aplicación ilegítima del derecho penal», concluye el comunicado del organismo.
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