Con la publicación de la Ley 27.181 en el Boletín Oficial, entró finalmente en vigencia la norma que obliga a que el Congreso apruebe por mayoría especial la venta de acciones de empresas que estén en manos del Estado.
Esta ley declara «de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado nacional que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de las participaciones accionarias o de capital de empresas donde el Estado nacional sea socio minoritario o donde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas posea tenencias accionarias o de capital».
Para poner en práctica esta custodia accionaria se prohíbe «su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos últimos, sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación». Además, ese permiso legislativo deberá ser otorgado con el voto de los dos tercios de los miembros de cada Cámara.
La norma también contempla la creación de un organismo encargado de tener el rol de control de esos paquetes accionarios. La Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) será un «organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado».
La dirección de la ANPEE será ejercida por un directorio que estará conformado por cinco personas y la titularidad será ejercida por el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Los restantes miembros serán el ministro de Economía, un funcionario a designar por el Poder Ejecutivo y dos representantes de la Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas a propuesta de los bloques parlamentarios.
Entre las empresas en las que el Estado tiene tenencia accionaria se encuentran el Grupo Clarín, Banco Francés, Alto Palermo, Metrogas, Siderar, Banco Macro, Pampa Energía, Grupo Galicia, Aluar, Edenor, Gas Natural Ban y Telecom, entre otras. Son las que están incluidas en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Son las acciones en poder de la ANSES en empresas privadas luego de la estatización de las AFJP en 2008. A fines de junio de 2015, el valor de las acciones en manos del Estado ascendía a 61.809 millones de pesos, correspondientes a las 46 empresas que integran el FSG. Este dinero representa el 11,6% del total de los recursos administrados por el FGS.
La sanción de la ley
Esta ley fue aprobada el 23 de septiembre por la Cámara de Diputados, tras obtener 127 votos a favor y 84 en contra, con cinco abstenciones.
La sanción fue respaldada por el Frente para la Victoria y los legisladores del Frente Cívico de Santiago del Estero, Partido Solidario Si y el Movimiento Popular Neuquino.
Durante el debate parlamentario Roberto Feletti, diputado del FpV, señaló que el objetivo de la ley es «proteger activos estatales otorgándole al Parlamento la facultad de decidir su venta», y agregó que «es un cambio conceptual», ya que «estas participaciones involucran una presencia del Estado muy fuerte en temas como energía, gas, transporte, industria, distribución de comercio y bancos».
Además, Felleti remarcó que «lo que hace este gobierno es fortalecer al Estado, dejarlo con menos deuda y con más activos, algo inverso a los procesos de endeudamiento» llevados adelante en la década del 90. «Esos activos fueron producto de la recuperación de los fondos de pensión que integran el Fondo de Garantía Sustentable de ANSES, plazos fijos, títulos públicos y acciones de empresas privadas», explicó el diputado.
Su colega de bancada, Héctor Recalde, resaltó que la ley busca «limitar las facultades del Poder Ejecutivo» de desprenderse de los activos para que la decisión quede en manos de «donde está la soberanía popular, que es el Congreso de la Nación».
Por su parte, Miguel Bazze (UCR) consideró que la ley «no incorpora ningún aporte para el mejor funcionamiento del Fondo de Garantía» de Sustentabilidad de la ANSES. «El Estado nacional no es propietario de las acciones a partir de la decisión que tomaron en su momento las AFJP, no de una decisión que tomó el Estado», sostuvo el radical.
Otro diputado opositor, Martín Lousteau (ECO), cuestionó la necesidad de obtener dos tercios de los votos para desprenderse de acciones en empresas donde el Estado es socio minoritario, y que se requiera una mayoría simple para empresas como Aerolíneas Argentinas.
En el mismo sentido se expresó el socialista santafesino Juan Carlos Zabalza, quien subrayó la contradicción de argumentar que algunas acciones no se pueden vender (las de menor importancia) mientras que «sí se lo permite para las que más pueden impactar en la economía nacional, como lo son las de YPF». «Lo que estamos hoy debatiendo es quiénes y de qué forma van a administrar las acciones de sociedades privadas que se encuentran tanto en poder del Estado como del Fondo de Garantía de Sustentabilidad», señaló Zabalza, cuyo bloque se opuso a la iniciativa.
Por otra parte, Zabalza rechazó que vender esas acciones implique una privatización como sostiene el gobierno. «En realidad lo que se intenta conformar con esta ley es una agencia estatal, en manos de la actual administración, para seguir manejando una cartera de más de 500.000 millones y que cuenta con información privilegiada sobre el manejo y desarrollo de la economía», sentenció.
Asimismo, Federico Sturzenegger (PRO) manifestó que «se va a votar el congelamiento de tenencias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES justo cuando por decisión de la Comisión Nacional de Valores esta semana perdieron 31 mil millones de pesos». Además, precisó que «se exige a quienes gestionan la cartera que ‘avisen’ si van a vender los activos. Eso impactará en el precio de venta y perjudica la gestión, todo lo contrario a lo que es la práctica cotidiana, acá y en todo el mundo».
Del lado del FIT, el diputado y candidato presidencial Nicolás del Caño señaló que «una vez más el Gobierno nos quiere hacer creer que está interesado en salvaguardar el interés popular, en este caso el de los jubilados, con la creación de esta ley». También criticó al kirchnerismo porque «rechaza el 82% móvil y argumenta que si lo diera se desfinanciaría el sistema previsional. Nosotros decimos que si se restituyen los aportes patronales y se eliminan las múltiples desgravaciones destinadas a la promoción de sectores empresarios se podría pagar el 82 por ciento móvil. Lejos estamos en esta Cámara de discutir lo que realmente le interesa a millones de jubilados que es el 82 por ciento móvil».
Finalmente, Del Caño declaró que «nosotros planteamos medidas de fondo y que no puede quedar este Fondo de Garantía y Sustentabilidad, así como el ANSES, en manos de los funcionarios políticos de turno que fueron los que vaciaron las cajas jubilatorias o de los que privatizaron las jubilaciones, sino en manos de los jubilados y los trabajadores», afirmó el diputado mendocino.
