Pasaron las elecciones legislativas y el Gobierno hizo su primera movida. En el primer día de la semana se anunció el proyecto de reforma laboral que se enviará al Congreso para ser debatido. El presidente Mauricio Macri adelantó las medidas tras el encuentro que mantuvo con gobernadores en el Centro Cultural Kirchner.
Allí el mandatario había convocado a un gran acuerdo nacional para crear empleo y reducir la pobreza. En ese marco sostuvo que hay que «avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder. Y no solo hablo de la política». Seguidamente, reiteró la necesidad de diálogo: «Tenemos que hacerlo en base a la confianza, hablando con la verdad, la buena fe, sin doble discurso, dejando de lado las etiquetas y discursos que impidan que ese diálogo fluya. No digo que sea fácil. El cambio cuesta, pero no hay excusas para no animarse. No hay más excusas. Es ahora o nunca», afirmó.
«Estafa» y «vergüenza»
El Jefe de Estado indicó que la finalidad principal de las reformas son la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Respecto a los cambios en el sistema tributario, remarcó que «necesitamos menos impuestos y todo esto lo debemos lograr con equilibrio fiscal». También se dirigió a los sindicatos y señaló que «necesitamos organizaciones sindicales fuertes, transparentes, que realmente tengan la vocación de representar a los trabajadores». Además, Macri afirmó que «no puede ser que haya más de 3.000 sindicatos en la Argentina y solo 600 firmen paritarias anualmente. La mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país».
Respecto al eje institucional, el Presidente exhortó a «construir un Estado que esté al servicio de los argentinos. Esto incluye reformas en la justicia y en el sistema electoral». Finalmente, Macri sostuvo que es una «estafa» y una «vergüenza» que existan «recovecos» en los tres poderes del Estado donde funcionarios han ubicado «amigos, parientes y militantes de sus agrupaciones».
Los puntos principales del proyecto
Blanqueo laboral: Se condonarán deudas a las empresas que blanqueen a su empleados. Si lo hacen dentro de los primeros 6 meses el perdón alcanzará a la totalidad de las deudas por capital, intereses, multas y punitorios del 100%. SI lo hacen después de esos seis meses y antes de un año el descuento será del 70 por ciento.
Indemnizaciones por despidos: para el cálculo de las indemnizaciones por despido no se tendrán en cuenta las horas extraordinarias, las comisiones, premios y/o bonificaciones, las compensaciones de gastos y todo rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual. El empleador «deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor».
Juicios laborales: los trabajadores tendrán un plazo de un año para iniciar acciones judiciales contra sus empleadores en lugar de los 2 años que rigen actualmente.
Fondo de cese laboral: se prevé la creación de un Fondo de Cese Laboral Sectorial, que costeará los montos correspondientes a las indemnizaciones por la cobertura en materia de pre aviso y despido sin causa. La forma de establecerlo la definirán las organizaciones empresarias y sindicales en los convenios colectivos. Se conformará con un aporte obligatorio mensual a cargo del empleador desde el inicio de la relación laboral. El mencionado aporte se establecerá sobre un porcentaje de la remuneración mensual que perciba el trabajador en concepto de salario básico convencional y adicionales.
Contribuciones patronales: el Gobierno busca disminuir gradualmente las contribuciones patronales. Abarcará a todas las empresas y será ajustable por la evolución de la inflación. Tendrá un esquema progresivo en base a un mínimo no imponible que se modificará anualmente y durante un lapso de 5 años, que se actualizará según el IPC y que está calculado sobre un salario bruto de $ 11.500 ($ 10.000 netos).
Trabajador independiente: es una nueva categoría laboral que agrupará a aquellos trabajadores que cuenten con la colaboración de hasta 4 trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento y podrá acogerse a un régimen especial unificado que contemple para estos últimos el aporte individual de una cuota mensual que comprende la totalidad de los aportes a la seguridad social.
Se establecen las siguientes licencias:
15 días corridos por nacimiento de un hijo.
10 días corridos por matrimonio.
3 días corridos por fallecimiento de cónyuge, hijo o padres.
1 día por fallecimiento de hermano.
2 días corridos con un máximo de 10 por año para rendir examen universitario.
30 días corridos por año, sin goce de haberes, por razones particulares planificadas.
Modalidades de trabajo: el empleador podrá introducir todos aquellos cambios y modalidades de la prestación del trabajo, siempre que no causen perjuicio material o moral al trabajador.
Banco de horas: se deberá abonar al trabajador que preste servicios horas suplementarias con un recargo del 50% calculado sobre el salario habitual si se trata de días comunes y de 100% cuando sea en domingos y feriados.
Contrato a tiempo parcial: aquellos que trabajen a tiempo parcial no podrán realizar horas suplementarias o extraordinarias y su tarea no podrá superar las 2/3 partes del horario semanal habitual de labor en la actividad. El sueldo no podrá ser menor al proporcional que le corresponda a un trabajador a tiempo completo establecida por ley o convenio colectivo.
Capacitación laboral y pasantías: se crea un sistema nacional de formación laboral continua y un instituto tripartito de formación laboral que brindará certificados de calificaciones laborales. También se implementará un sistema de prácticas formativas en ambientes de trabajo y producción de bienes y servicios, las que no redundarán en una relación laboral y se harán extensivos al sector público. La duración y carga horaria de las prácticas se fijarán en los convenios colectivos de actividad, con un máximo de hasta 12 meses y una carga horaria de hasta 30 horas semanales. Los practicantes recibirán una suma de dinero en carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo, que se determinará en referencia al salario básico neto del convenio colectivo aplicable a la empresa.
Seguro de desempleo ampliado: se crea con alcance nacional un seguro de desempleo ampliado para trabajadores desvinculados de empresas en transformación productiva, con el objeto de brindar apoyo a los trabajadores desocupados en la búsqueda activa de un nuevo empleo. Ese seguro incluirá prestaciones dinerarias y de apoyo a la inserción laboral.
Alerta gremial
El sindicalismo más duro, encarnado en las dos CTA, se declaró en estado de sesión permanente ante el anuncio de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Los secretarios generales de ambas centrales, Hugo Yasky y Pablo Micheli, se reunieron para coordinar un plan de acción conjunto. «La creación de la figura del trabajador económicamente independiente busca horadar la Ley de Contrato de Trabajo para que año a año haya cada vez menos trabajadores bajo convenio», señaló Yasky de la CTA de los Argentinos, y precisó que «la reforma es en contra de los trabajadores, no hay un solo artículo que no responda a la lógica empresarial».
Además, Yasky remarcó que «la ley se ha redactado en un cónclave empresario, ni siquiera está redactada por una persona que sepa de derecho laboral». El gremialista adelantó que mantendrán reuniones con los presidentes de los bloques legislativos y manifestó su esperanza en que aunque «el Gobierno piensa que todos tienen un precio», no se va a conseguir aprobar la propuesta oficialista porque «la Argentina no puede dar marcha atrás con los avances conseguidos desde el 45 e incluso antes con las propuestas del socialismo».
Igualmente, Yasky consideró que de sancionarse la reforma la misma «caería hecha pedazos en la Justicia» debido a los principios de no regresividad y progresividad contemplados en la Constitución Nacional e incluso en el convenio internacional con fuerza de ley desde la reforma de 1994.
Por su parte, la principal central obrera, la CGT, que sí se reunió con el ministro de Trabajo Jorge Triaca previamente a los anuncios, tomaron contacto con el borrador del proyecto y señalaron que contenía puntos no debatidos con el titular de la cartera laboral. En especial cuestionaron un artículo que «modifica la definición de trabajo» al provocar una modificación en su concepto transformándolo en una «relación de cooperación» para impulsar la actividad productiva y «esa definición no la compartimos porque acá no hay una relación entre iguales», declaró Juan Carlos Schmid.
Otro de los integrantes del trío que dirige la central, Héctor Daer, manifestó que «recibimos con sorpresa mayúscula que pretendan cambiar la filosofía del derecho del trabajo de nuestro país pretendiendo pasar de un derecho tutelar a un derecho de iguales. Eso es innegociable».
Las cartas están echadas, ahora es tiempo de debate parlamentario y negociaciones. El futuro laboral de los argentinos está en juego.
