A nada de tiempo de unas nuevas elecciones presidenciales, un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un dictamen favorable para debatir un proyecto de ley que establece la imposibilidad de que condenados por delitos de corrupción puedan ser candidatos en elecciones.
La norma, denominada «Ficha Limpia», no estará vigente para el actual proceso electoral en caso de ser sancionada. A futuro, los condenados en segunda instancia no podrán ser candidatos o precandidatos cuando se hayan cometido delitos de cohecho (coima), tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o negociaciones incompatibles con el ejercicio de cargos públicos.
También incluye a quienes sean condenados por fraude en perjuicio de la administración pública, traición y delitos contra la paz y dignidad de la Nación, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, exacciones ilegales y encubrimiento. Para eso se incorporará un inciso al Artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298). En la actualidad, leyes similares rigen en Brasil, Chile, Uruguay, México, Perú, Honduras y España, entre otros países.
La principal crítica opositora a la iniciativa del oficialismo se centró en el momento elegido para la discusión, en plena campaña electoral, y también se pidió que se amplíen los delitos que impedirían las candidaturas, lo cual podrá ser discutido en el recinto.
En el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Pablo Tonelli (PRO); y de Justicia, a cargo de Diego Mestre (UCR); se aprobaron tres dictámenes que apoyaban el proyecto pero con leves diferencias entre sí: uno de Cambiemos con 32 firmas, otro del kirchnerismo y el Frente Renovador y un tercero, respaldado por el peronismo. Pablo Kosiner (Bloque Justicialista, Salta) firmó dictamen que propone incorporar los delitos de lavado de dinero y contra el orden constitucional, mientras que María Emilia Soria sugirió incorporar a los impedimentos los delitos previstos en el Código Aduanero, los delitos contra el orden económico y financiero y los mencionados en el Régimen Penal Tributario. También reclamó que los tenedores de dinero en sociedades offshore tampoco puedan ser candidatos.
Uno de los puntos principales de desacuerdo era sobre qué sentencia deja fuera de competencia a un candidato, es decir, si se acepta el fallo de primera instancia o si hay que esperar a la segunda, o inclusive a un fallo en firme. Finalmente se acordó que será necesario un fallo de segunda instancia que condene al acusado. El texto precisa que la prohibición «se extenderá desde que exista sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente».
Necesidad u oportunismo
Mestre manifestó durante el debate que la iniciativa responde a «un reclamo de la sociedad, que entiende que quien ha recibido condenas por casos de corrupción no puede ser candidato en una elección». La correligionaria de Mestre, Brenda Austin, manifestó que «los delitos de corrupción son una afrenta contra la Constitución y los Derechos Humanos». «Pregúntense lo que piensan las víctimas de la tragedia de Once o de las inundaciones de La Plata. Por eso las personas condenadas por corrupción no pueden ser candidatos», agregó.
Por su parte, la diputada PRO Silvia Lospennato sostuvo que el proyecto «apunta a cuidar el principio de interés general» y que apunta a «resolver una deuda que existe desde la reforma constitucional de 1994». Su par de Consenso Federal, Graciela Camaño, indicó que respaldará el proyecto, aunque consideró una «hipocresía política» que el oficialismo «pretenda instalar el debate del proyecto a cinco días de las PASO». «He visto muchas cosas en esta Cámara, pero lo que nunca imaginé fue un cierre de campaña todos juntos», señaló Camaño, y añadió que «la sociedad debe saber que ninguno de los candidatos para esta elección va a ser excluido. Esto es una ficción, es una hipocresía en su máxima expresión».
Desde el kirchnerismo, Cristina Álvarez Rodríguez remarcó que «no se debate ficha limpia sí o ficha limpia no, sino que la única discusión es que Cambiemos está utilizando este ámbito para hacer el cierre de campaña política». Su compañera de bancada, María Emilia Soria, alertó que «este proyecto le baja considerablemente el precio a una de las garantías fundamentales del Estado de Derecho, que es el principio de inocencia, donde no hay grises: se lo respeta o se lo viola». «Estoy convencida de que esto va a terminar en la Corte», adelantó.
Kosiner, en tanto, subrayó que «es muy difícil explicarle a la sociedad que hoy el Congreso esté tratando este proyecto y no los que están vinculados a la agenda económica y social de la Argentina. Los salarios, las tarifas, las pymes, las economías regionales, las áreas de frontera, la industria y el crecimiento de la Argentina son temas que no pueden esperar».
