Líderes sociales en la mira

Mientras el mundo se encuentra en confinamiento y sobrellevando la pandemia del coronavirus, en Colombia no cesa la violencia y ataca sin piedad a líderes sociales. Quizás la cortina de humo por el COVID-19 sea perfecta para desviar la atención en la estrategia de asesinato sistemático que devora almas en los departamentos más pobres de Colombia.

Este martes el Municipio de San Pablo, en el departamento de Bolívar, se despertó con una líder menos y su pareja desaparecido. Hombres armados irrumpieron en la casa de Isabel Salinas, dedicada a la defensa de los derechos de la mujer en el contexto del conflicto armado en Colombia, y la obligaron a salir y caminar unos metros antes de someterla a tiros, según contó a la prensa Gloria Amparo Suárez, abogada de la Organización Femenina Popular (OFP), a la que pertenecía Isabel.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este martes que en los tres meses que van de este año fueron asesinados más de veinte líderes sociales en Colombia. «Desde el mes de enero de 2020 a la fecha, al menos 24 personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, comunales, indígenas o afrodescendientes fueron asesinadas en diversos departamentos del país (…) La Comisión observa con preocupación que estos asesinatos se han presentado con mayor frecuencia en los departamentos de Cauca, Huila, Antioquia y Putumayo”.

La firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el Gobierno y las FARC significó para Colombia una esperanza para la paz sostenida en el territorio. Sn embargo, hoy sufre una nueva ola de violencia, sobre todo, por la pugna entre grupos paramilitares que en ausencia de las FARC luchan por apoderarse del territorio y los negocios de narcotráfico y extorsión, así como también el poder político en el país.

Según Naciones Unidas, desde la firma del acuerdo de paz fueron asesinados al menos 303 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos y 173 exguerrilleros de las FARC, si bien las ONG alertan que las cifras serían mucho mayores. En 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó 108 casos de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 15 mujeres y dos integrantes de la población LGBTIQ.

El representante de la Alta Comisionada en Colombia, Alberto Brunori, quien presentó el informe anual de derechos humanos sobre el país, se enfrentó a duras críticas por parte del gobierno e, incluso, se pidió su destitución del cargo. Según el documento entregado por Brunoni, el informe evaluó la situación de derechos humanos en Colombia entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019, periodo durante el que realizó 1.151 misiones al terreno y realizó seguimiento de 250 casos de presuntas violaciones de derechos humanos.

Además, ACNUDH denunció un incremento en la utilización de niñas y niños por grupos criminales y otros grupos violentos, así como su reclutamiento forzado en distintos departamentos del país.