Sobreprecios, adjudicaciones preparadas y pagos por obras no realizadas son algunos de los tópicos que suelen ser asociados a la ejecución de obra pública por parte de los gobiernos. Y para administraciones como la del kirchnerismo, que hizo de la obra pública uno de sus ejes, estos cruces no podían quedar ajenos.
En medio de la disputa entre el macrismo y la oposición por el proyecto del Ejecutivo de establecer una nueva modalidad para la contratación de empresas para la realización de la obra público privada, el bloque de diputados del Frente para la Victoria presentó una iniciativa para crear una Comisión Bicameral para que audite todas las licitaciones de obra pública ejecutadas con fondos del Gobierno Nacional desde 2003 hasta la fecha.
El proyecto, firmado entre otros diputados por Adrián Grana, Darío Martínez, Liliana Mazure, Guillermo Carmona, Carlos Kunkel y Carlos Castagnetto establece la creación de la Comisión Bicameral Permanente de Auditoría y Seguimiento de la Obra Pública que estaría integrada, de tener resolución positiva, por diez diputados y diez senadores, respetando la proporción política aunque el titular de la Comisión será nombrado a propuesta del bloque opositor mayoritario, es decir, el FpV-PJ.
Objetivos de la propuesta
Adrián Grana remarcó que el proyecto es para que «exista una comisión bicameral, plural y democrática que revise, evalúe y se expida sobre todas las contrataciones públicas centralizadas y descentralizadas por el Estado nacional, y cuyo trabajo no esté sesgado ni dirigido al análisis de un determinado gobierno, sino que investigue también lo que hace el actual y lo que harán los futuros». Los legisladores kirchneristas afirman que las investigaciones por irregularidades en la obra pública forma parte de «una campaña mediática» y una «persecución judicial» contra los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para asociarlos a hechos de corrupción.
Al presentar el proyecto, el diputado incorporó un pormenorizado informe sobre la obra pública de la gestión kirchnerista «para despejar un poco esas dudas que siembran el Gobierno, el partido judicial y el partido mediático». Entre otros datos, mencionó que el monto destinado a obra pública durante el kirchnerismo trepó a 107.825 millones de dólares, mientras que en los doce años anteriores solo había contabilizado 18.711 millones de la misma moneda. Además, detalló la participación de las empresas en las obras, que en 2003 fueron 12 mil y se duplicaron para 2015. Asimismo, informó que sobre una inversión de 596 mil millones de dólares ejecutados desde 2003, el 56% correspondió al Estado nacional, mientras que el 44% restante se manejó en forma descentralizada por provincias y municipios.
Las cifras
El documento incluye un gráfico con las empresas que mayor participación tuvieron en la obras públicas, por monto de las mismas. Los primeros lugares los ocupan Techint, de Paolo Rocca, que realizó trabajos por un total de 16.420 millones de pesos, un 4,9% de lo invertido directamente por el Estado; Electroingeniería con 15.494 millones (4,61%); y muy cerca Iecsa, de Ángelo Calcaterra, con 14.050 millones (4,18%). Recién en el puesto 38° aparece la firma de Lázaro Báez, Austral Construcciones, con 1.019 millones (0,30%).
«Queremos que se investigue a fondo, y sin arbitrariedades ni cálculos políticos, si existió corrupción en la obra pública durante los doce años y medio de nuestro gobierno. Que se investigue en serio y que se identifiquen con claridad, si los hubiera, a los supuestos protagonistas públicos y privados de los hechos de corrupción que se denuncian», sostuvo Grana.
El articulado del proyecto determina las tareas y facultades de la Comisión. La principal tarea será elaborar un «informe técnico anual» que incluya todos los planes ejecutados con fondos estatales, ya sea del Ejecutivo nacional, provinciales o municipales y de organismos descentralizados, desde el 25 de mayo de 2003 al 31 de diciembre de 2016. «Debe incluir, como mínimo, la descripción del proceso de selección del contratista y los participantes del mismo, la fecha de contratación, el nombre del contratista, el objeto de la obra, el monto, la forma y fecha/s de pago», se precisa en el texto.
El informe a presentar por el grupo de trabajo debe «determinar si se han detectado irregularidades en el proceso de contratación y contener un análisis comparativo de los precios en la época de la contratación a fin de determinar la razonabilidad de los mismos o la existencia de sobreprecios». Con el fin de elaborar el documento los legisladores podrán solicitar información y datos a cualquier organismo gubernamental o al Poder Judicial, como así también podrá recibir «denuncias escritas u orales» o «material probatorio sobre los hechos de investigaciones» en curso.
También estarán habilitados para llamar a declarar a funcionarios del área de contrataciones y a empresarios que hayan sido adjudicados o no, realizar inspecciones oculares y hasta ordenar pericias técnicas. Por otra parte, podrán requerir de colaboración a entidades profesionales, especialistas, instituciones y universidades y deberán denunciar ante la Justicia cualquier «ocultamiento, sustracción o destrucción» de elementos probatorios necesarios para la Comisión.
«Oscuros intereses»
Desde que se conforme la comisión los integrantes de la misma tendrán un plazo de 18 meses, prorrogable por 6 meses más, para elaborar y entregar el informe. Cabe destacar que los bloques legislativos que no la integren tendrán la potestad de designar a dos observadores que participen de las actividades.
«Es necesario esclarecer absolutamente lo que ocurrió y ocurre en todo el país, en todas las administraciones y con todos los contratistas. Queremos conocer el origen del dinero que aparece en un convento y también el que aparece en cuentas y sociedades offshore armadas por miembros de la patria contratista y sus familiares», señaló Grana, y señaló que «donde el macrismo, algunos medios o algunos jueces quieren sembrar dudas, nosotros queremos que exista claridad. Ellos quieren desprestigiar la política, vaciar la democracia».
Precisamente, en los fundamentos de la iniciativa se menciona que su justificación se debe a las «reiteradas denuncias, efectuadas fundamentalmente ante los medios masivos de comunicación, que dan cuenta de supuestas graves irregularidades y sobreprecios en los procesos de contratación de obra pública». «Tales denuncias lejos de echar luz sobre una temática tan relevante, generan un clima de sospecha generalizada que, desde nuestra óptica, deteriora severamente a la actividad política y daña la confianza en el sistema democrático», agrega el texto.
En consecuencia, los legisladores consideran que «el estudio sistemático y pormenorizado de la totalidad de la obra pública ejecutada con fondos del Estado nacional posibilitará clarificar acerca de la existencia o no de una matriz de irregularidades en las contrataciones así como de eventuales sobreprecios».
Además, expresaron dudas acerca de la adjudicación del varias veces anunciado soterramiento del tren Sarmiento y pidieron «no enfocarse exclusivamente en las conductas de funcionarios públicos solo de nivel nacional y de una sola tonalidad política».
De esta forma, «resulta claro que pretender involucrar en una matriz con corrupción generalizada solo a ciertos funcionarios del nivel nacional del Estado identificados con un proyecto político determinado, resulta poco menos que absurdo. La prédica constante y reiterada de ciertos multimedios de comunicación en tal sentido, en muchos casos con un tono que tiende a exacerbar la violencia, generar odio y estigmatizar tanto a la militancia como a la actividad política, no parece estar guiada por la sana crítica, sino todo lo contrario, parece estar teñida de oscuros intereses corporativos», concluyeron.
La respuesta presidencial
Tras conocerse la presentación de los diputados del FpV, el presidente Mauricio Macri señaló que las obras públicas «van a volver a ser sinónimo de esperanza y no de corrupción», y señaló que hay que evitar que se generen recursos para ser destinados a «gasto corriente» y «clientelismo».
Durante un acto en San Juan, el Jefe de Estado elogió a Chile, ya que «hace décadas que viene sistemáticamente creciendo» y subrayó que se generará trabajo en Argentina «con obras que van a volver a ser sinónimo de esperanza y no de corrupción, sinónimo de futuro, que tienen que empezar y finalizar en los plazos establecidos». Durante su visita a la provincia cuyana se puso en marcha el proceso licitatorio para la construcción del Túnel de Agua Negra que unirá la provincia de San Juan con el puerto chileno de la ciudad de Coquimbo, Chile.
En compañía del mandatario provincial, Sergio Uñac, el presidente afirmó que «hay que seguir invirtiendo en lo que se genere. Por ejemplo, lo que traiga la minería tiene que ir a la inversión, a seguir ampliando otras producciones porque sabemos que la minería tiene un ciclo, si no se aprovecha todo va a gasto corriente, todo va a clientelismo y eso no genera futuro».
Además, Macri llamó a «trabajar en conjunto, independientemente del partido al que pertenezcamos, de dónde vengamos, de nuestras historias» y dijo que hay que «demoler prejuicios». «Tenemos muchas más coincidencias de las que creemos, sentimos que llegó la hora de emprender un camino de crecimiento, el mismo camino de crecimiento que emprendió Chile», afirmó.
