A casi 4 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que pretendía ampliar el horizonte de la expresión, nos encontramos ante una nueva etapa en el desarrollo de los medios y la defensa de la libre expresión.
El actual período está marcado por una gran polarización del relato, lo cual generó voces descontentas entre sus defensores e impulsó el reclamo de otras nunca escuchadas. Esto revela una nueva forma de concentración mediática. Los resultados de la “aplicación” están a la vista: el 94% de los medios creados son estatales, sumados a algunos privados (los más competitivos), que surgen al margen de la ley. A su vez, la reforma judicial del oficialismo y la posible estatización de Papel Prensa ponen de manifiesto los renovados intentos fallidos por destrabar el aún resistido artículo 161, que establece la desinversión de licencias, con medidas alternativas a la ley en cuestión.
Los intereses que la impulsaron
En su libro «La palabra liberada», Cristian Henkel, licenciado en Comunicación Social y expresidente de la FUBA, plantea una nueva interpretación del desarrollo de la Ley de Medios. Analizamos esta mirada tratada en el libro, a la luz de los hechos y las cifras que marcan esta nueva fase.
Resulta curioso que, en la actualidad, los principales obstáculos que encuentra su cumplimiento no tienen otro origen sino en las propias acciones que el gobierno realizó años atrás. En el 2008 el gobierno enfrentó los coletazos de una profunda crisis económica mundial que aún no tiene fecha de vencimiento. En entrevista con .cero, Henkel explicó que frente a eso se ve la necesidad de recurrir a nuevas «cajas» que permitan financiar al Estado. Esto lo llevó a la crisis con el campo por la resolución 125, que aumentaba las retenciones a la soja.
El Grupo Clarín, desde la llegada del kirchnerismo al poder en 2003 hasta este episodio, mantenía una buena relación con el gobierno. Martín Becerra, en su momento un defensor acérrimo de la ley, confesó en una nota periodística que «Kirchner no promovió cambios en la regulación de los medios. Al contrario, arbitró su salvataje económico y potenció la estructura del sector desde 1989: concentración, lógica comercial, veda de acceso a licencias audiovisuales para actores sin fines de lucro”.
Pero cuando irrumpió el conflicto con el agro, Clarín tomó partido por este sector, que constituía uno de sus principales inversores y representaba una opción ideológica.
De esta manera, el gobierno «decide tratar de avanzar sobre los principales multimedios del país, que él mismo ayudó a crear. Quien más favoreció a Clarín en este último tiempo fue justamente el gobierno de Kirchner, que permite la fusión entre Cablevisión y Multicanal, dándole el carácter monopólico al cable; y al mismo tiempo es el que le prorroga por 15 años las licencias en el 2005», comentó el autor del libro. Son justamente estas acciones las que frenan su aplicación en la actualidad, ya que el derecho adquirido no puede ser modificado por la Justicia.
La democratización de la palabra
Si bien la ley recoge una lucha preexistente de organizaciones sociales y medios alternativos que buscaban una distribución de las licencias para poder expresar sus voces, Henkel objeta que ellas no tuvieron una participación efectiva: «Las primeras movilizaciones que aparecen por la ley son posteriores a que el gobierno decida colocar este tema en la agenda». Es decir, no fueron los ideólogos políticos de la normativa.
Para hacer un poco de historia, “la ley que se sanciona bajo el gobierno militar plantea que nadie podía tener más de 4 licencias, y que un empresario de prensa gráfica no podía tener acceso a ningún tipo de licencia de otro medio”, aseguró el expresidente de la FUBA. Lo paradójico es que fueron los gobiernos democráticos los que ampliaron los beneficios para el sector privado de medios, otorgándole el permiso necesario para extender las fronteras de su negocio.
Henkel continuó: “La nueva ley contempla la posibilidad de tener hasta 10 licencias, y 24 de cable a nivel nacional. Entonces, lo que tenemos acá es una batalla que representa un enfrentamiento de distintas políticas entre dos sectores que no están buscando democratizar la palabra sino quedarse para sí una mayor cantidad de medios para difundir una determinada visión de las cosas”.
¿Qué sucede hoy con la ley?
Según estadísticas del propio ente regulatorio, la Autoridad Federal de Aplicación (AFSCA) permitió 1.256 servicios de radio, TV y cable con base en el nuevo marco regulatorio, de los cuales el 94% es estatal. El 6% restante pertenece a cooperativas de cable que funcionan donde a Cablevisión no le conviene dadas las condiciones de mercado, canales de pueblos originarios y algunas fundaciones vinculadas a funcionarios del gobierno. La gran mayoría fue otorgada por adjudicación directa (decisión del AFSCA) y el único concurso público fue dejado sin efecto en 2012 por falta de interesados. Así, se incumple el 33% del mercado destinado a las organizaciones populares y su reclamo sigue en la dulce espera.
Luego, ha surgido una gran cantidad de medios al margen de la ley. Es el caso del grupo C5N, hoy en manos de Cristóbal López; CN23, de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel; y 360TV, de Electroingeniería, entre otros. Todos ellos alcanzan, además, al 82% de la población, mientras la ley limita el alcance de los privados solo al 35%. Ocupan, al mismo tiempo, los lugares preferenciales de la grilla mientras el AFSCA demora la definición de sus planes de desinversión en flagrante infracción por la cantidad de licencias.
Esto, dice Cristian Henkel, se explica porque en nuestro país no existe un mercado para el desarrollo de los medios según la nueva normativa. «Que (el gobierno) no haya colocado el financiamiento de estos sectores (organizaciones sociales) explícitamente en la ley es la demostración de esas intenciones que hay por detrás. En definitiva, el financiamiento va a tener que venir o del sector privado o del propio Estado, con todos los condicionamientos que eso genera. El asunto ahí está en quién financia eso, y sobre esa base qué exigencia pone». Tampoco existen empresas privadas con el capital suficiente para desplegar este tipo de inversión (según las pautas de la ley), de modo que se trata de un negocio solo apto para grupos concentrados, ya sea el Estado o privados, sectores que deben acaparar teóricamente el 66% según la normativa, pero que en los hechos se convierte en casi su totalidad.
A su vez, esta cuestión va acompañada de una impronta gubernamental más marcada sobre los contenidos estatales, recreando una privatización de lo público, y estatizando (en un sentido gubernamental) el contenido privado, a través del condicionamiento (o beneficio) en la entrega de la pauta oficial. Becerra, un teórico que fue parte de la elaboración del corpus normativo, sostiene que «el gobierno acentuó el carácter proselitista de las emisoras estatales que, según la misma, deben ser plurales, aunque potenció señales de carácter cultural y educativo. También incrementó el monto y la discrecionalidad de la publicidad oficial». Es decir, en los hechos el Estado financia a quien sostiene una postura afín, y tiene la palabra quien consigue ese financiamiento.
Esto se ratifica en la práctica. Estos medios surgidos por fuera de la ley (léase C5N y CN23) tienen una tendencia marcadamente oficialista, y son los que reciben una mayor porción de la torta publicitaria del gobierno. En cambio, los medios alternativos, despojados de este tipo de sustento, no encuentran aún una solución posible. La Garganta Poderosa, un colectivo de prensa villero que apoyó la Ley de Medios, escribió hace poco una carta a la Presidente en la que reclama: «Manzano y Cristóbal López nos asustan tanto como esos socios vitalicios de la represión. Y no se instala la cuestión de clase, ni la cuestión de origen, porque no hay ni un solo panelista villero, ni un solo columnista aborigen. Queremos al pueblo conduciendo su propia línea editorial».
La estrategia oficial, una medida de excepción
En este marco se inscriben las nuevas iniciativas del gobierno. A saber, la reforma judicial, el intento de estatización de Papel Prensa y la posible intervención de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en Clarín. La primera, permite saltear con el límite a las cautelares la maniobra judicial del Grupo Clarín en contra de la desinversión. La segunda, que se encuentra en debate en el Congreso, regularía a «piacere» la distribución del papel de diario. Y la última, se da en el contexto de la ley de mercados de capitales votada a fines del año pasado, cuyo artículo 20, habilita a la CNV a intervenir en aquellas empresas en las que juzgue que ha sido perjudicado algún accionista minoritario. Esto podría debilitar a Clarín al iniciar un desmembramiento con la designación por el Estado de un interventor. Todo, en un año electoral y en medio de una crisis económica mundial que sigue su curso iniciado en el 2008. Allí radica la excepcionalidad de la medida.
Henkel concluyó que “esto tiene que ver con la maniobra de grupos privados o estatales que no son democráticos. El gobierno no ha podido imponer los artículos esenciales, y eso ha llevado a que se intente reformar la justicia y estos nuevos planteos, que no son sino la expresión de una crisis política muy profunda, que pone de manifiesto la debilidad del gobierno».
El surgimiento de una nueva voz
El autor del libro “La palabra liberada” añadió un dato que no considera menor. El viernes 7 de junio, en el marco del Día del Periodista, una nutrida cantidad de trabajadores de prensa de medios gráficos ha realizado el primer paro en el gremio en un largo tiempo, a raíz de las paritarias del sector. Los trabajadores no solo están reclamando por su salario, sino que también piden que sea escuchada su voz independiente del Gobierno y Clarín. Es necesario aclarar que la Ley de Medios no contempla la defensa de la libertad de conciencia de los trabajadores de prensa.»Esto es un antes y un después en el debate del rol que van a cumplir los medios en una sociedad. Estamos en las vísperas de un proceso real de democratización», aseguró Henkel.
¿En qué consistiría una democratización real de los medios según esta posición? La posibilidad de la democratización, sostuvo, es que todas las expresiones de una sociedad tengan acceso a los medios de comunicación. «La posibilidad de que eso se exprese es lo que va a demostrar si una ley es democrática o no es democrática. Eso no está sucediendo y hace más de 3 años que esa ley está reglamentada».
Nota elaborada especialmente para .cero por Damián Mugnolo.
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