Como se preveía, el juez Claudio Bonadío dictó el procesamiento de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y elevará el pedido de desafuero de la senadora nacional por Unidad Ciudadana. También procesó a más de 40 funcionarios y empresarios en el marco de la causa en la que se investiga una supuesta maquinaria destinada al enriquecimiento ilícito mediante el cobro de coimas en la realización de obras mediante cartelización y adjudicación irregular de obra pública durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner.
El magistrado considera que la exmandataria fue la jefa de una asociación ilícita y le trabó un embargo por 4 mil millones de pesos. Ahora la Cámara Federal de Apelaciones debe revisar la decisión para que se pueda hacer efectiva la prisión preventiva. Entre los funcionarios y empresarios procesados se encuentran el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y sus secretarios Roberto Baratta y José López, Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Gerardo Ferrerya, Luis Betnaza, Carlos Wagner, Enrique Pescarmona y Néstor Otero.
Prisión preventiva
Bonadío argumentó que la investigación demostró que se implementó un aparato complejo desde el Estado. Además, indicó que hubo «una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, actuó entre los años 2003 y 2015».
Al justificar la necesidad del desafuero y de la prisión preventiva, Bonadío señaló que «atento a sus vínculos, siendo senadora nacional, de continuar en libertad podrían entorpecer la acción judicial, tanto en el descubrimiento de la verdad, en el recupero del producto del delito y la posibilidad de que se cumpla una sentencia condenatoria». «Resulta demostrativo de este peligro procesal, las carpetas con anotaciones y registros sobre distintas personas físicas y jurídicas, que fueron secuestradas en el marco del allanamiento efectuado en la residencia de la imputada en la ciudad de El Calafate», agregó el juez en su pedido.
Respecto de los empresarios, el juez sostuvo que «todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados».
Cabe aclarar que los empresarios «arrepentidos» que declararon en la causa quedarán en libertad mientras se tramita el proceso debido a su auto incriminación y la delación de otros involucrados en la maniobra.
No habrá desafuero
Luego de conocerse el fallo de Bonadío, el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, afirmó que no se dará curso al pedido ya que para proceder con «el desafuero» de un integrante de la Cámara Alta «debe realizarse un juicio oral con sentencia firme». «Entendemos que debe realizarse el juicio oral con sentencia firme para proceder con el desafuero», remarcó Pichetto, y aclaró que «es una etapa preliminar de instrucción de la investigación» lo que se está haciendo, por lo que «la detención es excepcionalísima».
«Es imposible producir el desafuero. Debe producirse el juicio oral y debe haber sentencia firme», afirmó el senador, y mencionó que «la propia expresidenta va a ser sometida a juicio oral en varios casos y tiene derecho a defenderse». Finalmente, Pichetto manifestó que «si va a haber sentencia, que tiene una instancia de recurrirla en Casación. Allí terminaría el proceso si no procediera el recurso extraordinario ante la Corte».
