Javier Milei, en esta ocasión, apunta su «motosierra» hacia la política migratoria y saca un decreto que modifica de forma drástica el régimen vigente.
Nos despertamos en Buenos Aires, este 14 de mayo con una medida que marca un giro profundo en la política migratoria del país. La Oficina del Presidente Javier Milei emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica sustancialmente las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios para personas extranjeras en Argentina.
Según el comunicado oficial, esta reforma responde a una supuesta necesidad de «recuperar el orden migratorio» y proteger los recursos del Estado, especialmente en salud y educación. La medida busca también restringir el acceso a la residencia y la ciudadanía para personas migrantes, endureciendo los requisitos y eliminando lo que el gobierno considera «beneficios excesivos».
Entre los puntos más relevantes del decreto se destacan la prohibición de ingreso al país para cualquier extranjero con antecedentes penales y expulsión inmediata para quienes hayan cometido delitos, sin importar su estatus migratorio; pago obligatorio de servicios médicos públicos para residentes temporarios, transitorios e irregulares, así como la exigencia de un seguro médico al momento de ingresar al país; autorización a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no permanentes; restricciones para la obtención de la Carta de Ciudadanía, que solo se otorgará a personas que residan al menos dos años continuos en Argentina o hayan realizado una inversión significativa, siempre y cuando no tengan antecedentes penales; mantenimiento de la educación primaria y secundaria gratuita solo para residentes permanentes.
El comunicado afirma que en los últimos 20 años ingresaron «1.700.000 extranjeros de forma irregular» y que los nuevos controles buscan revertir un «sistema desvirtuado por la complicidad de políticos populistas». También denuncia el «uso y abuso de recursos» por parte de personas extranjeras, aludiendo a lo que llama «tours sanitarios».
Desde el Gobierno Nacional aseguran que estas medidas buscan priorizar a los ciudadanos argentinos, reducir el gasto público y «proteger el dinero de los contribuyentes». La narrativa oficial se basa en la idea de que quienes deseen vivir en Argentina deben «respetar la ley y contribuir al país».
El decreto ya comenzó a circular ampliamente en redes sociales, donde generó fuertes reacciones y preocupación en organizaciones de derechos humanos y colectivos migrantes. Además, se espera que en los próximos días haya pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales.
La urgencia de difundir esta información es clave. Las modificaciones anunciadas impactan de manera directa a miles de personas en situación de movilidad, muchas de las cuales ya se encuentran radicadas en Argentina o están en proceso de regularización.
Prolífica. Insobornable ante la adversidad. Campesina colombiana de nacimiento y citadina por elección. En proceso de formación periodística y humana. Siempre apoyando las luchas justas. Partir de cero implica arriesgarse, decidir, seguir, avanzar y saber que se puede más.
